La participación de Juliana Guerrero en la Asamblea Nacional de Juventudes, organizada por el Ministerio de la Igualdad, que se llevó a cabo en Barranquilla, Atlántico, reavivó la controversia en torno a su figura, marcada por cuestionamientos sobre la autenticidad de sus títulos universitarios y su fallida designación como viceministra de juventudes.
Este evento, liderado por el titular de la cartera, Juan Carlos Florián, no solo reunió a consejeros de juventud del Pacto Histórico, sino que evidenció el rechazo de sectores políticos y de algunos funcionarios del propio ministerio.
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En la asamblea, que se extenderá hasta el 21 de diciembre de 2025, Guerrero fue vista departiendo y fotografiándose con representantes juveniles afines al gobierno. No obstante, su presencia generó incomodidad entre funcionarios del Ministerio de la Igualdad, quienes, de acuerdo con El Espectador, no vieron con buenos ojos su participación debido a las polémicas que la rodean.
Mientras, jóvenes participantes llevaban consigo pancartas con el mensaje: “Juliana Guerrero no nos representa” en protesta por la cercanía de Guerrero con el Gobierno nacional.
“Increíble que la ANJ permita la entrada a Juliana Guerrero, una mujer que no representa la lucha juvenil y que compró sus títulos universitarios. En un país donde estudiar no es suficiente”, señaló un asistente al evento a El Tiempo.
Cabe aclarar que la funcionaria continúa siendo delegada del presidente Gustavo Petro ante el Consejo Superior de la Universidad del Cesar (UniCesar), cargo que mantiene pese a las críticas.
Días antes, el 8 de diciembre de 2025, Guerrero acompañó la inscripción de las listas a la Cámara de Representantes en el departamento del Cesar, respaldando la candidatura del Frente Amplio Unitario, liderado por el exembajador Roy Barreras. En esa ocasión, posó junto a Luis Fernando Quintero, Omar Benjumea y Lina de Armas. Destaca que Quintero es hermano del representante liberal Carlos Felipe Quintero, que no podrá aspirar nuevamente a su curul por no contar con el aval de su partido, tras mostrar cercanía con el gobierno de Petro.
El objetivo de esta nueva apuesta es disputar una curul a la influyente alianza Gnecco–Cuello, consolidándose como el espacio donde convergen los liderazgos alternativos que no encontraron cabida en la propuesta oficialista.
La decisión de Guerrero de respaldar públicamente el Frente Amplio del Cesar y no a la lista cerrada del Pacto Histórico fue interpretada en los círculos políticos como un mensaje directo a la dirigencia local de la colectividad, liderada por Alexandra Pineda. Esta última optó por mantener una lista cerrada propia, en lugar de sumarse a la apuesta unitaria que inicialmente se promovió para concentrar el voto alternativo.
La polémica en torno a los estudios de Juliana Guerrero
La controversia en torno a Juliana Guerrero, la joven oriunda de Cesar, que estuvo a punto de asumir como viceministra de Juventud, se originó luego de que descubrieran que falsificó documentos sobre sus estudios universitarios.
Las críticas en su contra se intensificaron tras revelarse que el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) le concedió un crédito por $11.084.000 para estudios superiores, una suma que ya habría sido saldada. Aunque la entidad no divulgó los detalles del préstamo, esta falta de transparencia suscitó interrogantes sobre los criterios y la documentación que respaldaron la aprobación del crédito educativo.
El caso adquirió mayor notoriedad después de que el Consejo Directivo de la Fundación Universitaria San José decidiera, el 7 de noviembre de 2025, anular de manera unánime los títulos otorgados a Guerrero en Tecnología en Gestión Contable y Tributaria y Contaduría Pública, tras una revisión de su historial académico.
En el ámbito judicial, la Fiscalía 42 Especializada de Bogotá inició una indagación preliminar contra Guerrero y contra directivos y exdirectivos de la Fundación San José por presuntos delitos de falsedad documental y fraude procesal. Por su parte, la Procuraduría recopila pruebas para evaluar posibles sanciones disciplinarias a funcionarios que habrían intervenido en la expedición de los títulos. La universidad, además, presentó denuncia penal contra exdirectivos por hechos que, según su comunicado, podrían constituir delito.
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