El proceso contra exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco entró en fase de apelación tras orden de detención: seguirá en enero

La decisión del Tribunal Superior de Bogotá ―de ordenar la detención preventiva y la captura inmediata de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco por su presunta implicación en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd)― ha generado un intenso debate jurídico y político en Colombia.

La magistrada Aura Alexandra Rosero fundamentó su resolución en que “no se cumplían los requisitos legales para conceder la detención domiciliaria”, por lo que dispuso la reclusión en un centro carcelario.

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Esta medida, más estricta que la solicitada por la Fiscalía y la Procuraduría, ha sido objeto de controversia entre penalistas y defensores de los exfuncionarios, que insisten en la presunción de inocencia y en la necesidad de respetar las garantías procesales.

El proceso judicial se encuentra ahora en una fase de apelación, tras los recursos presentados por los abogados de los exministros.

La decisión final recaerá en una sala diferente del mismo Tribunal Superior de Bogotá, que deberá analizar si concede la detención domiciliaria, como solicitaron la Fiscalía y la Procuraduría, o si ratifica la medida intramural impuesta por la magistrada Rosero.

Según fuentes de la Rama Judicial citadas por W Sin Carreta de La W Radio, la resolución podría conocerse el próximo año, debido al receso por la vacancia judicial que termina en enero.

El abogado penalista Mauricio Pava, defensor de Ricardo Bonilla, expresó en diálogo con el medio citado que su cliente “se comprometió desde un primer momento a encarar la justicia, a presentarse ante las autoridades y así lo ha hecho, aún y asumiendo decisiones como las que hoy se están informando”.

Pava subrayó que Bonilla “es un exservidor público que le sirvió al país, que tiene la presunción de inocencia vigente, y que debe ser tratado bajo esa condición hasta que haya una sentencia”. El jurista anunció que continuará presentando los recursos legales pertinentes, como la apelación y la reposición ya radicadas.

La magistrada Rosero justificó la detención en centro carcelario con el argumento de que busca “evitar la rearticulación o que continúen las prácticas de direccionamiento contractual e interferencia relacional propia de esquemas de corrupción de compleja envergadura”.

Esta postura fue respaldada por la Fiscalía, que solicitó la confirmación de la medida intramural. No obstante, la decisión ha sido criticada por expertos como la penalista Laura Kamila Toro, quien afirmó a El Tiempo que “no respeta adecuadamente las garantías procesales".

La privación de la libertad en establecimiento intramural no era necesaria en este caso. En un sistema penal de partes no es usual ni deseable que cuando la Fiscalía solicita una medida de aseguramiento específica, el juez imponga una más gravosa”.

Por su parte, el penalista Pedro Nel Escorcia señaló, al mismo medio, que la Fiscalía incurrió en un error de técnica jurídica al no solicitar la domiciliaria como medida subsidiaria, y recordó que los delitos imputados tienen prohibición de detención domiciliaria.

Escorcia sostuvo que “no hubo un justificante claro y expreso para que hubiese accedido a ella”.

El exministro Luis Fernando Velasco manifestó su desacuerdo con la decisión de la magistrada Rosero, al considerar que utilizó una tesis distinta a la de la Fiscalía para sustentar la orden de detención.

Velasco declaró: “No tengo las garantías, siento que usted estaba ordenando la teoría del caso, que en su momento no ordenó bien la Fiscalía. Mi lugar es este, dándoles la cara a los colombianos”, y reiteró su disposición a colaborar con las autoridades para demostrar su inocencia.

En entrevista con Blu Radio, Mauricio Pava insistió en que la defensa de Bonilla no comparte la decisión de la magistrada y que la discusión de fondo debe darse en el juicio. “Esta es una discusión apenas, por eso el debate de pruebas profundo que dio la defensa, no lo voy a analizar, esto se tiene que analizar en el juicio”, declaró el abogado.

Pava enfatizó la importancia de la presunción de inocencia.

“Para nosotros los abogados litigantes la presunción de inocencia es tan importante, como para ustedes (los periodistas) la libertad de expresión, y nosotros siempre vamos a pedir, porque así la ley lo estipula, en cualquier escenario, que toda persona mientras se presume inocente tiene que ser tratada como inocente”, añadió Pava.

El abogado también desglosó los tres ejes temáticos de la acusación: “El primero es el que nosotros llamamos, el de los carrotanques de La Guajira, nada tiene que ver con el profesor Bonilla; el segundo, los maletines, nada tiene que ver con el profesor Bonilla; el tercero es una discusión, y perdóneme si soy muy prosaico en la expresión, la hipótesis de la Fiscalía es una especie de tentativa de mermelada y eso lo acogió la magistrada inicialmente y creo que ahí hay un campo de discusión muy profundo en términos legales y creo que lo vamos a dar, por supuesto las tesis pueden ser derrotadas o no”.

Sobre la acusación de concierto para delinquir, cohecho e interés en contratos, Pava explicó: “La Fiscalía considera que la conversación que hubo para unos supuestos cupos indicativos tenían como función el apoyo y gobernabilidad, en síntesis, lo dijo la magistrada, ‘eso lo califica como un concierto para delinquir, como un cohecho y como un interés en contratos que no se presentaron, pero que eventualmente se pudieron presentar, entonces en este momento, yo no le estoy quitando ni un pelo a la hipótesis de la Fiscalía’”.

Fuentes del Tribunal Superior de Bogotá consultadas por El Tiempo señalaron que, aunque este tipo de decisiones más severas que las solicitadas por la Fiscalía suelen generar controversia, las acciones de tutela interpuestas para revertirlas no han prosperado hasta la fecha.