La disputa por el rumbo de la Universidad del Atlántico ya escaló a los estrados judiciales y al despacho del Ministerio de Educación. Mientras un juez administrativo de Barranquilla estudia una tutela interpuesta por el rector saliente, la cartera educativa tomó una decisión de fondo, intervenir directamente la dirección de una de las universidades públicas más importantes del Caribe colombiano.
En una resolución, el ministerio designó a Rafael Ángel Castillo Pacheco como nuevo rector de la Universidad del Atlántico y representante legal de la institución, en reemplazo de Leyton Daniel Barrios Torres. La medida se dio en medio de una vigilancia especial y tras una cadena de actuaciones administrativas que evidenciaron, según el Gobierno, problemas serios en el manejo interno de la universidad.
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De acuerdo con el comunicado oficial, el nombramiento de Castillo Pacheco busca “implementar las medidas adoptadas por el Ministerio de Educación y superar en el menor tiempo posible los hallazgos que dieron lugar a su imposición”. En otras palabras, el nuevo rector llega con la tarea de enderezar el rumbo institucional y atender los reparos que llevaron a la intervención.
La cartera educativa sostuvo que la decisión apunta a “restablecer la normalidad institucional, asegurar la continuidad del servicio educativo y garantizar condiciones de legalidad, calidad y protección de los derechos de la comunidad universitaria”. No se trata de un asunto menor puesto que, la Universidad del Atlántico administra un presupuesto anual cercano a los 500.000 millones de pesos y es clave en la formación de miles de estudiantes en la región.
El relevo en la rectoría no fue un movimiento aislado ni repentino. Semanas antes, el ministerio había enviado una inspectora in situ para ejercer vigilancia directa sobre la institución, al advertir fallas en “la gestión administrativa y financiera de la Universidad del Atlántico, así como los aspectos que están afectando las condiciones de continuidad y calidad”. Ese seguimiento derivó en una serie de órdenes dirigidas al entonces rector.
Entre las instrucciones, se le exigía adoptar medidas inmediatas para restablecer “la normalidad académica, asegurar la prestación adecuada del servicio educativo y proteger la seguridad e integridad de la comunidad universitaria”. Además, debía presentar un plan de acción institucional en un plazo no mayor a tres días, un requerimiento que marcó el inicio de una etapa de tensión entre la rectoría y el Ministerio de Educación.
El punto de quiebre llegó el 11 de diciembre, cuando el ministerio expidió otra resolución con la que decidió reemplazar “hasta por el término de un año, prorrogable por una sola vez” a Leyton Barrios Torres. El ahora exrector había sido respaldado políticamente por Fuad Char, lo que añadió un componente político a una crisis ya compleja.
Tras su salida, Barrios acudió a la justicia. Presentó una acción de tutela contra el Ministerio de Educación, encabezado por Daniel Rojas, al considerar que la decisión vulneró derechos fundamentales como el trabajo y el mínimo vital. En su escrito, pidió además una medida provisional para frenar los efectos de la resolución que lo apartó del cargo.
El Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla admitió el estudio del caso, pero negó la suspensión provisional solicitada por Barrios. En su pronunciamiento, el despacho judicial señaló que continuará con el trámite y que en un plazo de 10 días hábiles adoptará una decisión. El fallo de fondo, precisó el juzgado, deberá conocerse a más tardar el 21 de enero de 2026.
Mientras avanza el proceso judicial, la cartera de educación dejó claro que la situación en la Universidad del Atlántico sigue bajo observación. La resolución advirtió que la cartera podrá adoptar nuevas medidas, dependiendo de si se cumplen los objetivos trazados y de cómo evolucione la crisis institucional. Por ahora, el reto de recuperar la estabilidad académica y administrativa queda en manos del nuevo rector, en un campus que sigue siendo epicentro de atención nacional.
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