En medio del proceso que adelanta el Tribunal Superior de Bogotá contra los exministros del Interior y Hacienda, Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla, la magistrada de la Sala Plena le dio la razón al ente acusador y envió a prisión a los dos exfuncionarios por presunta corrupción al interior de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres (Ungrd).
La magistrada Aura Alexandra Rosero tomó esta decisión al concluir que ambos exfuncionarios, en ejercicio de sus cargos ministeriales, participaron en una “división de tareas” estructurada para beneficiar a congresistas a cambio de su apoyo a reformas impulsadas desde el Ejecutivo.
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“La Fiscalía acreditó que las dinámicas investigadas trascendían el ejercicio formal del cargo, se apoyaban en redes políticas, administrativas y relacionales previamente consolidada y operaban a través de terceros”, señaló la togada.
Respecto a la solicitud de detención domiciliaria hecha por la Fiscalía, el tribunal la consideró improcedente, al tratarse de una medida sustitutiva que solo puede analizarse después de valorar la pertinencia de la privación de libertad en centro carcelario.
“No se sustenta en una fuga inminente, sino en la actual necesidad de evitar la rearticulación o continuidad en las prácticas de direccionamiento contractual e interferencia relacional propia de esquemas de corrupción de compleja envergadura, riesgos que no impiden el desplazamiento internacional del imputado”, continuó el tribunal.
Para la magistrada Rosero, la gravedad y naturaleza de los delitos motivó la adopción de la medida más severa, declarando que los implicados constituyen un riesgo para la sociedad al haber utilizado sus cargos para corromper los procesos legislativos y administrativos.
“Se envió un mensaje equivocado a la sociedad sobre las acciones en los ministerios y el Congreso, minando así la credibilidad en las decisiones del Ejecutivo y el Legislativo”, concluyó la magistrada.
Durante la audiencia, la magistrada señaló la existencia del denominado “cónclave” celebrado el 27 de noviembre de 2023 en la Casa de Nariño. En este encuentro participaron, entre otros, el entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ramón González, el director de la Ungrd, Olmedo de Jesús López Martínez, y varios ministros, quienes según Rosero habrían actuado de forma planificada y permanente, impartiendo directrices para canalizar recursos a ciertos proyectos demandados por congresistas.
“No actuaron de manera episódica ni esporádica... desde un principio dieron instrucciones claras y precisas para que los contratos fueran direccionados en forma de cupos indicativos y proyectos”, indicó la magistrada Rosero.
Tras revisar los argumentos, el tribunal concluyó que, para el momento de los hechos, tanto Bonilla como Velasco ostentaban el control de recursos públicos y la capacidad de ordenarlos, lo que reforzó el criterio de agravar la medida cautelar.
En el caso de Bonilla, recaía en su cargo la responsabilidad sobre los fondos estatales y el poder de dirigir su asignación. Por su parte, Velasco se relacionaba directamente con senadores, coordinando las acciones desde el Ministerio del Interior. “Nada en este caso se dejó al azar, ya que los dos utilizaron sus cargos para direccionar recursos públicos”, indicó.
La Fiscalía General presentó cargos de concierto para delinquir agravado, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos, apuntando que los entonces ministros coordinaron entregas de contratos a cambio de votos favorables en proyectos de reforma en las comisiones legislativas. Bonilla y Velasco, en la imputación de cargos realizada el primero de diciembre, rechazaron los señalamientos.
En sustento de la acusación, la Fiscalía resaltó los testimonios de Olmedo López y Sneyder Pinilla, que, según la magistrada, resultaron coincidentes con las instrucciones impartidas por los exministros.
Además, la exasesora del Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides, ratificó que estuvo presente en encuentros donde se pactaron las entregas de contratos y señaló haber presenciado instrucciones concretas para cumplir dichas solicitudes.
“No fueron relatos aislados”, manifestó la magistrada, subrayando que las versiones aportadas acreditan la existencia de un esquema de direccionamiento contractual en la Ungrd y el Invías encabezado por los exministros.
“con el propósito específico de asegurar mayorías legislativas para la aprobación de proyectos de ley, de operaciones de crédito público valiéndose de recursos del erario”, comentó Rosero.
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