Más de 500.000 trabajadores formales en Colombia, en su mayoría dependientes del salario mínimo, podrían perder su empleo si el Ministerio de Trabajo avanza con la modificación del Decreto 1075 de 2015, con la que busca restringir la tercerización laboral. Así lo advirtió el abogado laborista David Zapata, que alertó sobre el impacto de la medida en medio de la discusión nacional sobre el aumento del salario mínimo de 2026 y la estabilidad del empleo formal.
“La mayoría de estos empleados depende de dicho salario para su sustento, pero paradójicamente podrían quedarse sin empleo debido al curso de un proyecto de decreto del Ministerio de Trabajo”, señaló el experto al referirse a la situación de los que laboran en empresas de servicios temporales. Remarcó que el decreto, que está en trámite, prohíbe el uso de la tercerización para necesidades permanentes de las empresas, como picos de producción, cosechas o ventas de temporada.
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El temor a la pérdida de empleo se refleja en la consulta ciudadana sobre el documento, que recibió cerca de 3.000 comentarios, de los que el 99,7% fueron en contra y solo el 0,3% a favor. “La mayoría de las objeciones provienen de trabajadores que temen perder su empleo y el bienestar de sus familias”, afirmó.
De acuerdo con el Observatorio del Mercado Laboral de la Asociación Colombiana de Empresas de Servicios Temporales (Acoset), los sectores más afectados serían:
- Industria manufacturera: 158.636 trabajadores (32,1%).
- Comercio y reparación de vehículos: con 133.432 (27%).
- Transporte y almacenamiento: 58.809 (11,9%).
- Construcción: 44.477 (9%).
- Alojamiento y servicios de comida: 34.593 (7%).
Zapata enfatizó en que “más del 90% de los 500.000 puestos de trabajo formal que generan las empresas temporales dependen del salario mínimo”. Entre los perfiles más vulnerables mencionó a:
- Operarios.
- Vendedores.
- Enfermeras.
- Conductores.
- Meseros.
- Aseadoras.
- Celadores.
- Obreros de construcción
- Mujeres y jóvenes de la economía popular.
Asimismo, el abogado fue enfático al calificar el decreto como ilegal y carente de sustento técnico. “Los vicios son evidentes al crear un límite del 10% a la contratación por medio de empresas de servicios temporales sin una base técnica ni legal”, puntualizó.
Además, sostuvo que “usa conceptos subjetivos, impone multas millonarias que quiebran empresas, irrespeta el debido proceso y el principio de buena fe, y da a los inspectores funciones judiciales que no les corresponde. Colombia tiene aproximadamente 500.000 trabajadores en misión con empleos formales”. De paso, advirtió que la eliminación de estos puestos de trabajo no se traducirá en empleos directos, sino en un aumento de la informalidad.
“¿Y de quiénes hablamos? De mujeres cabezas de hogar, de trabajadores no calificados, de población vulnerable, de migrantes, de aquellos a los que este gobierno pretende proteger”, expresó. En el análisis, consideró que la medida responde a “una posición ideológica a los principios del trabajo y, no sé, un resentimiento hacia las empresas”.
Para Zapata, lejos de proteger el empleo formal, el decreto representa un ataque a los trabajadores más vulnerables y a la estabilidad del mercado laboral. El abogado instó a las autoridades a reconsiderar la medida y a priorizar la protección del empleo formal en el país.
Riesgos para las empresas
Un análisis de la firma de consultoría y auditoría KPMG coincide en señalar riesgos para las empresas. Según la evaluación, el proyecto de decreto introduce una “presunción reforzada de laboralidad”, lo que implica que la prestación de actividades permanentes mediante terceros presumirá la existencia de un contrato de trabajo con la empresa beneficiaria. Esto, en la práctica, expone a las compañías a sanciones y medidas correctivas si se determina que incurren en tercerización laboral ilegal.
La entidad detalló que las autoridades podrán imponer medidas como:
- Vinculación directa del personal.
- Suspensión de contratos irregulares.
- Regularización de condiciones laborales y de seguridad social.
- Implementación de planes de cumplimiento.
- Suspensión temporal de actividades.
Además, las sanciones económicas pueden incluir:
- Revocatoria de licencias de funcionamiento.
- Incremento de multas hasta en un 50%.
- Suspensión de actividades hasta por seis meses.
Retiro del decreto
El rechazo al decreto no se limita a los expertos. Más de 15 asociaciones empresariales, entre ellas el Consejo Gremial, Fenalco, la Andi, la SAC, Acopi y la Asociación Colombiana de BPO solicitaron el retiro o ajuste del documento. Las organizaciones piden que la normativa se limite de forma estricta a las leyes laborales existentes, con lo que se respete la seguridad jurídica y la libertad de empresa.
Advierten que la implementación del decreto, en su forma actual, “generaría pérdidas, cierres operativos y destrucción masiva de empleos”.
En el trasfondo de la discusión, el presidente de Fenalco, Jaime Cabal, cuestionó la coherencia del Gobierno, que promueve la “dignidad laboral” mientras enfrenta críticas por el retraso en los pagos a sus propios contratistas.
“El propio gobierno no paga oportunamente a sus contratistas y traslada los honorarios de diciembre a enero, sin consideración alguna por la realidad económica de quienes trabajan para él. Se predica dignidad, pero no se practica en casa”, afirmó por medio de X. Y es que, en Colombia, más de 900.000 personas trabajan bajo órdenes de prestación de servicios con el Estado.
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