La Fiscalía General de la Nación formalizó la acusación contra Cristian Camilo González Ardila como uno de los presuntos involucrados en el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio de 2025 en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá.
La investigación sostiene que González Ardila habría participado de manera voluntaria en la planeación y ejecución del crimen, comprometiéndose a recoger en motocicleta al adolescente seleccionado para disparar contra la víctima y facilitar su huida.
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Según los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía, González Ardila habría recibido una transferencia de dinero destinada a abastecer de combustible la motocicleta y presentarse en el lugar acordado para cumplir con el plan.
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El día del asesinato, se ubicó en las inmediaciones del parque El Golfito, punto estratégico para la operación. Sin embargo, el menor que ejecutó el ataque fue interceptado durante la fuga por personal de protección de Uribe Turbay y resultó herido por arma de fuego antes de alcanzar el sitio pactado.
La reacción de González Ardila ante el fracaso del escape fue abandonar el lugar para evitar ser identificado. Posteriormente, agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realizaron un operativo de registro y allanamiento en un inmueble de Bogotá, donde capturaron al procesado y decomisaron objetos que, según la Fiscalía, evidenciarían su posible implicación en los hechos.
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Actualmente, González Ardila permanece privado de la libertad en un centro carcelario y enfrentará juicio oral como presunto responsable de homicidio agravado y de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambos delitos en su modalidad agravada.
La Fiscalía ha señalado que, hasta la fecha, nueve personas han sido vinculadas formalmente al proceso, incluyendo al menor de edad que disparó contra el senador y que ya fue sancionado.
Presuntas filtraciones de la investigación en el caso del senador tendrían en la mira a las fiscales a cargo
El proceso disciplinario que involucra a la Fiscalía General de la Nación tras el asesinato de Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial, ha puesto de relieve tanto la eficacia de la investigación criminal como graves cuestionamientos sobre la gestión interna de información clasificada en el país.
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La investigación se disparó luego de que se filtraran videos reservados, en los que los sicarios rodeaban a Uribe Turbay durante el acto político en un parque de Bogotá, hecho que llevó a la Fiscalía a denunciarlos como prueba de una fuga de datos en el propio ente acusador.
De acuerdo con Semana, las imágenes, que debían mantenerse bajo máximo resguardo, circularon rápidamente en medios nacionales e internacionales, aumentando la tensión y la desconfianza entre los funcionarios encargados del caso.
La publicación de estos registros visuales desencadenó un ambiente de mutuas acusaciones en el interior de la institución, llevando a la Fiscalía a buscar al presunto responsable de la filtración y a presentar una denuncia formal contra sus funcionarios.
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La Comisión de Disciplina Judicial, sección Bogotá, asumió la investigación para esclarecer tanto la fuga de información como posibles irregularidades en la repartición inicial del caso.
Un magistrado actualmente examina desde hace meses el expediente, citando a diligencias para febrero de 2026 a la fiscal encargada, a su superior y a otros funcionarios, quienes deberán explicar cómo videos y pruebas reservadas terminaron en manos de la prensa y si el protocolo habitual de asignación —que normalmente otorga la competencia preliminar al fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la zona— se respetó.
Según reveló el mismo medio, se habría omitido este trámite y el caso fue asignado directamente a una fiscal especializada, decidiendo saltarse el cauce administrativo establecido.
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