La disputa de la Fiscalía y Juan Guillermo Monsalve, testigo estrella contra Álvaro Uribe, por una finca en Risaralda: juez negó extinción de dominio

La disputa judicial por la finca La Veranera, situada en el municipio de Apía, departamento de Risaralda, ha escalado tras la reciente decisión de un juez de no declarar la extinción de dominio sobre el predio, pese a la insistencia de la Fiscalía en que fue adquirido de manera ilícita por Juan Guillermo Monsalve, testigo clave en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe.

La controversia, que involucra a familiares de Monsalve y a figuras del sistema judicial, sigue vigente luego de la apelación presentada por la Fiscalía, según información conocida por la revista Cambio.

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La Veranera es una finca de 20 hectáreas que ha sido objeto de debate en medios y tribunales debido a su presunta relación con el proceso judicial contra Álvaro Uribe. Según Enrique Pardo Hasche, excompañero de celda de Monsalve, el predio habría sido “regalado” a Monsalve en el contexto de su testimonio contra el expresidente.

Actualmente, la finca figura a nombre de Deyanira Gómez, exesposa de Monsalve, y Luz Marina Pineda, madre del testigo, quienes poseen cada una el 50% de la propiedad. La Fiscalía sostiene que Monsalve, condenado a 47 años de prisión, adquirió la finca desde la cárcel utilizando a sus familiares como testaferros, lo que motivó la acción judicial para la extinción de dominio.

La Fiscalía, bajo la dirección del fiscal especializado Alejandro Sotomonte, presentó en 2021 una demanda para que se declarara la extinción de dominio de La Veranera. El ente acusador argumentó que Monsalve habría adquirido la finca con recursos provenientes de actividades ilícitas, incluyendo secuestro extorsivo, concierto para delinquir y otros delitos.

“Es una finca que ha sido bastante polémica en medios de comunicación pues han aparecido personas señalando que esa finca se la regalaron para alterar su testimonio”, afirmó Sotomonte.

En la demanda, la Fiscalía citó testimonios como el de Mitchel Alexander Montoya, antiguo propietario del predio, quien relató que la negociación se realizó telefónicamente con una persona que se identificó como Tavo Molina, presuntamente el propio Monsalve.

Montoya indicó que la finca fue registrada a nombre de Deyanira Gómez por instrucción de Molina. El fiscal también señaló que el valor de venta declarado por Gómez era casi seis veces inferior al real, según las declaraciones de Montoya y Leonardo Hoyos.

El proceso incluyó referencias a reportajes periodísticos y testimonios de Pardo Hasche, quien aseguró que Monsalve recibió la finca como regalo en los años en que comenzó a declarar contra Uribe. La Fiscalía argumentó que la operación buscaba distraer a la administración de justicia y que existían indicios de enriquecimiento ilícito.

El 24 de octubre de 2025, el juez de extinción de dominio de Pereira, Iván Darío Castro, dictó un fallo que negó la solicitud de la Fiscalía y ordenó cancelar las medidas cautelares sobre La Veranera.

El juez concluyó que no existían pruebas suficientes para demostrar que la finca fue adquirida con dineros ilícitos o mediante una negociación irregular. En su sentencia, Castro afirmó: “Los derechos de titularidad que ostentan sobre el bien las aquí accionadas, no pueden ser afectados, por cuanto el proceder en su adquisición no vislumbra asomo de ilicitud”.

El juez criticó duramente los argumentos de la Fiscalía, señalando que la información hallada en el computador de Monsalve no constituía prueba concluyente sobre la procedencia de los fondos ni sobre la titularidad real del predio.

Además, cuestionó el uso de notas periodísticas como fundamento probatorio, recordando que “por sí solas, las notas periodísticas no constituyen prueba plena de los hechos que relatan”. Castro también desestimó la hipótesis de que Luz Marina Pineda actuara como testaferro, al no existir pruebas que lo acreditaran.

Tras el fallo, el fiscal Sotomonte presentó un recurso de apelación el 11 de noviembre de 2025, bajo la administración de la fiscal general Luz Adriana Camargo. En su escrito, el fiscal criticó que el juez no hubiera ordenado pruebas de oficio ni abierto un debate probatorio antes de emitir su veredicto.

Sotomonte insistió en la hipótesis de enriquecimiento ilícito y en que Monsalve habría adquirido la finca con recursos de origen no demostrado, utilizando a su exesposa y madre como titulares inscritos.

“La mayor parte de la pretensión extintiva de la fiscalía ha sido enfocada a demostrar cómo el señor Monsalve adquiere una propiedad con dineros que jamás pudieron demostrar son lícitos”, sostuvo Sotomonte en la apelación conocida por la revista Cambio.

El fiscal también aportó avalúos que, según él, evidencian que el valor declarado de la finca era inferior al real y mencionó hallazgos en la celda de Monsalve, como tarjetas SIM y un computador portátil, que habrían sido utilizados para coordinar la negociación.

Sotomonte cuestionó la actuación del juez, acusándolo de comportarse “más como defensor que como juzgador” y de no analizar adecuadamente las pruebas y circunstancias del caso. Además, señaló que las personas que intervinieron en la transacción de la finca fueron asesinadas, lo que, a su juicio, agravaba la gravedad de la situación.

El juez de primera instancia respondió que “la Fiscalía no respaldó con elementos probatorios determinantes o precisos, situaciones como el valor real de la venta de la finca La Veranera a favor de Deyanira y Luz Marina, toda vez que no se allegó documento alguno que permita establecer o tasar el precio pactado, tampoco se identificó con claridad la trazabilidad de los dineros entregados producto de la venta, de cual patrimonio devienen esos recursos, ni en qué condiciones”.

El caso de La Veranera permanece abierto y ha sido remitido a la Sala de Decisión Especializada en Extinción de Dominio del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, donde se revisará en segunda instancia la disputa por la propiedad del predio y la validez de los argumentos presentados por las partes.