Iván Cepeda y 30 congresistas de izquierda desataron polémica por petición de liberar a 11 jóvenes acusados de terrorismo en Bogotá

Una carta firmada por 31 congresistas de izquierda, entre ellos el hoy candidato presidencial Iván Cepeda Castro, ganador de la consulta del Pacto Histórico del 26 de octubre, encendió la controversia el domingo 14 de diciembre de 2025 sobre la detención de 11 jóvenes acusados de terrorismo en Bogotá. El documento, fechado del 1 de diciembre, resume según su contenido la posición de una parte del Congreso que exige garantías y libertad para los detenidos.

La petición contrasta con el robusto expediente judicial presentado por la Policía Metropolitana y la Fiscalía General de la Nación y dejaría al descubierto la división entre los que consideran que se criminaliza la protesta social y los que defienden la contundencia de las pruebas técnicas efectuadas.

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El comunicado, que corresponde a la Comisión Accidental de Seguimiento y Verificación a Garantías y Situación de Derechos Humanos de las Personas Privadas de la Libertad del Congreso, advirtió sobre el riesgo de vulnerar derechos fundamentales de los detenidos: que han participado en las jornadas que se han llevado a cabo en la ciudad.

“Manifestamos nuestra preocupación por la criminalización de la juventud, siendo inaceptable que en el supuesto de garantizar la legalidad en desarrollo de los hechos ocurridos, la fiscalía no busque evitar la estigmatización de los estudiantes y la no repetición, sino avanzar en la condena de la impunidad que se desprende de los hechos desconociendo las directivas de la Fiscal General de la Nación”, se leyó en el texto firmado por los parlamentarios.

Entre los firmantes se encuentran Aida Quilcué, Ariel Ávila, Clara López, Imelda Daza, Isabel Zuleta, Jahel Quiroga, Julián Gallo, Sandra Ramírez, Alfredo Mondragón y Wilson Arias, identificados con sectores de izquierda. Según el documento, los detenidos han sido objeto de “hostigamientos, señalamientos y persecución”, en acciones que los congresistas consideran violatorias del derecho constitucional a la protesta y la organización social.

Exigieron respeto a las garantías y libertad de los detenidos

La carta conminó al Estado el cumplimiento de garantías y medidas orientadas a evitar la estigmatización. “Exigimos el cumplimiento de los acuerdos legalmente establecidos y la garantía de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad”, se leyó en el documento. En esta línea, los congresistas insistieron en la necesidad de que los capturados puedan enfrentar sus procesos en libertad, sin que la prisión preventiva se utilice como medida restrictiva.

Los nombres señalados en la misiva y que, según los congresistas, deben ver respetados sus derechos son Sebastián Santiesteban Lozano, Omar Millet Araya Romero, Siaira María Pinzón Camargo, María Victoria Betancourt Lauria, Sebastián Narváez Holguín, Xiomara Katherine Amaro Cortes, Luis Alejandro Gamboa Suárez e Isabel Yoana Rodríguez Bernal. Aunque ninguno de los firmantes hizo referencia a las pruebas técnicas de la Policía y la Fiscalía.

“Resulta incompatible con la garantía del derecho fundamental a la protesta social la continuidad de la privación de la libertad a los jóvenes involucrados en los hechos, en ausencia de pruebas que sustenten una medida tan gravosa”, se leyó en la comunicación, que desató una serie de críticas en las plataformas digitales, en especial de los sectores de la oposición, que han expresado sus reparos a la solicitud firmada por senadores y representantes afines al Gobierno.

Cabe destacar que los antes policiales y de investigación han señalado que existe un amplio acervo probatorio reunido durante más de un año de investigación. De acuerdo con información a los medios, el expediente incluye más de 4.000 horas de análisis de video, interceptación de 50 líneas telefónicas, además de entrevistas a testigos y víctimas, declaraciones juradas, análisis en redes sociales, agentes encubiertos y 13 diligencias de allanamiento en Bogotá.

De acuerdo con la Policía, los acusados pertenecen a la organización PPP, que sería una brigada clandestina para el pueblo y por el pueblo, que se habría infiltrado en universidades públicas usando carnés falsos con el objetivo de planear acciones y fabricar artefactos explosivos, como papas bomba y cocteles molotov. Estos artefactos se emplearon presuntamente en ataques contra estaciones de TransMilenio, buses del Sitp y uniformados, con daños materiales.

Este fue el material decomisado a los integrantes de los ‘PPP’

Durante los allanamientos, las autoridades reportaron la incautación de material explosivo, pólvora, dispositivos móviles, computadores, prendas utilizadas en los hechos y un arma de letalidad reducida. Las pruebas técnico-científicas permitieron reconstruir la estructura de roles de la supuesta organización y vincular a los procesados con al menos diez episodios violentos entre 2024 y 2025; siendo uno de los implicados alias Salvatore, presunto cabecilla.

Este sujeto fue relacionado directamente con el uso, fabricación y distribución de explosivos, así como con incendios y daños al sistema de transporte. En ese sentido, según la Fiscalía General, a los jóvenes se les imputaron delitos de terrorismo, concierto para delinquir agravado, incendio agravado, porte de explosivos, perturbación del transporte público y violencia contra servidor público, por lo que un juez ordenó su detención preventiva.

Mientras se insistió en que el caso fue construido “en coordinación con la Fiscalía y sustentado en evidencia técnica y judicial”, los 31 congresistas demandan una interpretación menos restrictiva basada en el derecho de reunión y protesta. “Instamos a la Fiscalía General de la Nación y al Gobierno Nacional a cumplir con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos, en especial en relación con jóvenes privados de la libertad”, reafirmó.