El asesinato de Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial y senador, durante un mitin político en un parque de Bogotá, marcó un hito en la historia judicial reciente de Colombia.
La investigación, reconocida por su rapidez y eficacia, permitió identificar y capturar a los responsables materiales e intelectuales del crimen. Sin embargo, el proceso se ha visto empañado por presuntas irregularidades internas en la Fiscalía y la filtración de información reservada, según reveló Semana.
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El magnicidio ocurrió a plena luz del día, frente a un centenar de personas. El autor material, un menor de edad, fue condenado a siete años de internamiento preventivo tras reconocer su responsabilidad.
La Fiscalía, bajo la dirección de la fiscal Luz Adriana Camargo, coordinó una investigación que, en tiempo récord, logró esclarecer los hechos y llevar ante la justicia a los implicados.
No obstante, la propia Fiscalía enfrenta ahora un proceso disciplinario por supuestas anomalías en la asignación del caso y la divulgación de pruebas reservadas.
Las primeras señales de conflicto surgieron cuando videos de la escena del crimen, que mostraban a los sicarios rodeando a Uribe Turbay, comenzaron a circular en medios nacionales e internacionales.
Estos registros, que debían permanecer bajo estricta reserva, se convirtieron en evidencia de una fuga de información dentro del ente acusador.
La publicación de cada nuevo video alimentó la desconfianza entre los directivos y delegados de la Fiscalía, generando un ambiente de señalamientos internos y la búsqueda de un responsable de la filtración.
La situación llevó a que la Fiscalía presentara una denuncia contra sus propios funcionarios, con el objetivo de identificar al presunto “topo” responsable de la fuga de datos.
La Comisión de Disciplina Judicial, seccional Bogotá, asumió la investigación sobre la filtración y las presuntas irregularidades en el reparto del caso.
Un magistrado lleva meses revisando el expediente y ha citado a la fiscal encargada, su jefe y otros funcionarios para que expliquen cómo la información reservada y los videos llegaron a manos de los medios. Las diligencias están programadas para febrero de 2026.
El proceso disciplinario también examina si se cumplió el protocolo habitual de asignación de investigaciones, que exige que el fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la zona asuma las actuaciones preliminares. En este caso, según la información obtenida por el medio mencionado, el procedimiento se habría omitido, asignando el caso directamente a la fiscal sin seguir el trámite establecido.
A pesar de estos cuestionamientos, la investigación judicial logró avances significativos.
Hasta el momento, nueve personas han sido capturadas y procesadas por el asesinato de Uribe Turbay, incluyendo dos condenados, entre ellos el menor de edad que aparece en los videos de seguridad.
Recientemente, las autoridades detuvieron a alias el Viejo, señalado como el vínculo entre los cabecillas de la Segunda Marquetalia y el grupo de sicarios que ejecutó el crimen. La Fiscalía y la Policía han destacado la contundencia de la investigación, aunque la propia institución ha puesto en tela de juicio el manejo interno de la información.
El ambiente dentro de la Fiscalía refleja un profundo malestar. Resulta paradójico para los funcionarios que quienes lideraron la investigación y esclarecieron el magnicidio ahora enfrenten procesos disciplinarios por supuestas filtraciones y por irregularidades en la asignación del caso.
En medio de la controversia, la difusión de los videos que documentaron el crimen no solo puso en evidencia las fallas en el manejo de la información reservada, sino que también permitió a la opinión pública conocer detalles clave del caso.
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