Denuncian irregularidades en el manejo de recursos del programa Jóvenes en Paz: “Una cifra alarmante”

Uno de los proyectos de ley que más ha generado polémica del Gobierno Petro es el de Jóvenes en Paz, que tiene como objetivo principal prevenir la vinculación de jóvenes a grupos armados y actividades ilícitas y es dirigido a personas entre los 14 y 28 años en contextos de alta vulnerabilidad.

Este programa entrega un subsidio mensual a sus beneficiarios, que deben comprometerse a dejar actividades ilegales y a participar en procesos de formación, educación o iniciativas productivas.

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De la misma forma, incluye un acompañamiento y orientación psicosocial, capacitaciones en habilidades para la vida, facilitación de acceso a educación formal y apoyo en la inserción laboral o el emprendimiento. Los jóvenes inscritos reciben seguimiento regular para verificar su participación y el cumplimiento de los compromisos. El incumplimiento reiterado puede llevar a la suspensión del apoyo financiero.

Concejal denunció irregularidades en el proyecto

La polémica sobre el proyecto mencionado volvió a resurgir debido a que en Bogotá, el concejal Andrés Barrios denunció que Jóvenes en Paz está ejecutando recursos públicos masivos sin mecanismos de verificación, sin trazabilidad sobre los beneficiarios y con una alta tasa de deserción.

Esto fue expuesto luego de que el cabildante solicitó toda la información sobre el programa a través de un derecho de petición al Ministerio de Igualdad y Equidad, que no fue contestado dentro de los términos legales, por lo que acudió a una acción de tutela para obtener respuestas concretas sobre el programa.

“El Programa Jóvenes en Paz ha entregado una cifra alarmante de más de 344.000 millones, pese a no contar con mecanismos que permitan verificar si los jóvenes están involucrados en actividades delictivas. Son recursos públicos de gran escala ejecutados sin controles, sin mediciones de impacto y sin claridad sobre por qué más de 1.600 jóvenes abandonaron el programa en 2024”, expuso Barrios.

En su sustentación, Barrios indicó que se debe dimensionar la magnitud de la inversión, mencionando que el Gobierno ha entregado 344.000 millones a Jóvenes en Paz, cifra sumamente inferior a la que han recibido instituciones educativas en los últimos años.

El concejal destacó que la Universidad del Valle construyó un bloque de aulas con 22.800 millones, beneficiando a casi 4.000 estudiantes y docentes, por lo que afirmó que con lo que cuesta Jóvenes en Paz, se podrían financiar 17 proyectos universitarios, llevando infraestructura y oportunidades educativas a 68.000 jóvenes de todo el país.

Barrios entregó otros datos que mencionó como alarmantes, entre ellos que más de 7.000 menores de edad han recibido 50.148 transferencias, aunque no se ha confirmado que todos hicieran parte de la población que buscaba beneficiar el proyecto.

“El propio ministerio reporta que 1.660 jóvenes abandonaron el programa en 2024, pero afirma que no puede establecer si fue por voluntad propia, lo que evidencia que no existe trazabilidad del impacto ni seguimiento de los casos”.

En ese sentido, Andrés Barrios pidió que el Gobierno nacional tome cartas en el asunto y demuestre que el programa es viable y que no terminará siendo un problema para el próximo presidente, puesto que afirmó que la iniciativa no tiene un norte claro hasta el momento.

“Es alarmante que Jóvenes en Paz maneje cifras millonarias sin evaluar riesgos ni medir resultados. No hay evidencia de que realmente reduzca delitos, prevenga reincidencia o mejore la vida de sus beneficiarios, lo que exige intervención inmediata y una revisión completa del modelo. Estamos hablando de una iniciativa que mueve cientos de miles de millones mientras opera prácticamente a ciegas”, puntualizó Andrés Barrios.