El debate desarrollado en la Cámara de Representantes el 10 de diciembre estuvo centrado en las acusaciones divulgadas por congresistas sobre actuaciones militares recientes.
Durante su intervención, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, presentó una exposición destinada a responder a los señalamientos sobre presuntos falsos positivos, además de explicar cómo, según él, se toman decisiones operativas en las Fuerzas Militares, tal como reseñó Revista Semana.
Desde el inicio de su intervención, Sánchez destinó parte de su discurso a las denuncias planteadas por la representante Katherine Miranda y por otros legisladores, quienes llevaron a la sesión casos relacionados con menores fallecidos en bombardeos y combates.
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Algunas intervenciones elevaron la cifra hasta 54 menores, número que hizo parte de las discusiones más sensibles de la jornada. En ese contexto, el ministro afirmó que existen mecanismos de control para la planeación de las operaciones militares y que esos procedimientos se mantienen en ejecución permanente.
Uno de los puntos principales que abordó el ministro fue la situación del brigadier general Walther Giraldo, señalado por algunos congresistas en el marco de la discusión. Frente a esos cuestionamientos, Sánchez sostuvo que no acepta que un oficial sea calificado como “asesino de niños”, reiterando que, en los procesos revisados por entes de control, ese oficial no recibió reproches que implicaran su responsabilidad penal o disciplinaria. A lo largo del debate, el ministro hizo hincapié en la necesidad de mantener el “honor y la dignidad” de quienes sirven como comandantes en las fuerzas militares.
De igual forma, Sánchez reconoció que existen actuaciones específicas que todavía se encuentran bajo análisis judicial. Hizo referencia a un hecho ocurrido el 17 de diciembre de 2024 en el municipio de Ituango, Antioquia, señalando que ese expediente continúa en proceso en la Fiscalía 22, tal como registró Revista Semana.
Indicó que el Gobierno mantiene su postura según la cual no se permiten irregularidades en las fuerzas armadas, y precisó que, cuando existan pruebas que determinen la existencia de ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos, corresponde a las autoridades aplicar las sanciones previstas por la ley.
En la sesión, la representante Katherine Miranda presentó un conjunto de casos que, en su criterio, requerían revisión. Entre ellos mencionó el del 15 de diciembre de 2024 en la vereda Paquita, donde, según indicó, John Byron Londoño Gutiérrez habría sido retenido, golpeado y posteriormente reportado como integrante de un grupo armado después de un enfrentamiento en el que murió un soldado.
La congresista expuso estos elementos para reforzar su postura acerca de la necesidad de evaluar posibles irregularidades.
Asimismo, la discusión incluyó otro episodio ocurrido el 29 de noviembre en la vereda San Isidro, en el municipio de Vista Hermosa, Meta.
En este caso, la congresista sostuvo que sería otro posible falso positivo, pues mientras la información oficial registraba la muerte en combate de una persona vinculada a disidencias, habitantes del sector afirmaron que la víctima era un campesino sin antecedentes.
Estas situaciones fueron presentadas como ejemplos de denuncias que, según los congresistas, requieren esclarecimiento.
En el desarrollo del debate, el ministro reiteró que la conducción de operaciones militares está sometida a reglas que buscan garantizar verificaciones previas y posteriores. Expuso que, desde su cartera, se vigilan los procedimientos establecidos y se revisan los informes operacionales para que las actuaciones se ajusten a los lineamientos vigentes. Agregó además que continúa en coordinación con los órganos judiciales encargados de determinar responsabilidades individuales en los hechos denunciados.
Sánchez también resaltó que, de demostrarse responsabilidades en cualquier nivel, las autoridades deberán avanzar en los procesos correspondientes. De acuerdo con sus declaraciones, esa es la instrucción general que rige al interior del Ministerio de Defensa, donde, según dijo, la política institucional se orienta a impedir que persistan comportamientos contrarios a la normatividad.
El debate avanzó en medio de intervenciones cruzadas entre quienes defendían la labor de las Fuerzas Militares y quienes insistían en la necesidad de profundizar en la investigación de casos señalados. En este escenario, las discusiones giraron alrededor de las cifras presentadas por los legisladores, los expedientes abiertos en instancias judiciales y
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