Se manifestó Uriel Andrés Barreto, el presunto responsable de estafa de más de $16.000 millones que había “desaparecido” en Bogotá: “Iba a pagar con mi propia vida”

Tras días de incertidumbre y alarma entre sus víctimas, Uriel Andrés Barreto Díaz, señalado como el principal responsable de una supuesta cooperativa de inversión que habría afectado a más de 120 personas y generado pérdidas superiores a 16.000 millones de pesos, apareció y se entregó a las autoridades.

Barreto, de 35 años, se presentó ante la Sijín de la Policía Metropolitana de Bogotá, luego de que su familia interpusiera una denuncia por su desaparición ocurrida el 19 de enero de 2026, cuando salió del centro comercial Titán y nunca llegó a su vivienda en Mosquera, Cundinamarca.

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La desaparición del presunto estafador había multiplicado la incertidumbre y el temor entre los inversionistas, quienes hasta entonces desconocían su paradero y enfrentaban serias dificultades para recuperar los fondos invertidos.

Según su declaración a El Tiempo, Barreto Díaz reconoció la responsabilidad total sobre la operación de la supuesta cooperativa y negó que su esposa, familiares o antiguos socios hayan estado involucrados en el esquema fraudulento.

Un esquema basado en la confianza personal y en documentos falsos

El modelo de inversión liderado por Barreto Díaz prometía retornos mensuales del 6 % durante seis meses y ofrecía la devolución del capital al final del período.

A diferencia de otras pirámides financieras, su expansión no se basaba únicamente en referidos, sino en la confianza familiar y amistosa.

La mayoría de los inversionistas eran personas cercanas, atraídas por contratos y recibos falsificados que simulaban respaldo de la Cooperativa Transportadora Bogotá-Kennedy Taxis Colectivos, una organización que, según la Cámara de Comercio de Bogotá, había sido liquidada oficialmente desde 2023.

Durante los primeros años, los pagos mensuales reforzaban la percepción de legitimidad del esquema.

Sin embargo, a partir de enero de 2026 los pagos se estancaron de manera abrupta, lo que generó alertas entre los inversionistas y llevó a la multiplicación de denuncias penales.

Barreto Díaz admitió que, para mantener los rendimientos prometidos, recurrió a préstamos, movimientos de intermediarios y reinversiones de capitales entrantes, una dinámica que finalmente colapsó.

Presión, amenazas y desaparición

Barreto Díaz relató que la falta de nuevos recursos y la presión de los intermediarios derivaron en amenazas directas sobre su vida. “Yo empecé a responder los últimos meses hasta con mi patrimonio… lo iba a pagar con mi propia vida”, afirmó.

Ante esta situación, optó por desaparecer temporalmente, dejando mensajes en redes sociales que indicaban estar en peligro y compartiendo actas electrónicas de supervivencia para demostrar que estaba con vida.

La desaparición provocó angustia y temor entre los afectados, algunos de los cuales reportaron coacción y amenazas para no denunciar el fraude.

“Desde que supe que esa cooperativa estaba liquidada, yo no he tenido vida. Me tienen amenazado a mí y a toda mi familia. La gente no entiende que yo soy una víctima más”, relató un afectado a El Tiempo.

Alcance y dimensiones del fraude

Según la investigación periodística, el esquema operaba desde 2018 y se extendió principalmente en Bogotá y Bucaramanga, aunque también se reportaron víctimas en otras ciudades.

El total de las pérdidas asciende a más de 16.000 millones de pesos, y al menos 120 personas se vieron afectadas, incluyendo familiares y amigos cercanos.

El dinero fue gestionado a través de cuentas personales de Barreto Díaz y de intermediarios que recibían incentivos del 5 % por cada aporte recaudado.

El esquema utilizaba préstamos a trabajadores, pequeños comercios y personas no bancarizadas, así como inversiones en plataformas digitales, bitcoin y minería. Barreto Díaz aseguró que nunca destinó los recursos a negocios ilícitos y que no vivía de manera ostentosa.

“No tengo plata en el banco… no vivía de forma ostentosa”, afirmó, insistiendo en que no hubo enriquecimiento ilícito personal.

Por su parte, las víctimas continúan enfrentando pérdidas económicas y consecuencias psicológicas derivadas de la estafa, mientras exigen respuestas y la devolución de los recursos.

La confesión de Barreto Díaz constituye un primer paso, aunque las autoridades deberán corroborar su versión y avanzar en la recuperación de los fondos.