El futuro de Andrés Felipe Marín Silva, conocido como alias Pipe Tuluá, se ha convertido en uno de los dilemas más complejos de la política de “paz total” del Gobierno de Gustavo Petro.
Mientras la Corte Suprema de Justicia ya avaló su extradición a Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico, el Ejecutivo abrió oficialmente un canal de diálogo con la banda criminal La Inmaculada, organización que Marín lidera desde Tuluá, en el Valle del Cauca.
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La coincidencia de estas dos decisiones —una judicial y otra política— ha desatado una discusión que compromete tanto las apuestas internas del Gobierno como la relación bilateral con Washington.
El 6 de diciembre, el presidente Petro firmó la resolución que autoriza los primeros contactos exploratorios con La Inmaculada y que designa a Jorge Arturo Lemus, director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI); Ricardo Rey, jefe de Contrainteligencia; y Alexánder Rojas como los funcionarios encargados de iniciar los acercamientos.
Según el documento, tomado por El Tiempo y El Espectador, su misión consiste en “verificar la voluntad real de paz, avanzar en la formalización de diálogos y conversaciones, y celebrar acuerdos con los objetivos indicados por el presidente de la República”.
El movimiento no pasó desapercibido. Para el Gobierno, estas conversaciones hacen parte del mapa nacional de mesas sociojurídicas que se han instaurado en varias ciudades como parte del proyecto de “paz total”.
El propósito es evaluar si distintas estructuras armadas —no solo insurgentes, sino también bandas criminales— están dispuestas a someterse a la justicia, desactivar economías ilegales y entregar información que permita reducir la violencia en los territorios.
En el caso de La Inmaculada, con fuerte presencia en el centro del Valle del Cauca, el Gobierno cree que un diálogo podría traducirse en una disminución de homicidios, extorsiones y disputas urbanas.
Sin embargo, la decisión también genera incertidumbre. La defensa de Marín Silva viene insistiendo desde hace meses en que el detenido ha impulsado gestos de paz desde prisión.
Entre ellos menciona cartas públicas en las que pidió calma a los integrantes de La Inmaculada, órdenes para que no se ejecutaran retaliaciones violentas y la entrega de información a las autoridades que permitió frustrar un asesinato dentro de la cárcel La Picota.
Marín también ha solicitado formalmente la apertura de una mesa de paz con el Gobierno, alegando que busca aceptar sus errores “y avanzar hacia la resocialización”, según declaró en entrevista con Julio Sánchez Cristo.
No obstante, la situación jurídica de “Pipe Tuluá” sigue siendo incierta. La Corte Suprema de Justicia autorizó su extradición el pasado 12 de noviembre, tras considerar válidos los cargos presentados por la Corte del Distrito Este de Texas, que lo señala de delitos de narcotráfico.
En Colombia también enfrenta procesos por homicidio, concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes, y heredó el mando de la estructura criminal tras la captura de su hermano, Mauricio Marín Silva, en 2024.
Pero, como ocurre en todos los casos de extradición, la última palabra la tiene el presidente Petro. Y hasta ahora, el mandatario ha mostrado reservas en firmar solicitudes relacionadas con actores armados que participan —o dicen querer participar— en procesos de paz.
En sus declaraciones más recientes, Marín Silva negó tener vínculos con el narcotráfico y aseguró ser víctima de un “entrampamiento”. “No soy narcotraficante, nunca he enviado un gramo”, dijo en W Radio.
Sostuvo tener amistad con varios narcotraficantes, pero insistió en que no participa en sus negocios.
Según él, los favores que realiza se enfocan en recuperar bienes retenidos por testaferros, por los cuales recibe un porcentaje. También afirmó que “fuerzas oscuras” habrían manipulado su caso, por lo que retó a los investigadores a someterse junto a él a una prueba de polígrafo.
En medio de esta controversia, el Gobierno ordenó su traslado desde La Picota a la estación de Policía de Los Mártires, en Bogotá, por razones de seguridad.
El Tribunal de La Guajira negó su regreso a la penitenciaría, mientras se define su destino final y se evalúa si la nueva estrategia de acercamientos con La Inmaculada tendrá algún efecto sobre su eventual extradición.
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