Angélica Lozano insiste en retirar la ley de sometimiento y revela que el Ministerio de Justicia evalúa su continuidad

La senadora Angélica Lozano Correa reiteró su petición para que el gobierno retire el proyecto de ley de sometimiento, en medio de la incertidumbre generada por el propio Ministerio de Justicia y del Derecho, que reconoció estar analizando la continuidad de la iniciativa. El debate refleja tensiones internas en el Ejecutivo, dudas sobre el alcance de la política de “Paz Total” y un creciente escrutinio sobre el mecanismo de sometimiento para actores armados.

Desde su cuenta en la red social X, Angélica Lozano expresó su desacuerdo con la permanencia del proyecto y cuestionó la falta de coordinación entre el presidente y su equipo de gobierno.

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“He exigido en el Senado que retiren la ley de sometimiento. El presidente Gustavo Petro dice que yo ‘me deslicé a la derecha’ por criticar su fallida Paz Total, pero quien se deslizó fue su propio Ministro de Justicia: quien me respondió que están evaluando retirarla. Ese proyecto le da regalos a criminales disfrazados de políticos. ¿Presidente, usted sí habla con sus ministros?”, publicó la legisladora.

El mensaje fue acompañado por la imagen de un documento oficial del Ministerio de Justicia, en el que la cartera reconoce estar “analizando la continuidad del proyecto”. Lozano subrayó en su publicación esa frase del documento, señalando que la gestión de la política de paz enfrenta tensiones y posibles contradicciones al interior del gobierno.

En su declaración, Lozano no solo expone su rechazo a la ley, sino que plantea cuestionamientos sobre la coherencia institucional y la comunicación entre los responsables del Ejecutivo. Para ella, la evaluación en curso revela falta de consenso y genera incertidumbre sobre el verdadero alcance de la política penal hacia organizaciones armadas.

Argumentos y advertencias sobre el proyecto

La legisladora, perteneciente a la Alianza Verde, ha advertido en diversas instancias que la continuación del trámite de la ley representaría un “desacierto institucional y político”, así como “un error histórico con profundas consecuencias jurídicas y para la seguridad nacional”. Así lo manifestó en la carta pública que envió el pasado 24 de noviembre al ministro de Justicia encargado y al ministro del Interior.

A través de ese documento, Lozano argumentó que la política de “Paz Total” perdió legitimidad debido a revelaciones sobre la infiltración de grupos armados ilegales y el presunto uso de las negociaciones como mecanismo para fortalecerse y reorganizar economías ilícitas. Advirtió sobre el riesgo de otorgar ventajas indebidas a estructuras criminales bajo el supuesto del sometimiento voluntario, enfatizando que ninguna paz es viable cuando se beneficia a quienes desafían la institucionalidad.

“Los hechos conocidos demostraron que no fue un camino de desarme ni de sometimiento, sino un escenario penetrado y aprovechado por organizaciones criminales que utilizaron la institucionalidad para fortalecerse. No se trata solo de retirar un proyecto de ley: se trata de poner fin a una política fracasada y corrupta. Ningún proceso puede llamarse paz cuando opera bajo infiltración criminal, cuando otorga ventajas indebidas a quienes utilizan al Estado para expandirse, y cuando pone en riesgo la seguridad nacional”, señaló la senadora en su misiva.

Respuesta del Ministerio de Justicia y límites normativos

La respuesta del Ministerio de Justicia fue enviada a raíz de la solicitud formal de Lozano. En su comunicación, la entidad explicó que el retiro del proyecto enfrenta restricciones normativas, dados los procedimientos legislativos vigentes. Según el Ministerio, “un proyecto de ley podrá ser retirado por su autor, siempre que no se haya presentado ponencia para primer debate y sea de iniciativa congresional. En los demás eventos se requerirá la aceptación de la Comisión o Cámara respectiva”.

El Ministerio señaló que, aunque ya existe ponencia para primer debate y el proyecto no es de iniciativa congresional, “su eventual retiro requiere de la aceptación de la Comisión o Cámara respectiva”. Esta aclaración indica que el proyecto está supeditado al proceso parlamentario en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, donde se decidirá si se mantiene, se modifica o se archiva.

Actualmente, el proyecto cuenta con dos ponencias principales: una a favor de mantener la estructura de sometimiento, que contempla reducciones de penas de hasta el 60%, y otra que propone archivar la iniciativa por consideraciones jurídicas y políticas. Esta última ha sumado apoyos de sectores liberales, independientes y conservadores, perfilando un escenario adverso para el futuro de la ley.

El diseño de la ley y su justificación oficial

En la fundamentación oficial, el Ministerio de Justicia insiste en que el proyecto no reconoce carácter político a las agrupaciones armadas, no contempla amnistías ni indultos, y supedita cualquier beneficio a condiciones verificables como la entrega de bienes, la liberación de secuestrados y la desvinculación de actividades ilícitas. Advierte que el incumplimiento conduciría a la revocatoria de los beneficios y la aplicación del régimen penal ordinario.

La propuesta fue elaborada a través de audiencias públicas y mesas técnicas con instituciones, sociedad civil y víctimas, con el fin de consolidar un enfoque restaurativo en el tratamiento penal. La entidad detalla que se incorporaron veintitrés ajustes tras recibir observaciones del Consejo Superior de Política Criminal y que el eje central del proyecto es garantizar justicia, verdad y reparación para las víctimas.

Contexto de crisis y denuncias sobre negociaciones

Esta discusión se desarrolla en un entorno marcado por denuncias sobre presuntos vínculos entre miembros de las fuerzas armadas, funcionarios de inteligencia y disidencias armadas. Las informaciones conocidas sostienen que las negociaciones de “paz total” pudieron ser utilizadas por organizaciones criminales para ampliar su control territorial, acceder a información reservada y planear crímenes, lo que incrementa la preocupación sobre la continuidad de la legislación para el sometimiento.

Mientras el Congreso define el futuro de la ley, el debate se mantiene abierto y la oposición exige garantías de no repetición, transparencia y protección a la seguridad nacional e institucional.