El sistema de salud colombiano atraviesa una de sus etapas más críticas en décadas y, según la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), el año 2026 podría marcar un punto de no retorno si no se toman medidas urgentes.
Un nuevo análisis financiero de la organización concluye que la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el valor que reconoce el Estado a las EPS por cada afiliado, debe incrementarse al menos 15,6 % para empezar a estabilizar la operación del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Sgsss).
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De no hacerlo, la crisis financiera que ya se evidencia en hospitales, clínicas y aseguradoras podría profundizarse al nivel de comprometer la prestación misma del servicio.
La advertencia llega en un momento en el que el déficit operativo del sistema alcanza cifras históricas.
Según la Andi, para el cierre de 2025 el hueco financiero proyectado llega a $10,2 billones, un monto que, según el gremio, refleja el desequilibrio continuo entre los ingresos que reciben las EPS y los gastos que deben asumir para garantizar la atención de los usuarios.
La situación se ha venido agravando desde hace al menos cuatro años.
En su comunicado del 11 de diciembre de 2025, la Vicepresidencia de Salud de la Andi señala que “la crisis de financiamiento sigue siendo profunda” y que, tras un análisis detallado de la información financiera del Sgsss, concluyeron que es indispensable un ajuste significativo de la UPC para el próximo año. “Se requiere un incremento mínimo de 15,6 % en la UPC para empezar a estabilizar la operación corriente del sistema”, advierte la entidad.
Uno de los indicadores que mejor ilustra la magnitud del problema es la siniestralidad de la UPC, es decir, la relación entre los gastos en atenciones de salud y los ingresos recibidos por las EPS.
Según la Andi, la siniestralidad ha sido “superior al 99 % desde 2021 y por encima del 100 % desde 2022”, una tendencia que ha dejado a las aseguradoras operando permanentemente en números rojos.
Para el cierre de 2025, la organización proyecta una siniestralidad del 105,9 %, lo que implica que por cada $100 que ingresan al sistema, las EPS deben gastar casi $106 únicamente en atención médica. Y eso sin incluir los costos administrativos necesarios para el funcionamiento mínimo de las entidades.
“El sistema está gastando más de lo que recibe”, señala de manera contundente la Andi en el comunicado, donde agrega que esta realidad ha obligado a las EPS a asumir déficits crecientes que ya no pueden sostener.
La insuficiencia de la UPC —que según la organización viene arrastrándose desde hace varios años— es, a su juicio, uno de los detonantes principales de la crisis que afecta no solo a las aseguradoras, sino también a hospitales, clínicas, proveedores y, en última instancia, a los pacientes.
Esta no es la primera vez que el gremio empresarial hace un llamado de alerta. Ya en 2024, la Andi advirtió que la UPC para 2025 debía incrementarse al menos 16,9 % para evitar un déficit significativo.
En ese momento, aseguró que si el ajuste se limitaba a igualar la inflación, el sistema enfrentaría un hueco de $9,8 billones. Esa proyección, según insisten, fue exacta. “Eso demuestra que nuestros cálculos eran acertados”, señala el comunicado.
La Corte Constitucional respaldó posteriormente ese diagnóstico. Mediante el Auto 007 de 2025, reconoció la insuficiencia de la UPC de 2024 y ordenó al Ministerio de Salud realizar los ajustes técnicos necesarios para corregir el rezago acumulado y establecer una base adecuada para los cálculos futuros. Para la Andi, este reconocimiento del alto tribunal constituye una prueba de que el problema no es coyuntural, sino estructural.
Para la Andi, lo que está en juego es la continuidad del modelo de aseguramiento en salud. Si no se garantiza un flujo de recursos suficiente, advierte, la atención a los usuarios podría verse comprometida. El llamado es claro: el país no puede esperar a que el sistema colapse para tomar las medidas que hoy se consideran urgentes e inaplazables.
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