El Congreso de Colombia inscribe candidatos investigados por corrupción: manchados los partidos Conservador, Liberal, de la U, ASI y Pacto Histórico

Varios candidatos investigados al Congreso de Colombia, entre ellos, actuales legisladores y exsenadores, han formalizado su inscripción para las próximas elecciones legislativas pese a estar bajo investigación judicial por presuntos actos de corrupción y otras irregularidades.

Esta situación, documentada por El Tiempo, ha generado controversia y cuestionamientos sobre la idoneidad de sus candidaturas, en un contexto donde la transparencia y la integridad del proceso electoral se encuentran bajo la lupa.

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El fenómeno de los candidatos investigados no se limita a un solo partido o tendencia política.

Las listas de aspirantes a la Cámara y al Senado incluyen figuras de los partidos Conservador, Liberal, Pacto Histórico, Alianza Social Independiente (ASI) y la U.

Mientras algunos sectores centran la atención en la presencia de personalidades mediáticas o familiares de expresidentes, en el Gobierno y en la opinión pública el foco está puesto en quienes enfrentan procesos judiciales o han sido señalados en investigaciones recientes.

Uno de los primeros en manifestar su preocupación fue Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Carrillo calificó como “vergüenza para el país” la inscripción de cuatro congresistas señalados de participar en el presunto desfalco a esa entidad.

En declaraciones recogidas por El Tiempo, Carrillo mencionó directamente a Elías Chagüi (la ‘U’), Martha Peralta (Mais), Wadith Manzur (Conservador) y Berenice Bedoya (ASI), todos ellos actualmente en el centro de la polémica.

El caso de Wadith Manzur, representante a la Cámara que aspira a un escaño en el Senado, es uno de los más destacados. La Corte Suprema lo investiga por supuestas presiones a una exasesora del Ministerio de Hacienda para favorecer contratos de interés personal.

Manzur defendió su posición ante El Tiempo: “La justicia tiene todo el derecho de investigar, y en este país hay algo que se llama presunción de inocencia, que es la que de alguna manera han querido destruir muchos actores de la vida pública”. Además, subrayó que no existen acusaciones directas de apropiación indebida en su contra y cuestionó la veracidad de los testimonios que lo involucran.

Martha Peralta, senadora del partido Mais, también figura entre los señalados por presunta intervención en la asignación de contratos de la Ungrd relacionados con maquinaria y programas sociales.

Peralta respondió a las acusaciones en diálogo con El Tiempo: “Si el director (Carlos Carrillo) tiene algo que decir, que lo diga, no tengo nada que temer, mi actuar ha sido transparente. A él también lo mencionan los hoy responsables de la Ungrd”.

Por su parte, Berenice Bedoya, senadora de la ASI, negó tener investigaciones formales abiertas y atribuyó los señalamientos a intentos de desviar la atención de otros problemas: “Ni siquiera me han abierto investigación. Creo que se trata de un intento por tapar sus propios errores”. Bedoya afirmó que continuará con su aspiración al Senado y que, en caso de ser requerida, colaborará con las autoridades.

Elías Chagüi, aspirante del partido de la ‘U’, fue señalado como supuesto intermediario en el esquema de corrupción de la Ungrd. Chagüi cuestionó la autoridad moral de quienes lo acusan y criticó la gestión de Carrillo: “Él no es juez de nadie, creen que la justicia se mide en likes”, declaró a El Tiempo.

Otro caso relevante es el de David Barguil, exsenador y cabeza de lista del Partido Conservador al Senado. La Corte Suprema lo investiga por presuntas gestiones indebidas ante el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) para favorecer contratos en la alcaldía de Galeras, Sucre, entre 2017 y 2018.

Su abogado, Darío Bazzani, explicó al medio mencionado que la etapa de investigación ya concluyó y que la defensa ha presentado pruebas para desvirtuar los señalamientos: “Estamos a la espera de que la Sala de Instrucción tome una decisión”. Bazzani recalcó que la existencia de una investigación no impide la inscripción ni la elección de su cliente.

En el caso de John Besaile, senador de ‘la U’ y hermano del exsenador condenado Musa Besaile, las investigaciones se centran en presunta falsedad ideológica en documento público durante su gestión como secretario del Interior de Córdoba, así como en el supuesto desvío del cauce de una ciénaga para beneficio propio.

Carlos Gómez Pajeau, abogado de Besaile, indicó a El Tiempo que ya se presentaron pruebas de descargo y que esperan una sentencia favorable: “Estamos a la espera de que se dicte sentencia, pero todo apunta a la absolución”.

Gómez Pajeau sostuvo que ningún proceso en curso representa una inhabilidad para que Besaile aspire nuevamente al Congreso, ya que una eventual condena en primera instancia no sería definitiva.

Wilmer Carrillo, senador investigado por presuntamente solicitar sobornos en la contratación del hospital de Ábrego, Norte de Santander, también figura entre los candidatos cuestionados. Su abogado, Oswaldo Medina, señaló que el caso sigue en etapa de investigación y que, respecto a otras menciones en testimonios relacionados con hechos de corrupción en Invías, no se ha abierto ninguna investigación formal.

Pedro Flórez, senador del Pacto Histórico, fue llamado por la Corte Suprema a rendir versión libre por presunta financiación irregular de su campaña. Flórez aseguró al medio mencionado que no enfrenta ningún proceso que le impida postularse:

“En mi caso, no estoy inhabilitado, pues no estoy ni indiciado, ni imputado, y mucho menos condenado por ningún proceso al que pueda estar vinculado y mucho menos por financiación indebida de campaña”.

Los abogados defensores y los propios candidatos insisten en la presunción de inocencia y en la legalidad de sus candidaturas. Argumentan que, mientras no exista una condena en firme, no hay impedimento jurídico para participar en las elecciones.