La seguridad en las cárceles colombianas vuelve a estar bajo cuestionamiento tras la fuga de Dairo Arcadio Zapata Mazo, un hombre condenado a 35 años de prisión por delitos graves, entre ellos extorsión, secuestro, desaparición forzada y concierto para delinquir.
El escape ocurrió el 8 de diciembre en la Cárcel y Penitenciaría con Alta y Media Seguridad La Paz, ubicada en Itagüí, según informó el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia (Inpec) a medios como RCN y Noticias Caracol.
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Zapata Mazo estaba recluido en el pabellón número dos del centro penitenciario, considerado de máxima seguridad, lo que ha encendido las alarmas sobre posibles fallas en los protocolos y posibles complicidades de funcionarios internos.
Tras detectarse su ausencia, las autoridades activaron inmediatamente los protocolos de búsqueda y coordinación con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.
El prontuario de Zapata Mazo evidencia su peligrosidad y el impacto de sus crímenes en distintas regiones del país. Su condena más reciente, por treinta y cinco años de prisión, se suma a antecedentes por secuestro y extorsión, lo que convierte su fuga en un riesgo significativo para la seguridad ciudadana.
Las autoridades han advertido que no descartan la participación de terceros dentro de la institución, por lo que las investigaciones buscan esclarecer si existió colaboración interna.
La fuga en Bogotá
El episodio en Itagüí se suma a otro caso ocurrido el mismo fin de semana en Bogotá, donde Pedro David Nieves Mosquera logró escapar de la cárcel La Picota mediante la modalidad conocida como “cambiazo”.
Según las autoridades, el recluso, condenado a 28 años de prisión por secuestro extorsivo y hurto calificado, intercambió su lugar con un visitante identificado como Alexander Marulanda Ríos, quien permaneció retenido mientras Nieves Mosquera abandonaba el penal haciéndose pasar por él.
Marulanda Ríos se presentó inicialmente como supuesto tío del recluso, pero luego reconoció no tener ningún vínculo familiar. Actualmente permanece bajo custodia y enfrenta un proceso de judicialización por suplantación y posible favorecimiento de fuga.
El director de La Picota, mayor (r) Horacio Bustamante, señaló que el escape fue posible por un error humano en la verificación de huellas dactilares, a pesar de que las cámaras de seguridad habían registrado el procedimiento.
El método del “cambiazo”, que no se registraba en el Inpec desde hace más de veinte años, resalta las vulnerabilidades del sistema penitenciario colombiano y la necesidad de reforzar los protocolos de seguridad en centros de alta seguridad como La Picota.
Nieves Mosquera no era desconocido para las autoridades. En 2023, tras cumplir más de ocho años de condena en la Cárcel Modelo de Bogotá, fue recapturado minutos después de recuperar su libertad.
Entre sus antecedentes se encuentra un secuestro en Sáchica, Boyacá, donde, junto a cómplices, mantuvo a una víctima retenida durante nueve horas, exigió las claves de sus tarjetas bancarias y sustrajo bienes por un valor aproximado de 60 millones de pesos. Las autoridades continúan investigando ambos casos y evaluando medidas para evitar que modalidades como el “cambiazo” se repitan en el sistema carcelario colombiano.
Una recurrencia que preocupa
Entre los casos recientes se encuentra la fuga de un interno de la cárcel de San José del Guaviare, quien aprovechó la calamidad pública por la ola invernal para escapar mientras participaba en labores humanitarias bajo custodia de dragoneantes.
Asimismo, la Procuraduría ha investigado a funcionarios de distintos centros de reclusión por presunta colaboración en fugas, como ocurrió con Javier Redondo Herrera, del centro Rodrigo de Bastidas en Santa Marta, implicado en la fuga de Farid Andrés Zúñiga en 2023.
El Inpec ha reforzado los operativos de búsqueda en todo el país y mantiene estrecha coordinación con las autoridades judiciales para recapturar a los prófugos y esclarecer posibles fallas internas que faciliten estos hechos.
Especialistas en seguridad señalan que estas fugas evidencian la necesidad de modernizar los protocolos, incrementar la vigilancia y garantizar la transparencia en la operación de los centros penitenciarios.
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