
La crisis del sistema de salud en Colombia y la gestión del gobierno de Gustavo Petro se convirtieron en el eje central de las críticas de la precandidata presidencial Vicky Dávila, que calificó la administración actual como “nefasta” y responsabilizó directamente al Ejecutivo de haber deteriorado gravemente la atención médica en el país.
A su vez, advirtió que, de continuar la situación, millones de personas seguirán sin acceso a medicamentos esenciales, lo que pone en riesgo la vida de pacientes con enfermedades crónicas y graves.
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Dávila detalló que, bajo su eventual mandato, se implementará una comisión independiente para fijar la Unidad de Pago por Capitación (UPC), con el objetivo de garantizar que los recursos asignados por paciente sean suficientes y estén libres de intereses políticos o empresariales.
“Lo que nosotros vamos a hacer es crear una comisión independiente, como el Banco de la República, que no obedezca al Gobierno y sus intereses, ni tampoco a los intereses de los empresarios, que se encargue de fijar esa UPC de manera técnica, con suficiencia, pero finita”, afirmó la periodista en entrevista con Semana.

Otra de las propuestas de Dávila está orientada a que las Entidades Promotoras de Salud (EPS) que no cumplan con los estándares de servicio sean liquidadas, mientras que las mejores permanezcan en el sistema, bajo un modelo de aseguramiento mixto.
La candidata presidencial también se refirió a la deuda acumulada por las aseguradoras con clínicas y hospitales, señalando que el peor desempeño financiero corresponde a las entidades intervenidas por el gobierno de Gustavo Petro.
Según Dávila, la insuficiencia de la UPC ha impedido que se realicen los pagos necesarios, lo que ha agravado la crisis. En este contexto, planteó la necesidad de una auditoría para determinar el monto real de la deuda y propuso alternativas como el pago con títulos, subastas inversas, ahorro programado o la venta de bienes estatales, siguiendo algunas de las ideas del exministro de Hacienda José Manuel Restrepo.

En su diagnóstico, Dávila responsabilizó a la exministra Carolina Corcho, al que denominó “doctora muerte”, y al presidente Petro de haber asfixiado el sistema de salud. “El sistema fue víctima de la doctora muerte, la doctora Carolina Corcho, que estuvo por aquí, y del presidente Petro. Asfixiaron el sistema, lo acabaron a su manera. No lo pudieron hacer a través de la reforma, entonces hubo una asfixia mecánica de la cual la doctora muerte se vanagloriaba en su momento porque lo estaban planeando y lo ejecutaron. Entonces, el sistema no funciona, hay millones de personas que no tienen sus medicamentos. No hay citas, no hay procedimientos, es un caos y la deuda cada vez es más grande”, declaró al medio citado.
Entre sus proposiciones inmediatas, Dávila aseguró: “Lo primero que vamos a hacer cuando lleguemos el 7 de agosto de 2026 al Gobierno es que va a quedar solucionado el tema de los medicamentos. Como presidenta de Colombia me voy a encargar de pagarles a las farmacéuticas para que nunca más un colombiano vuelva a mendigar los medicamentos en una ventanilla. Las personas diabéticas, cardíacas, con problemas hepáticos, los que tienen tensión alta, cáncer, VIH o enfermedades huérfanas o renales están en peligro de muerte. O sencillamente están dejando de comer para poder comprar los medicamentos”.

Y agregó: “Conocí el caso de un señor que se reúne con otros pacientes con problemas renales, compran una cajita de pastillas y se la reparten para evitar estar todo el mes sin el medicamento. Eso es una infamia. No sabemos hoy cuántas personas en realidad se han muerto porque no les han dado los medicamentos. Cuando sea presidenta, voy a destapar esa dolorosa verdad. Los únicos responsables van a ser los de este Gobierno corrupto”.
Dávila también prometió fortalecer la vigilancia estatal y la transparencia en el sector salud. “Nosotros vamos a sacar a esas EPS que no sirven y vamos a tener un Estado leal con sus obligaciones, vigilante, que cuide cada peso de la salud de los colombianos, que cumpla con sus obligaciones y que ponga las reglas. Y van a regresar los técnicos, tienen que volver al Invima, al Ministerio de Salud, a todo el Gobierno. La Superintendencia de Salud no puede ser una policía política, tiene que ser más decente que los decentes, vigilar cada peso y hay que tener una política farmacéutica de compras centralizadas”, explicó.
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