
Colombia atraviesa una de las crisis del gas en Colombia más graves de los últimos años, tras la entrada en vigor de nuevos contratos de gas natural desde el 1 de diciembre de 2025. El aumento abrupto en los precios del gas natural, resultado de la expiración de acuerdos previos a bajo costo y la creciente necesidad de importación de gas, ya afecta a millones de hogares, así como a sectores industriales y de transporte. Frente a este escenario, el Gobierno de Gustavo Petro anunció un paquete de medidas urgentes para estabilizar las tarifas y proteger a los usuarios más vulnerables.
La raíz de la crisis se encuentra en la pérdida de autosuficiencia gasífera que el país experimentó desde diciembre de 2024, cuando se volvió a importar luego de 40 años sin hacerlo. Según el profesor e investigador Sergio Cabrales, “hace un año perdimos la autosuficiencia para el mercado que no es térmico”, lo que obligó a Colombia a importar volúmenes cada vez mayores para abastecer la demanda nacional. Hasta noviembre de 2025, el mercado funcionó con contratos de gas a precios de entre USD4 y USD5 por millón de BTU.
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El experto explicó a Mañanas Blu que la situación cambió de manera drástica cuando el 75% de esos contratos expiró el 30 de noviembre, siendo reemplazados por acuerdos con precios locales de entre USD10 y USD12 por millón de BTU, y hasta USD14 por millón de BTU para el gas importado. “Los contratos de gas barato se acabaron”, enfatizó el investigador, lo que dejó a los consumidores con opciones considerablemente más costosas.
La variación de precios no es uniforme en todo el territorio nacional. Datos de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas) indican que el 20% del gas consumido en 2024 fue importado, con un 12% destinado a la generación eléctrica y un 8% a hogares, comercios y vehículos. Desde diciembre de 2024, la insuficiencia de producción local obligó a ampliar la importación para abastecer tanto a usuarios domésticos como industriales.
Las proyecciones señalan que el déficit de gas nacional en firme podría alcanzar el 26% en 2026, lo que incrementa la presión sobre los precios y la seguridad del suministro.
La solución urgente del Gobierno
Ante la gravedad de la situación, el Ministerio de Minas y Energía anunció un paquete de 20 medidas urgentes y estructurales para estabilizar los precios y proteger a los sectores más afectados. El ministro Edwin Palma afirmó: “Nuestro objetivo es claro: proteger a los hogares colombianos, a los pequeños negocios y a quienes más están sintiendo el impacto del incremento en el precio del gas”. Entre las acciones inmediatas, se encuentra la expedición de una resolución que obliga a que toda nueva oferta de gas nacional se contrate a precio justo y en condiciones transparentes, con el fin de evitar aumentos injustificados en las tarifas.
Palma resaltó que “no vamos a permitir que la especulación marque el rumbo del mercado del gas. Las decisiones las tomamos con datos oficiales y verificados con el Gestor del Mercado, porque las políticas públicas se construyen con información, no con rumores ni titulares de prensa”.

Además, el Gobierno solicitó el acompañamiento de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Superintendencia de Industria y Comercio para vigilar el mercado y sancionar irregularidades. También se convocó a productores y comercializadores para implementar acciones de supervisión que garanticen que las medidas beneficien directamente a los usuarios finales. El ministro destacó el compromiso de brindar tranquilidad a taxistas, pequeños comercios, familias de bajos recursos y otras poblaciones que dependen del gas para su vida diaria y laboral.
Decisiones regulatorias son clave
Frente a esto, el ingeniero eléctrico David Felipe Celeita, docente de la Universidad de la Sabana, analizó las causas profundas y coyunturales de la crisis. Según explicó, el país enfrenta un declive de las reservas probadas de gas, que al cierre de 2024 alcanzaban apenas 5,9 años de consumo estimado. Señaló que “las decisiones regulatorias, fiscales y de licenciamiento han generado incertidumbre en el sector exploratorio: la reducción de incentivos fiscales en hidrocarburos, falta de otorgamiento de nuevas licencias de exploración, e incrementos de riesgo para los inversionistas”.
A esto se suma una caída importante en la producción nacional de gas, con una reducción del 18,5% en junio frente al año anterior, lo que forzó la importación a partir de diciembre de 2024.
El docente también advirtió que el mantenimiento programado en la regasificadora del Caribe y la demora en la expansión de infraestructura clave agravaron el desabastecimiento. “El país está enfrentando una caída significativa en la producción nacional de gas que obligó a importar gas a partir de diciembre de 2024”, explicó al añadir que la falta de infraestructura adecuada y la lentitud en los permisos y licencias complican aún más la situación.
Alternativas para superar la crisis
Respecto a las alternativas para superar la crisis, recordó que Colombia cuenta con descubrimientos prometedores en aguas del Caribe, como el proyecto Sirius-2, estimado en unos 6.000 millones de pies cúbicos in place. Sin embargo, advirtió que “los plazos de desarrollo son largos, pues estos bloques requieren permisos ambientales, consultas previas, construcción de infraestructura, perforación, y sólo podrían estar disponibles hacia finales de la década (2029-2030) o incluso más allá”.
Además, la salida de operadores internacionales y la falta de declaración de comercialidad en algunos campos añaden incertidumbre y retrasos.

En cuanto a la posibilidad de exportar gas, el experto detalló que existen retos técnicos importantes “La necesidad de infraestructura que fortalezca toda la cadena de suministro, logística, tecnológica y de transporte (gasoductos, compresión), plantas de regasificación o licuefacción si fuera GNL, conectividad hacia el exterior; además, deben desarrollarse reservas suficientes para generar volúmenes exportables comercialmente”.
Según el ingeniero, muchos campos descubiertos no están conectados a la red o no se declaró la comercialidad, y los tiempos de permisos, licencias y consultas sociales convierten estos proyectos en iniciativas de mediano o largo plazo. “En el corto plazo (uno - tres años) una exportación notable resulta inviable, sobre todo, con la incertidumbre inversionista que se ha generado en los recientes años”, afirmó.
Soluciones propuestas
Entre las soluciones propuestas, Celeita sugirió:
- Agilizar y reducir la incertidumbre regulatoria y fiscal para fomentar la exploración y producción nacional de gas.
- Incrementar y adelantar proyectos de importación de respaldo, como plantas de regasificación e interconexiones, para contrarrestar la brecha mientras maduran los proyectos domésticos.
- Dar prioridad al mantenimiento continuo de la infraestructura de regasificación del Caribe para evitar paros inesperados.
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