La reciente inscripción de Felipe Saruma como candidato a la Cámara de Representantes por el Atlántico, en la lista de Cambio Radical, ha generado un intenso debate sobre la transparencia en el uso de contratos públicos y el papel de los influenciadores políticos en la estrategia electoral local.
Saruma, cuyo nombre real es Andrés Camargo González, es conocido por su amplia presencia en redes sociales, pero carece de experiencia política y de conocimiento profundo del Atlántico.
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Sin embargo, su introducción abrupta a la política no fue la razón por la que hoy es blanco de críticas, sino que le cuestionan su cercanía laboral con el clan Char, una de las familias más poderosas del departamento, sin que lo hiciera público a sus más de cinco millones de seguidores en Instagram, y unos 11 millones en TikTok.
En un video, la creadora de contenido CasiMillenial.co cuestionó al nuevo político, cuestionando su honestidad y la de su casa política. “¿Qué tan mal está la derecha como para buscar candidatos que no tienen trayectoria política, pero arrastran millones de seguidores?”, señaló la influenciadora.
Y es que la inclusión de Saruma en la lista fue una decisión estratégica de la casa Char, que buscaría renovar su base política y atraer votantes jóvenes mediante figuras mediáticas.
El exsenador Fuad Char explicó durante la presentación de los candidatos el 4 de diciembre en la Registraduría de Barranquilla: “Esta fue una idea de Alex, de hacer una reestructuración de los dirigentes políticos de nosotros en el departamento. Y nos metió a todos estos jovencitos”, en referencia a la iniciativa del alcalde Alejandro Char de sumar a Saruma y otros jóvenes a la contienda electoral.
Detrás de la postulación de Saruma se encuentran dos contratos clave con la Alcaldía de Barranquilla, según información revelada por Contratopedia Caribe. El primero, gestionado a través de la agencia Análogo SAS, asciende a $1.554 millones y forma parte de un paquete de casi $3.000 millones destinados a la promoción de la ciudad mediante contenido digital, eventos y actividades dirigidas a públicos específicos.
En este esquema, Saruma comparte protagonismo con otros influenciadores como Juanda Caribe, Iro Ramírez, Jeimison y Giselle León, quienes han sido los rostros visibles de la estrategia digital del tercer gobierno de Alejandro Char. Las actividades incluyen publicaciones en Instagram y TikTok, en las que Saruma aparece junto al alcalde y la gerente de ciudad, Ana María Aljure, promocionando espacios como el Malecón de Rebolo y la Fábrica de la Cultura.
El segundo contrato relevante involucra a la empresa Vertical Soluciones SAS, registrada en Bucaramanga en 2023 y propiedad de Saruma. A través de esta firma, la Alcaldía suscribió el 15 de julio un contrato directo por $600 millones, coordinado por la Secretaría de Desarrollo Económico.
Este acuerdo contempló la convocatoria a un curso digital, un evento presencial para emprendedores y asesorías personalizadas para mejorar ventas en redes sociales. Uno de los eventos más destacados fue el Foro Vertical BAQ: tu marca a otro nivel, realizado el 22 de septiembre en el Pabellón de Cristal del Malecón del Río, que reunió a más de 500 asistentes y contó con la participación de Saruma y otros influenciadores.
La estrategia del charismo de apostar por influenciadores y marketing digital ha transformado la manera en que la Alcaldía de Barranquilla comunica sus proyectos y actividades.
Según Contratopedia Caribe, el gobierno local ha reducido la inversión en medios tradicionales para priorizar la presencia digital, utilizando a figuras como Saruma para posicionar obras y eventos oficiales. A diferencia de los influenciadores contratados por el gobierno nacional, los de Barranquilla no abordan temas políticos de manera explícita, sino que generan contenido humorístico y promocional junto a las autoridades locales.
Este modelo ha generado un debate sobre la transparencia y la ética en la relación entre influenciadores y entidades públicas. Ni Saruma ni el resto de los contratados han informado a sus audiencias sobre la naturaleza comercial de sus publicaciones, ni han respondido a preguntas sobre los montos recibidos o la falta de divulgación de estos acuerdos.
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