Exmilitares confiesan ante la JEP 589 falsos positivos, una casa de secuestro y asesinatos incluso de familiares en Antioquia

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) vivió uno de los momentos más estremecedores desde el inicio de los procesos por ‘falsos positivos’ en Antioquia, tras escuchar los testimonios de exintegrantes del Ejército que confesaron crímenes cometidos incluso contra miembros de sus propias familias y revelaron la existencia de una casa utilizada como centro de retención antes de las ejecuciones.

En total, cuarenta exmilitares y dos civiles reconocieron su participación en el asesinato y la desaparición forzada de al menos 589 personas entre 2002 y 2007, presentadas ilegalmente como bajas en combate por unidades adscritas a la IV Brigada.

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Las confesiones dejaron al descubierto un patrón sistemático de engaño, secuestro y montaje de operaciones militares que operó durante años en distintas subregiones del departamento.

Uno de los relatos más impactantes fue entregado por Juan Carlos Quiroz, exsegundo comandante del Batallón de Artillería N.º 4 entre 2001 y 2004, que describió el funcionamiento de una vivienda conocida como la “Casa Estudio”, ubicada entre los municipios de Granada y El Santuario.

Según su testimonio ante la JEP, ese lugar era utilizado para retener ilegalmente a habitantes de calle y personas en extrema vulnerabilidad, quienes eran contactadas en sectores marginales de Medellín mediante falsas ofertas de trabajo.

Una vez trasladadas a la vivienda, permanecían allí entre cuatro y cinco días. Durante ese tiempo recibían alimento, les cambiaban la ropa y, en uno de los aspectos más perturbadores de la revelación, incluso les enseñaban a disparar armas para que luego pudieran ser presentadas como combatientes.

Después, eran llevadas a zonas rurales del oriente antioqueño, donde se simulaban enfrentamientos y se ejecutaba a las víctimas para reportarlas como resultados operacionales.

Otro testimonio clave fue el de Andrés Mauricio Rosero, que se desempeñó como comandante de pelotón entre 2002 y 2004.

Rosero explicó ante los magistrados cómo se construían los falsos reportes de combate para cumplir con las cuotas de bajas exigidas por los mandos superiores.

Admitió que en varios casos se fingieron enfrentamientos con la guerrilla para justificar las muertes. Reconoció también que nunca existió verificación de inteligencia sobre las personas asesinadas y que las decisiones se tomaban únicamente con base en señalamientos de guías.

Rosero fue categórico al señalar que, en ese momento, lo único que importaba era presentar resultados.

Reveló que cumplir con las cuotas de bajas permitía acceder a beneficios dentro del Ejército, lo que terminó convirtiéndose en una presión constante para producir muertos, sin importar si las víctimas tenían o no vínculos con grupos armados ilegales.

Uno de los momentos más sobrecogedores de la audiencia se produjo cuando un exmilitar confesó haber participado en el asesinato de dos integrantes de su propia familia por órdenes de sus superiores. Entre las víctimas estaba su primo.

En medio del reconocimiento de responsabilidad, expresó que esos hechos no solo acabaron con la vida de dos jóvenes, también destruyeron para siempre los lazos de confianza y sangre dentro de su familia, un daño que, según dijo, jamás podrá ser reparado.

La JEP documentó que los crímenes se cometieron en distintas subregiones de Antioquia, entre ellas Oriente, Norte, Nordeste, Valle de Aburrá, Suroeste y Occidente.

Las investigaciones establecieron que al menos 589 personas fueron asesinadas en este patrón criminal.

De ese total, 228 también fueron víctimas de desaparición forzada y 41 sufrieron torturas antes de morir. Los hechos han sido atribuidos a seis batallones adscritos a la Cuarta Brigada del Ejército Nacional.

Para los familiares de las víctimas, las audiencias han significado un golpe emocional, pero también una oportunidad para conocer la verdad sobre lo ocurrido con sus seres queridos.

Muchos de ellos escucharon por primera vez cómo fueron engañados, retenidos y ejecutados sus familiares, mientras eran presentados ante el país como supuestos combatientes abatidos en operaciones legítimas.

No obstante, junto con el reconocimiento de responsabilidad, persisten los reclamos de sanciones proporcionales, garantías de no repetición y acciones reales de reparación.

Varias organizaciones de víctimas han advertido que la verdad, aunque necesaria, no es suficiente si no va acompañada de justicia efectiva.

La JEP anunció que la segunda fase de estas audiencias de reconocimiento se realizará en Medellín entre el 15 y el 17 de diciembre de 2025. En esa etapa, los comparecientes deberán reconocer los crímenes cometidos en el Valle de Aburrá, el occidente y el norte del departamento, correspondientes al periodo entre 2004 y 2007.

Mientras tanto, las confesiones sobre la ‘Casa del Terror’, los falsos combates y los asesinatos dentro de las propias familias vuelven a poner en evidencia la profundidad del daño causado por los ‘falsos positivos’, una de las páginas más oscuras del conflicto armado en Antioquia y en el país.