El debate sobre el futuro del sistema pensional en Colombia ha cobrado nueva fuerza tras la publicación de un proyecto de decreto del Ministerio de Hacienda que, según voces críticas, podría alterar de manera profunda la estructura que sostiene los ingresos de millones de trabajadores en su retiro.
En este contexto, la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal expresó su rechazo frontal a la iniciativa, advirtiendo sobre sus posibles consecuencias para la estabilidad de quienes dependen del seguro previsional en casos de invalidez o fallecimiento.
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Desde su cuenta de X, Cabal calificó la propuesta como una amenaza directa. “El proyecto de decreto publicado por el Minsiterio de Hacienda es un atentado contra los derechos adquiridos de los trabajadores y una amenaza directa a la sostenibilidad del sistema pensional”, afirmó la senadora.
La funcionaria fue más allá al cuestionar la legitimidad del Gobierno para intervenir en los fondos de pensiones, señalando que: “Un gobierno que no combate la corrupción y que despilfarra los recursos públicos no puede pretender ahora meterle la mano al ahorro legítimo de los colombianos”, agregó la funcionaria.
En su pronunciamiento, la senadora destacó la importancia de la gestión eficiente y honesta de los recursos, advirtiendo sobre los riesgos de una administración deficiente: “No hay ahorro que alcance si el que administra es corrupto e ineficiente”, sostuvo María Fernanda Cabal.
Unos 20 millones de trabajadores tendrían problemas con su pensión
Un posible cambio regulatorio del Ministerio de Hacienda podría afectar a 20 millones de trabajadores en Colombia, según advirtió Asofondos.
El proyecto de decreto, actualmente en discusión, modificaría las reglas del “deslizamiento del salario mínimo”, lo que pondría en riesgo la cobertura del seguro previsional, un mecanismo que protege frente a la invalidez o el fallecimiento.
El análisis de Asofondos y Fasecolda indica que la reforma limitaría de manera considerable el monto de las pensiones, incluso para quienes han acumulado un capital elevado.
El documento señala que, bajo la normativa vigente, una persona con $446 millones podría recibir una pensión promedio superior a $1.800.000. Con la nueva regulación, ese mismo trabajador solo accedería a una pensión equivalente al salario mínimo, es decir, $1.423.500, lo que representa una reducción cercana al 30%.
Los gremios sostienen que la principal fuente de financiación de las pensiones de invalidez y sobrevivencia, el seguro previsional, dejaría de ser viable, lo que afectaría el acceso a la pensión de cerca de veinte millones de afiliados al Régimen de Ahorro Individual (Rais). “Afectará la capacidad de pensionarse.
Además, comprometerá la cobertura del seguro previsional frente a los riesgos de invalidez y sobrevivencia, dejando sin protección a millones de trabajadores y pensionados”, advirtieron los voceros gremiales.
Gustavo Morales, presidente de Fasecolda, advirtió a El Tiempo que la medida dificultaría el acceso a una pensión mínima vitalicia y reduciría la cantidad de trabajadores que pueden asegurar un ingreso de por vida.
Por su parte, Andrés Velasco, presidente de Asofondos, subrayó: “Si no hay quien ofrezca este seguro por el alto aumento en los costos, millones de afiliados quedarán desprotegidos en momentos de mayor vulnerabilidad”.
El informe conjunto de Asofondos y Fasecolda enfatiza que la disminución de las pensiones no responde a cambios en el esfuerzo de ahorro ni en la historia laboral de los afiliados, sino que es consecuencia directa de la nueva regulación.
Los gremios solicitaron al Gobierno Nacional la apertura de espacios técnicos para discutir las implicaciones del proyecto y mitigar sus efectos negativos sobre las pensiones y el aseguramiento de los trabajadores, que al día de hoy cuentan con una pensión con todos los requerimientos legales hasta el moemnto establecidos.
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