El presidente Gustavo Petro abrió el viernes 5 de diciembre un nuevo frente de cuestionamientos alrededor de actuaciones de la Fiscalía en Medellín y de un reciente informe periodístico. En una serie de mensajes publicados en su cuenta de X, el mandatario aseguró que existiría “una componenda contra el gobierno” en fiscalías de Medellín, las cuales, según dijo, responderían a una línea política asociada a las administraciones de Medellín y Antioquia.
Petro afirmó que durante el ascenso del curso 98 a subtenientes de las Fuerzas Aéreas Colombianas expuso que desde esas fiscalías “se ofrecía libertades a cambio de atacar oficiales del ejército que no han congeniado con irregularidades de algunos oficiales que destacamos en el departamento de Antioquia y luego retiré”. En ese punto insistió en que, “no pueden haber oficiales del ejército en connivencia con la extracción ilícita del oro, y menos permitir que con esos dineros ilícitos se financie un nuevo paramilitarismo”.
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El mandatario también dirigió señalamientos al periodista Ricardo Alarcón, al asegurar que, “por razones de ética”, este debe admitir que visitó una cárcel con una autorización de una fiscal de Medellín, “autorización que no debió haber hecho”, para recibir una carta de un preso que “ataca a funcionarios actuales de la fuerza pública y miembros del gobierno”.
En su publicación, Petro precisó que el reo en cuestión es alias primo carro o primo sangre, integrante del EMC, y aclaró que “no fué capturado en la operación del ejército de hace 16 meses, sino recientemente”. Según sus palabras, a este detenido “le han ofrecido libertad de su cárcel solo si nos ataca”, un hecho que, dijo, debería ser investigado por la fiscal de Medellín, “pero no hace”.
El presidente añadió que pidió a los medios evitar involucrar a oficiales que, asegura, son inocentes: “Dije que si la prensa me quería atacar, no dañaran el buen nombre de oficiales inocentes de la fuerza pública”. En su mensaje también mencionó a un exgeneral “muy relacionado con la fiscal de Medellín” y a quien él retiró. Según Petro, “lo acusa la ciudadanía de tener vínculos en negocios de compra ilícita de oro”.
Finalmente, el jefe de Estado envió un mensaje directo a Caracol TV: “Ojalá Caracol TV no vuelva a caer en esas trampas”. Agregó que autorizó a las personas aludidas en el informe del canal a instaurar denuncias penales y civiles.
General Huertas fue salpicado por posible vínculo a ejecuciones extrajudiciales
Durante las sesiones de reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Granada, Antioquia, varios exintegrantes de la IV Brigada mencionaron al general Juan Miguel Huertas mientras relataban cómo operaron las ejecuciones extrajudiciales en la región entre 2002 y 2003. Aunque Huertas no hacía parte de los citados, los comparecientes aseguraron que, cuando era capitán y oficial de operaciones del Batallón de Artillería N.º 4, habría participado en dinámicas que facilitaron los falsos positivos.
Uno de los testimonios más contundentes fue el del exteniente Edwin Toro, que afirmó: “Cuando el capitán Huertas me insinuó que debía asesinar a alguien, le dije que no”. Otro de los militares señaló que Huertas no solo presionaba por presentar bajas, sino “también entregaba las armas” utilizadas para montar escenas de combate.
Estos señalamientos surgen mientras el general enfrenta otro proceso, relacionado con presuntas filtraciones de información a la disidencia de alias Calarcá. Aunque ambos casos corresponden a investigaciones distintas, la coincidencia de cuestionamientos aumentó la atención pública sobre su trayectoria militar.
La JEP tomó nota de los testimonios, pero aclaró que deberán ser contrastados con documentos y otras versiones antes de establecer responsabilidades. Las audiencias también evidenciaron nuevamente el funcionamiento de un sistema que, según los exmilitares, premiaba la presentación de bajas y castigaba la ausencia de resultados, creando condiciones que facilitaron la comisión de ejecuciones extrajudiciales.
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