Organizaciones que representan a víctimas de las protestas del paro nacional de 2021 en Cali denunciaron retrasos en el proceso judicial que se adelanta contra tres miembros de la Policía.
DH Colombia y la Asociación para la Investigación y Acción Social (Nomadesc) señalaron que la Fiscalía no ha permitido el inicio de la audiencia preparatoria de juicio, pese a que esta etapa debía comenzar hace más de un año.
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Los acusados son el entonces comandante operativo de Cali, coronel Édgar Vega; el entonces comandante de operaciones especiales, teniente Néstor Mancilla; y el patrullero Wilson Esparragosa. Los tres fueron llamados a juicio en abril de 2022 por su presunta responsabilidad en los homicidios de seis jóvenes y en cuatro ataques con arma de fuego ocurridos durante las jornadas de protesta desarrolladas entre el 28 de abril y el 3 de mayo de 2021 en distintos puntos de la ciudad.
Señalamientos y hechos investigados
Las organizaciones indicaron que las audiencias preparatorias, inicialmente fijadas para el 17 de abril de 2023, han sido suspendidas varias veces. Dichas suspensiones, según los representantes de las víctimas, han ocurrido por solicitudes de aplazamiento elevadas por las defensas de los acusados y por trámites internos en la Fiscalía. La diligencia más reciente, programada para el 4 de diciembre de 2024, tampoco se llevó a cabo.
En su comunicado público, las organizaciones afirmaron que “la Fiscalía mantiene en plena dilación el juicio contra el teniente Néstor Mancilla y el coronel (r) Edgar Vega, oficiales encargados de la respuesta policial en las protestas del Paro Nacional en Cali, en 2021”. Añadieron que la audiencia del 4 de diciembre no se realizó porque la Fiscalía había removido meses atrás al funcionario encargado de la investigación y aún no ha designado a un fiscal delegado para continuar el proceso.
Los oficiales Vega y Mancilla son señalados por presunta omisión en su posición de garantes, debido a que estaban a cargo del control operativo y de la seguridad ciudadana durante las manifestaciones. Vega ejercía como comandante de Seguridad Ciudadana y Mancilla como comandante del Grupo Operativo Especial de Seguridad (Goes). A este caso también fue vinculado el oficial Óscar Daniel Galeano, señalado de participación en los operativos del periodo investigado.
En cuanto al patrullero Wilson Esparragosa, la Fiscalía sostiene que existen elementos de prueba que relacionarían su arma de dotación con el proyectil hallado en el cuerpo de Miguel Ángel Pinto, comerciante fallecido el 29 de abril de 2021 durante las manifestaciones. Según el expediente, ese día se produjeron enfrentamientos entre uniformados y manifestantes en zonas donde operaban unidades policiales que hacían presencia para controlar los disturbios.
Reclamo de las víctimas y solicitud a la Fiscalía
De acuerdo con DH Colombia y Nomadesc, la falta de un fiscal asignado impide que el caso avance hacia la fase de juicio oral. Las organizaciones señalaron que este retraso afecta el derecho de las familias a conocer la verdad y acceder a una administración de justicia en plazos razonables, pues en su pronunciamiento, reiteraron que as víctimas llevan más de tres años y medio esperando la imputación de los oficiales.
El comunicado menciona específicamente que el proceso busca garantizar la dignidad y el derecho a la justicia de las familias de Edwin Villa, Éinar Alexander Lasso, Felipe Peña, José Ambuila, Hárold Rodríguez, Stephanny Betancourt, Leonardo Torijano y Kevin Agudelo, entre otros jóvenes que murieron durante las protestas.
Las organizaciones solicitaron a la Fiscalía designar de manera urgente un fiscal en propiedad para que en febrero de 2025, fecha acordada como nueva programación, pueda realizarse la primera audiencia preparatoria. “Esclarecer la responsabilidad de los funcionarios públicos encargados de proteger a la población civil durante la jornada de protestas en Cali”, señalaron.
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