Colegio donde estudiaba la menor Valeria Afanador ha recibido graves amenazas: “Voy a encenderlo en llamas y quemarlos vivos”

El colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, ubicado en el municipio de Cajicá, enfrenta una situación de tensión por la aparición de graves amenazas anónimas dirigidas a su personal, luego de la reciente desaparición y hallazgo sin vida de la menor Valeria Afanador.

De acuerdo con información proporcionada por el abogado Francisco Bernate a Infobae Colombia, los mensajes intimidatorios han sido recibidos a través de los chats corporativos de la institución, generando alarma entre los directivos y profesores.

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Es importante recordar que el hallazgo del cuerpo de la menor de 10 años, con sidrome de down, se dio por un campesino cerca de las aguas del río Frío en Cajicá, Cundinamarca, el 29 de agosto de 2025, luego de haber desaparecido el 12 del mismo mes en las instalaciones del lugar en horas del descanso.

En los mensajes, el remitente anónimo utiliza un tono violento y acusa directamente a los miembros del colegio de ser responsables de la muerte de Valeria.

Entre las amenazas, se destacan expresiones como: “Voy a encender en llamas a ese colegio y quemarlos vivos a ustedes” y “La muerte de Valeria no quedará impune ante los ojos de Dios y de la vida”.

El contenido de los chats, compartido por Bernate, evidencia la gravedad de la situación y la presión que enfrenta la comunidad educativa.

El abogado, que representa al Gimnasio Campestre Los Laureles, detalló a Infobae Colombia que las amenazas incluyen reiteraciones de insultos y advertencias directas hacia los directivos y profesores, como “cuiden a sus hijos de los directivos y profesores” y “me voy a encargar de que paguen”.

Estas comunicaciones han intensificado el clima de temor en el colegio, que ya se encontraba conmocionado por el trágico desenlace del caso de Valeria Afanador.

Protestas en el Gimnasio Campestre

La ceremonia de clausura escolar en el Gimnasio Campestre Los Laureles se vio interrumpida el sábado 29 de noviembre por un incidente que alteró el ambiente académico y generó preocupación entre los asistentes.

Según la comunicación enviada por la defensa de la institución a la Fiscalía General de la Nación, la irrupción de un grupo de personas, encabezado por Manuel Fabián Afanador Casas y Luisa Fernanda Cárdenas Contreras, padres de Valeria, derivó en una serie de acusaciones públicas y señalamientos.

Durante el evento, los mencionados, acompañados de aproximadamente cuatro personas y dos uniformados, llegaron hasta el colegio portando un megáfono. Desde allí, emitieron mensajes que, de acuerdo con la institución, resultaron ofensivos, intimidantes y estigmatizantes.

Entre las expresiones proferidas, se especificó que se escucharon afirmaciones como “el colegio había asesinado” a su hija, que quienes entraban y salían eran “cómplices de homicidio”, que en la institución “se cometen delitos” y que los niños estaban “rodeados de personas con antecedentes”. Además, calificaron al colegio como “un potrero” y declararon su intención de “destruir al colegio”.

En el manuscrito compartido a este medio de comunicación también aseguraron que la institución estaba quebrada, que había solicitado un crédito de cuarenta millones para ocultar pruebas y arreglar rejas.

En el transcurso del altercado, los manifestantes cuestionaron la seguridad del colegio, aludiendo a incidentes estructurales y acusando a la administración de priorizar intereses económicos y contratar personal sin verificar antecedentes.

Sostuvieron que, en el caso de Diego Orlando Pinzón Perilla y Emily Cifuentes, docentes del colegio, “le iban a echar la culpa al más pendejo” pero lo defendían, y que a la niña “no le daban de comer” según videos que afirmaron poseer.

Así mismo, señalaron que la institución no había respondido a una tutela, que solo buscaba “las pólizas”, que la comunidad educativa encubría un crimen, que existían perfiles falsos en redes sociales para atacarlos y que tenían derecho a verdad, justicia y reparación. Afirmaron, además, que el colegio mentía.

En medio de la confrontación, los manifestantes mencionaron públicamente al abogado Francisco Bernate, señalando que tenía “un periodista de un pasquín” que promovía odio en redes sociales, e insinuaron que las supuestas amenazas que decían recibir dependían de la actuación de los abogados del colegio.

La institución reportó que estas conductas generaron un ambiente de hostigamiento, intimidación y estigmatización hacia estudiantes, padres y personal docente, perturbando el desarrollo normal del evento académico. Según la comunicación, los señalamientos delictivos carecían de fundamento y fueron presentados como hechos ciertos ante una audiencia mayoritariamente compuesta por menores de edad.

El colegio consideró que estas acciones excedieron los límites razonables del derecho a la protesta, especialmente por dirigirse de manera injustificada y desproporcionada contra toda la comunidad educativa.

Ante estos hechos, el Gimnasio Campestre Los Laureles informó que ha solicitado a la Policía Nacional la adopción de medidas para evitar la repetición de situaciones similares. Además, requirió a la Unidad Nacional de Protección (UNP) acompañamiento para la rectora del colegio y pidió a la Fiscalía investigar el origen de las amenazas. La institución también realizó una investigación privada, logrando identificar plenamente a la persona responsable de dichas amenazas y espera que sea judicializada en las próximas horas.