La familia de Alejandro Carranza Medina, un pescador de Santa Marta, Colombia, fallecido durante un bombardeo estadounidense en el Caribe, presentó una denuncia formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), acusando al Gobierno de Donald Trump de haber ordenado un ataque letal fuera del territorio nacional.
Esta acción marca la primera vez que se lleva ante el sistema interamericano de derechos humanos un caso relacionado con los operativos militares de Estados Unidos en la región, según informó The Guardian.
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El incidente ocurrió el 15 de septiembre, cuando Carranza, de 40 años, salió de su hogar en el Caribe colombiano para dedicarse a la pesca en mar abierto.
Días después, su familia identificó la embarcación en llamas, alcanzada por un misil estadounidense, a través de material grabado el día del ataque.
Los allegados sostienen que la lancha mostraba señales de avería y que Carranza no tenía vínculos con el narcotráfico, sino que su actividad diaria era la pesca.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, denunció en octubre que funcionarios estadounidenses “han cometido un asesinato y violado nuestra soberanía en aguas territoriales”, y subrayó que la embarcación colombiana estaba a la deriva con el motor averiado.
A pesar de estas afirmaciones, a Carranza se le vinculó con el robo de más de 200 armas de la fuerza pública en colaboración con grupos criminales. No obstante, la familia insiste en su inocencia y en la naturaleza civil de sus actividades.
A comienzos de noviembre, el presidente Petro se reunió con los familiares de Carranza, incluidos sus hijos y su compañera, y declaró: “Una familia muy pobre, que vive en el barrio más pobre de Santa Marta. No son ni terroristas ni narcotraficantes, Rubio y Trump están completamente equivocados”, según recogió The Guardian.
La denuncia ante la Cidh fue presentada por Dan Kovalik, abogado de Petro, que asumió la defensa del mandatario tras su inclusión en la Lista Clinton. El documento entregado a la Comisión detalla: “El 15 de septiembre de 2025, el ejército estadounidense bombardeó la embarcación de Alejandro Andrés Carranza Medina”.
Además, el texto sostiene que, de acuerdo con numerosos informes periodísticos, Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos, fue responsable de ordenar el bombardeo de embarcaciones como la de Carranza y la ejecución de todos sus ocupantes. El documento añade que Hegseth habría admitido haber dado estas órdenes sin conocer la identidad de las personas atacadas.
Ese mismo día, el presidente Trump anunció en su plataforma Truth Social: “Bajo mis órdenes, las Fuerzas Militares de EE. UU. llevaron a cabo un segundo Ataque Cinético contra cárteles de narcotráfico y narcoterroristas, identificados positivamente y extraordinariamente violentos, en el área de responsabilidad del Comando Sur”.
Kovalik manifestó que buscarán “reparación para la familia” y consideró que esta denuncia representa “un buen primer paso” para frenar lo que califica como una práctica ilegal.
La Cidh, por su parte, expresó el martes 2 de diciembre su preocupación por la serie de ataques letales realizados por Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico Oriental. El organismo recordó que la obligación de proteger el derecho a la vida y garantizar el debido proceso se extiende incluso a operaciones extraterritoriales.
La Comisión instó a Estados Unidos a “abstenerse de emplear fuerza militar letal en el contexto de operaciones de seguridad pública” y subrayó que cualquier muerte causada en estos operativos debe ser investigada de manera pronta, imparcial e independiente.
El organismo también alertó sobre los riesgos asociados al uso de fuerzas armadas en tareas de seguridad pública fuera del territorio nacional, señalando la posibilidad de ejecuciones arbitrarias, falta de rendición de cuentas y debilitamiento de la supervisión civil.
La Cidh reiteró su disposición a mantener el diálogo con Estados Unidos y a ofrecer cooperación técnica para asegurar que las políticas de seguridad y defensa estadounidenses se ajusten a las normas internacionales de derechos humanos.
Según datos recogidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desde principios de septiembre se han registrado más de 20 ataques contra embarcaciones acusadas de transportar droga, con un saldo superior a 80 muertos y sólo tres sobrevivientes.
En defensa de la legalidad de las operaciones, Hegseth afirmó públicamente en X que las acciones militares estadounidenses están “en cumplimiento con la ley de conflicto armado y aprobada por los mejores abogados militares y civiles, a lo largo de toda la cadena de mando”.
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