Arriendo, matrículas, aportes de salud y Soat, entre lo que subiría de precio en 2026 con el aumento del salario mínimo

La instalación formal de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales (Cpcpsl), clave para el aumento del aumento del salario mínimo de 2026 marcó el punto de partida para definir cuáles productos y servicios aumentarán de valor el próximo año de la mano del ajuste salarial anual en Colombia. El debate, en el que participan Gobierno, centrales obreras y empresarios, pone el foco en la indexación de múltiples bienes y servicios cuyo precio se ajusta, total o de manera parcial, en la misma proporción que el salario mínimo legal vigente.

Las discusiones incluyen una propuesta destacada del ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, que advirtió sobre la necesidad de revisar la relación entre el salario mínimo y los costos de la vivienda de interés social (VIS) y la vivienda de interés prioritario (VIP). “La vivienda de interés social y la vivienda de interés prioritario se cuantifican en salarios mínimos y consideramos que el aumento del salario no debería impactar un asunto tan vital para los colombianos”, expresó el funcionario durante la apertura de la mesa.

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Aunque los detalles sobre la lista definitiva de bienes y servicios indexados todavía no están publicados para 2026, existen al menos 60 a 70 bienes, servicios y tarifas ligados al salario mínimo, según un informe de estimaciones del Banco de Occidente conocido por La República.

Entre ellos destacan:

• Matrículas de educación y cursos de formación complementaria.
• Aportes de trabajadores independientes.
• Costos laborales.
• Tarifas de aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena).
• Pensiones mínimas. 

Tarifas públicas que suben

Por su parte, la Universidad de América identificó alrededor de 50 tarifas públicas con una indexación explícita al salario mínimo mensual legal vigente. Germán Eduardo Rodríguez, docente de la institución, explicó al medio que “no todos los aumentos basados en la variación del salario mínimo están reglamentados; algunos precios se fijan de manera espejo, siguiendo los cambios en el salario mínimo”. Esos incrementos, aunque no reflejen una reglamentación directa, replican los efectos en la economía doméstica, tomando como referencia una inflación ya incorporada en las decisiones salariales.

Dentro de los productos y servicios que ya estaban atados al salario mínimo de 2025 figuran:

• Servicio de lavado y planchado de ropa.
• Consultas médicas generales con médico particular.
• Reparaciones en talleres.
• Peluquería.
• Cuidado personal.
• Servicios de cuidado de niños y latonería.

Reglamentados por decretos presidenciales

Al respecto, el profesor de Hacienda y Presupuesto de la Universidad del Rosario Henry Amorocho explicó a La República que estos no cuentan con una norma legal específica, sino que “son reglamentados bajo decretos presidenciales que en reuniones como las que se están haciendo de concertación para la definición del salario mínimo deciden indexar cierto tipo de bienes y servicios tales como multas de tránsito, aportes a salud y pensión, matrículas de educación, medicina prepagada, Soat, pasajes intermunicipales, entre otros”.

Añadió que, dependiendo de los resultados, se podrían desindexar algunos productos en virtud de los acuerdos logrados.

Lo que sube con el IPC

Se debe tener en cuenta que cada año el Ministerio de Hacienda presenta ante la mesa de concertación un estudio sobre los productos indexados al salario mínimo y el peso en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), para facilitar el análisis del impacto inflacionario de estas decisiones.

No todos los cambios de precios en bienes y servicios obedecen a la variación del salario mínimo. En Colombia, otros sectores ajustan sus tarifas usando el IPC como referencia, incluidos:

• Arriendo.
• Bebidas calientes.
• Entradas a cines y teatros.
• Comidas en restaurantes.
• Mantenimiento automotriz.
• Gaseosas.
• Gastos de vivienda propia.
• Paquetes turísticos.
• Servicio doméstico.
• Servicios de comunicaciones y televisión por cable.

El ajuste en los contratos de arriendo, regido por la Ley 820 de 2003, especifica que el canon podrá incrementarse anualmente hasta un límite equivalente al 100% del incremento del IPC registrado el año anterior. La ley exige notificación formal al inquilino para que dicho ajuste tenga validez.

En la coyuntura actual, el centro del debate reside en el porcentaje del aumento salarial. Por ejemplo, el ministro del Interior, Armando Benedetti, adelantó la intención del Gobierno de proponer un ajuste cercano al 11%, algo que respaldan los trabajadores. No obstante, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, señaló que para los empresarios es esencial considerar la inflación causada, la inflación proyectada y la productividad en la definición final, aunque aún se aguarda una propuesta formal de este sector.

El impacto de un incremento de un solo dígito

Teniendo en cuenta la situación, el docente de Economía de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) Iván Montoya dijo a Infobae Colombia que el incremento de un solo dígito en el salario mínimo sería el escenario ideal por las señales de estabilidad macroeconómica que enviaría. Frente a la opinión pública y los mercados, “enviaría un mensaje de parte del Gobierno de compromiso con la estabilidad macroeconómica. ¿En qué sentido? Contribuiría a que la inflación continúe buscando el rango meta y no se aparte como este año, pues empezó a suceder. Eso reduce la presión inflacionaria y entonces se esperaría a que la inflación busque nuevamente el rango meta entre el dos y el cuatro por ciento”.

Según él, este resultado serviría para que el Banco de la República encuentre un contexto propicio para bajar las tasas de interés de referencia, lo que a su vez podría ayudar a consolidar la recuperación de la inversión privada, que ya muestra síntomas de reactivación en algunos sectores.

No obstante, el experto estima que la posibilidad es poco probable en las negociaciones de la concertación salarial. En caso de que los gremios y los trabajadores no lleguen a un acuerdo y el incremento quede bajo discreción del Gobierno, remarca que el Ejecutivo muestra coherencia en la política de mejorar el ingreso de los colombianos que perciben el salario mínimo. “No descartaría que en caso de que el Gobierno sea quien tiene que tomar la decisión, muy seguramente el salario mínimo se incremente en dos dígitos”, advierte.

Riesgos macroeconómicos

La preocupación del docente se enfoca sobre los riesgos macroeconómicos de una subida mayor. Señala la posibilidad de que el salario mínimo, hoy de $1.423.500, pueda ubicarse en $1.800.000, lo que representaría un alza aproximada de 26,45%. Si a este monto se suma el auxilio de transporte, que en la actualidad está en $200.000, la base salarial mensual de los trabajadores sería casi de $2.000.000, a la espera de un ajuste adicional en ese subsidio.

Al respecto, el economista advierte que ese escenario puede tener consecuencias nefastas para la estabilidad macroeconómica porque puede generar de nuevo presión inflacionaria, como se ha venido presentando este año, o sea, continuaría.

“Posterga la reducción de tasas e incluso podría motivar a incrementos en la tasa de referencia que establece el Banco de la República con las consecuencias en inversión, en consumo de bienes duraderos, una cantidad de implicaciones, incluido el repunte que ha venido mostrando el sector de la construcción, que también necesita, además del acompañamiento de políticas públicas, una reducción de tasas”, anotó.

Montoya sostiene que el efecto de un aumento superior al promedio sobre los precios podría afectar tanto la capacidad adquisitiva del salario mínimo como la dinámica de otros sectores, lo que sumaría presión al índice de precios al consumidor y postergaría decisiones claves del Banco de la República. Además, dice que las decisiones de política pública deben considerar el delicado equilibrio entre el poder de compra de los trabajadores y la capacidad del aparato productivo para sostenerse en un entorno económico inflacionario.