El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) publicó un análisis actualizado sobre las presiones fiscales del sistema de salud colombiano, comparando el comportamiento del modelo vigente y los efectos proyectados en caso de aprobarse la reforma contenida en el Proyecto de Ley 410 de 2025.
Aunque el trámite legislativo se mantiene detenido en la Comisión Séptima del Senado, el organismo concluye que las tensiones financieras persistirán o se incrementarán con o sin reforma, debido al aumento en los costos asociados a la demanda de servicios, la transición demográfica y la incorporación de nuevas obligaciones de gasto.
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Proyecciones del sistema actual sin reforma
El análisis indica que las fuentes del sistema sin incluir el aporte nación crecerían de manera sostenida entre 2026 y 2036, pasando de 67,4 billones a 92,2 billones de pesos constantes de 2025. En promedio, estas fuentes se componen en un 55,2% por cotizaciones, 31,3% por recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) y 13,4% por otras fuentes. Sin embargo, el crecimiento estimado de los usos es superior.
El gasto en atención en salud —que incluye la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y los presupuestos máximos— presenta el mayor dinamismo, con un aumento anual promedio de 5,3%. En 2036, los usos totales llegarían a 184,7 billones, equivalentes al 7,4% del PIB. El organismo señala que “el sistema de salud en Colombia tiene un déficit estructural que crecerá de 1,9% del PIB en 2024 a 3,7% del PIB en 2036; el cierre lo hace el aporte de la Nación”
Según el Carf, el incremento sostenido del gasto por encima del crecimiento de las fuentes corrientes hace que el financiamiento del sistema dependa cada vez más del presupuesto del Gobierno nacional; y advierte que esta tendencia genera “inflexibilidad presupuestal” y presión sobre las finanzas públicas a mediano plazo.
Sobre la incorporación de la reforma y nuevos usos del sistema
El informe también analiza los impactos derivados de la reforma a la salud planteada por el Gobierno. El Carf identifica que el proyecto introduce nuevos rubros de gasto que no existen en el sistema actual, como el fortalecimiento de la red pública, las prestaciones de maternidad para no cotizantes, la formalización del talento humano en salud, el fondo de desastres y la implementación del Sistema Público Unificado e Interoperable de Información en Salud.
Según el comité, estos usos adicionales se suman a los costos habituales de la atención de la población y representan presiones adicionales sobre el balance del sistema. El organismo explica: “La transición de los usos del sistema actual al escenario con reforma implica la incorporación de nuevos rubros que amplían las obligaciones de gasto”.
El Carf también incluye costos que no aparecen explícitos en el aval fiscal del Ministerio de Hacienda, como la formalización laboral del personal de salud de niveles 2 y 3 de complejidad. Asimismo, estima que los gastos en Atención Primaria en Salud (APS) y en mediana y alta complejidad serían mayores a los proyectados por el Gobierno, debido a supuestos más conservadores sobre crecimiento demográfico, costos de servicios y evolución de la UPC.
Proyecciones con reforma: mayores costos y mayor aporte de la Nación
El comité calcula que la reforma tendría un costo fiscal superior al proyectado oficialmente. En el escenario del Carf, los usos del sistema con reforma crecerían en promedio 0,5 puntos porcentuales del PIB por encima del sistema sin cambios. Frente al escenario del Gobierno, los usos estimados son mayores en 0,7 puntos porcentuales del PIB en promedio entre 2026 y 2036.
El análisis también señala que, aunque la reforma incorpora los impuestos saludables al sistema de salud, estos ingresos no reducen las presiones sobre el aporte nación, pues el Carf los descuenta directamente de esta fuente; y resalta que existen elementos que podrían modificar las proyecciones a futuro, tales como la reglamentación de la Ley de Competencias, los cambios en la distribución del Sistema General de Participaciones, la evolución tecnológica y epidemiológica, y los costos asociados a la innovación en medicamentos o procedimientos.
El documento advierte que la reforma no cuantifica el riesgo fiscal de concentrar el aseguramiento en un solo actor público, la Adres, situación que antes estaba distribuida entre múltiples entidades. Según el informe, este riesgo debe ser identificado y mitigado.
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