La Fiscalía General de la Nación solicitó el lunes 1 de diciembre de 2025 la imposición de una medida de aseguramiento en lugar de residencia contra Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, exmimistros de Hacienda y del Interior, respectivamente, en medio de la investigación por el presunto direccionamiento de millonarios contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
La petición fue presentada ante la magistrada Alexandra Rosero durante la audiencia de medida de aseguramiento en lugar de residencia de los imputados, que siguió a la imputación de cargos. La fiscal del caso, María Cristina Patiño, explicó que la solicitud se ajusta a los requisitos legales establecidos en la Constitución y el Código de Procedimiento Penal.
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La Fiscalía presentó los cargos contra los exministros por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. Durante la audiencia, se expusieron todas las pruebas correspondientes; el despacho judicial indicó que, tras escuchar todas las argumentaciones, se revisará todo el material presentado y fijó para el 15 de diciembre a las 9:00 a.m. una nueva reunión, donde se llevará a cabo el debate probatorio para tomar una decisión sobre la solicitud de medida de aseguramiento.
Esta es una audiencia separada de la imputación, aunque generalmente se realiza de manera consecutiva, y en ella la juez determinará si es necesario imponer restricciones a la libertad de los imputados.
La Fiscalía afirmó que las acciones atribuidas a los exfuncionarios constituyen “un peligro para la sociedad” y podrían generar obstrucción a la justicia si permanecen en libertad. No obstante, tanto Velasco como Bonilla se declararon inocentes de los delitos que se les imputan.
Durante la presentación de los delitos, la fiscal mostró 45 elementos probatorios y un informe final que resume toda la investigación del caso. En él se revelaron detalles clave, como los testimonios de Olmedo López, exdirector de la Ungrd, y María Alejandra Benavides, exasesora del exministro Ricardo Bonilla, que describieron cómo funcionaba las ordenes de los ex altos funcionarios dentro de la entidad para apoyar los proyectos del Gobierno.
Tras concluir la audiencia de imputación de cargos, el abogado Mauricio Pava, defensor de Ricardo Bonilla, se pronunció ante los medios y aseguró: “El profesor Ricardo Bonilla ya declaró que es inocente. Oímos a la Fiscalía y es un debate jurídico muy importante, que se hayan aterrizado los hechos. Le corresponderá el turno a la defensa y él va a enfrentar este proceso con la verdad (...) Las pruebas que fueron mencionadas por la Fiscalía hoy, son razonables y tendrán su debido análisis. El 15 de diciembre, ustedes oirán a las defensas y posteriormente se tomará una decisión. Es decir, esta historia jurídicamente apenas empieza”.
Detalles de las pruebas entregadas por la Fiscalía
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, los exministros habrían formado parte de un esquema para direccionar recursos públicos y obtener apoyos políticos en el Congreso, particularmente durante las discusiones de las reformas pensional y de salud.
Según la investigación, ambos exfuncionarios habrían impulsado el direccionamiento de 74 proyectos en Invías, por un valor total de $571.701 millones, y cinco proyectos en la Ungrd por $40.536 millones, sumando $612.237 millones; sin embargo, solo siete de estos convenios llegaron a concretarse.
La Fiscalía destacó que estas acciones estaban vinculadas a la estrategia del Gobierno para asegurar mayorías legislativas; se relató un episodio clave de la investigación, en el que, según los documentos, el 13 de junio de 2023, Olmedo López acordó con la senadora Marta Peralta, del Pacto Histórico, gestionar proyectos en la Ungrd para algunos representantes de la Comisión Séptima del Senado, como Berenice Bedoya, durante el debate sobre la reforma pensional.
La fiscal María Cristina Patiño indicó durante la audiencia que, en el segundo semestre de 2023, los dos exministros habrían desviado contratos de forma ilícita hacia varios congresistas. Según el ente acusador, estos exfuncionarios fueron los principales responsables del esquema, pues impartieron órdenes y organizaron reuniones con el fin de usar los contratos de la Ungrd como un medio para obtener beneficios políticos.
“Lideraron, promovieron y encabezaron la organización criminal, impulsaron el desarrollo de la empresa delictiva dando órdenes, coordinando reuniones y supervisando las gestiones ilícitas al interior del Invías y la Ungrd, con el fin de cumplir con los compromisos delictivos previamente adquiridos con los congresistas. Plantearon las líneas bases del modus operandi, que grosso modo consistieron en comprar congresistas a través de la entrega de contratos, cuyos recursos provenían del erario a cambio del apoyo de los parlamentarios a los proyectos del Gobierno”, añadió la investigadora.
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