
No paran las críticas del presidente Gustavo Petro contra los informes periodísticos que, en los últimos días, destaparon un nuevo escándalo en el Gobierno nacional por presuntas alianzas y filtraciones entre entidades del Estado y las disidencias de las Farc comandadas por alias Calarcá.
De hecho, en la mañana del lunes 1 de diciembre, el jefe de Estado usó su cuenta de X para referirse nuevamente a la presunta responsabilidad del director de Inteligencia Estratégica de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Wilmar Mejía, suspendido por un plazo de tres meses por la Procuraduría General de la Nación.
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Según informó el presidente, los audios revelados por el diario El Tiempo, en los que se escucharía al director de Inteligencia ordenar presiones contra altos mandos y agentes de la institución para “salvar” al presidente, son completamente falsos.
En su mensaje, mandatario nacional volvió a insistir en que la supuesta persecución contra Mejía se ha basado en “calumnias”, pese a la revelación de los archivos incautados a alias Calarcá en 2024 en los que aparecería mencionado.

Además, el presidente le pidió al director de Inteligencia interponer demandas contra los medios de comunicación como Noticias Caracol y El Tiempo para que se rectifiquen, además de sugerir que se le entregue una millonaria suma como indemnización.
“Hermano Wilmar, te calumniaron, eso es delito y hay que ir a la justicia. Tienes mi autorización. Se prueba que no es tu voz en las grabaciones y no son capaces de rectificar, cuando eso pasa tu ca ir a la justicia penal y civil, que indemnicen su falta al buen nombre (sic)”, señaló el mandatario.
El respaldo público del presidente Gustavo Petro hacia Wilmar Mejía se da después de que el director de Inteligencia hiciera una publicación criticando el reportaje emitido por Noticias Caracol en el que se destapó las presuntas alianzas con las disidencias de alias Calarcá.
En su mensaje, Mejía expresó dudas sobre los motivos detrás de la investigación y la suspensión de la Procuraduría General de la Nación, sugiriendo que existen intereses ocultos en su contra.

“¿A quién le hacen el trabajo? ¿Qué callos pisé que han desatado tanta furia sobre mí? Igual, el presidente tiene razón. Se me suspende por supuestos hechos en mi calidad de ciudadano y no de servidor público”, afirmó Mejía en la red social, poniendo en entredicho la base de la sanción impuesta por la Procuraduría.
El funcionario, apartado temporalmente de la DNI, también criticó la cobertura mediática del caso, señalando inconsistencias en la información difundida.
“Y el medio de comunicación, sin atender los más mínimos detalles, señala que yo filtraba información de inteligencia o militar sin tener acceso a ella, contradiciéndose, toda vez que no me bajan de informante”, añadió Mejía, refiriéndose a las acusaciones de filtración de datos sensibles.
Las razones de la Procuraduría para suspender a Wilmar Mejía y al general Huertas
El reciente caso en el que se señala a miembros de las Fuerzas Armadas y de inteligencia colombiana como presuntos colaboradores de una disidencia armada provocó una intervención inmediata de las autoridades administrativas y judiciales.
La Procuraduría General adoptó la decisión de suspender de forma provisional, durante tres meses y con posibilidad de prórroga, al general Juan Miguel Huertas y a Wilmar Mejía, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), en el marco de una investigación disciplinaria relacionada con una supuesta infiltración criminal en instituciones del Estado.

Las medidas cautelares se apoyan en la preocupación de que ambos puedan influir en el curso de la indagación interna, explicó la entidad al argumentar su retiro temporal de los cargos. El general Huertas se desempeñaba como director del Comando de Personal del Ejército (Coper), mientras que Mejía ocupaba la dirección de inteligencia de la DNI, según la decisión comunicada este jueves 27 de noviembre.
La controversia se originó tras el hallazgo de correos y archivos en los computadores de alias Calarcá, cabecilla de la disidencia asociada, los cuales fueron incautados durante su detención en una caravana de camionetas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) entre Anorí y Medellín, Antioquia.
Estos dispositivos electrónicos, detalló Noticias Caracol, contenían chats, imágenes y documentos que implicarían la filtración de información clave a los insurgentes, permitiéndoles evadir controles estatales y operar disfrazados mediante empresas de seguridad fachada.
Las pruebas apuntarían a que Huertas y Mejía habrían advertido a las disidencias sobre operativos de la Fuerza Pública y la Fiscalía. En particular, se cita que Huertas habría sostenido reuniones con emisarios ilegales para discutir un posible “pacto de no agresión”, mientras que Mejía, desde su rol en la DNI, habría suministrado datos confidenciales.
Por estos supuestos actos, la Procuraduría abrió una investigación preliminar que escaló, en palabras del procurador Gregorio Eljach, a una situación “de suma gravedad”. La Fiscalía, por su parte, inició averiguaciones para delimitar la responsabilidad de ambos, declarando que el general Huertas será investigado por la unidad de fiscales delegados ante la Corte Suprema—en razón de su fuero institucional—y, en el caso de Mejía, las pesquisas recaerán en otra dependencia debido a que carece de fuero equivalente.
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