
El Gobierno de Gustavo estudia una medida que podría modificar el acceso a la vivienda para millones de familias: la desindexación de la vivienda de interés social (VIS) del salario mínimo. La decisión se conoció en la instalación de la Comisión de Concertación del Salario Mínimo de 2026, que se hizo el 1 de diciembre de 2025 y reúne a representantes del Gobierno, centrales sindicales, gremios empresariales, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) y el Ministerio de Hacienda, con el acompañamiento de la Organización Internacional del Trabajo.
Por supuesto, el objetivo de la comisión es definir el incremento del salario mínimo, que en la actualidad es de $1.1423.500, para 2026, teniendo en cuenta la inflación anual (cerró en 5,51% en octubre) y la productividad laboral (la productividad total de los factores fue de 0,91% y la productividad laboral por persona empleada mostró una caída de 0,32%)
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La mesa de negociación de este año está marcada por la ausencia de la Federación Nacional de Comerciantes de Colombia (Fenalco), cuyo presidente, Jaime Cabal, decidió no participar al argumentar que el Gobierno ya habría tomado una decisión. La postura generó reacciones inmediatas de figuras como el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, y el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias. A pesar de la controversia, la comisión avanza con la meta de alcanzar un acuerdo antes del 15 de diciembre a las 11:59, fecha límite establecida para presentar una cifra consensuada al país.

Pese a esto, Sanguino ya dio detalles sobre productos o servicios que se podrían desindexar o desligar del aumento para el próximo año. Precisamente, la desindexación consiste en desvincular el salario mínimo como base para calcular el valor de ciertos bienes, servicios, tarifas o multas. El propósito es evitar que estos incrementos sigan automáticamente el alza del salario mínimo, lo que podría generar presiones inflacionarias.
Qué productos se desligaron del salario mínimo en los últimos años
Y es que, desde 2023, el Gobierno aplica el mecanismo a productos y servicios como licencias de conducción, trámites ante la Registraduría Nacional, copagos y cuotas moderadoras en salud, tarifas notariales y registrales, multas de tránsito, servicios judiciales y algunos costos educativos en instituciones públicas.
Para 2025, la lista de productos desindexados se mantuvo sin cambios sustanciales, según las resoluciones del Ministerio de Hacienda y el documento Conpes 4108 de 2022.

Los topes actuales de una VIS
Hasta el momento, la vivienda de interés social no ha sido incluida en este grupo de bienes y servicios desindexados. Por eso, en la actualidad, se mantiene así:
- El valor máximo de una vivienda VIS en ciudades con más de un millón de habitantes es de 150 salarios mínimos, es decir, $213.525.000.
- En el resto del país, el tope es de 135 salarios mínimos, equivalente a $192.172.500.
- La vivienda de interés prioritario (VIP) tiene un límite de 90 salarios mínimos, lo que corresponde a $128.115.000 en todo el territorio nacional.
Los topes se ajustan cada año en función del incremento del salario mínimo, lo que impacta de manera directa en los precios de las viviendas y en los subsidios del Estado.
Cómo se accede a un subsidio de vivienda de interés social
Para acceder a un subsidio de vivienda de interés social, las familias deben cumplir con varios requisitos:
- Tener ingresos familiares iguales o inferiores a cuatro salarios mínimos mensuales ($5.694.000).
- No ser propietarios de vivienda ni haber recibido subsidios previamente.
- Inscribirse en programas oficiales como Mi Casa Ya o el Fondo Nacional del Ahorro.
- Demostrar capacidad de acceder a un crédito hipotecario o contar con recursos propios.
- El proceso de selección depende de la disponibilidad presupuestal y del cumplimiento de estos criterios.

El aumento anual del salario mínimo afecta de manera directa el valor tope de la vivienda de interés social, los montos y umbrales de los subsidios, y la capacidad de compra de los hogares. Entonces, un salario mínimo más alto puede traducirse en una mayor capacidad de pago, pero si los precios de las viviendas suben en la misma proporción, el beneficio real para las familias puede ser limitado. Así, el ajuste anual del salario mínimo repercute en los valores de las viviendas, los rangos de elegibilidad y los montos de los subsidios otorgados por el Estado.
Modificación del esquema
La propuesta de desindexar la vivienda de interés social del salario mínimo busca modificar este esquema. Teniendo en cuenta cómo se cuantifica la vivienda, Antonio aceptó que ese impacto no debería ser así: “Nos parece que ese impacto del salario mínimo no debería un asunto tan vital para los colombianos y colombianas, como es el de la vivienda de interés social y la vivienda de interés prioritaria”.
El ministro resaltó que el Gobierno, en coordinación con el Ministerio de Hacienda, evalúa la posibilidad de que el precio máximo de la vivienda y los subsidios asociados dejen de depender de manera directa del incremento anual del salario mínimo.
Cómo se fijarían los topes
De concretarse la desindexación, los precios de la vivienda de interés social y los subsidios podrían fijarse con base en otros indicadores, como la inflación o unidades de valor diferentes al salario mínimo. Esto permitiría que los ajustes en los precios y subsidios no estén atados automáticamente al aumento del salario mínimo, lo que podría facilitar el acceso a la vivienda para más familias y evitar incrementos desproporcionados en los valores de las viviendas.
Al respecto, el 9 de diciembre de 2025 podría empezarse a materializar la medida, ya que en esa fecha, según el presidente de la CUT, Fabio Arias, los sindicatos presentarán, en nombre del Comando Nacional Unitario, las propuestas a la mesa en materia de salario mínimo, regulación de precios y pensiones.
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