3 capturados al sur de Bogotá por administración de cultivo hidropónico ilegal de marihuana al interior de una vivienda

La incautación de un cultivo hidropónico de marihuana realizado recientemente en el barrio Tres Reyes de Ciudad Bolívar puso en evidencia el impacto económico que este tipo de operaciones puede generar en su entorno: la renta mensual por la venta de los estupefacientes alcanzaba los $70 millones, según las autoridades.

La investigación, liderada por la Seccional de Investigación Criminal en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, permitió determinar que la marihuana producida se distribuía principalmente en espacios educativos y parques de la zona.

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Durante el operativo policial, desarrollado mediante diligencia de allanamiento y registro, los agentes sorprendieron a 3 personas que fueron capturadas en flagrancia por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Además de la aprehensión de los implicados, se decomisaron elementos relacionados con la actividad ilícita, entre ellos más de 900 gramos de marihuana, 82 gramos de cocaína dosificada en tubos, un computador portátil y dos dispositivos móviles. También se encontraron dos cámaras de cultivo hidropónico doméstico y otros dispositivos destinados a acelerar el crecimiento de las plantas, tal como lo explicó el brigadier general, Giovanni Cristancho, comandante Policía Metropolitana de Bogotá.

El cultivo tenía una capacidad de producción de hasta 50 kilos de marihuana al mes, lo que permitía mantener la oferta para su distribución en diversos puntos de Ciudad Bolívar. La Policía reportó que los detenidos ya registraban antecedentes por delitos vinculados al tráfico de estupefacientes.

Las acciones desarrolladas se suman a los esfuerzos que la Policía Metropolitana de Bogotá ha desplegado a lo largo de 2025: según el balance oficial, han sido incautadas más de 8 toneladas de marihuana en la ciudad, como resultado de diferentes planes operativos llevados a cabo durante el año.

Los clanes familiares que luchaban por el microtráfico en Bogotá

La Policía Antinarcóticos desmanteló dos clanes familiares dedicados al narcotráfico en Bogotá, tras la captura de diez personas que simulaban allanamientos para apropiarse y distribuir cocaína en la ciudad.

Entre los detenidos figuran exfuncionarios de la Policía y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), quienes enfrentan cargos por narcotráfico, concierto para delinquir y porte ilegal de armas, según información de El Tiempo.

Las investigaciones revelaron que la organización mantenía conexiones con grupos narcotraficantes en Santander, Meta y Nariño. Los investigadores informaron al medio de comunicación que se obtuvo evidencia sobre una negociación para adquirir 500 kilogramos de clorhidrato de cocaína destinados a Bogotá.

Entre febrero y agosto de 2024, los clanes, disfrazados con uniformes oficiales, ingresaron a viviendas en sectores como La Colina Campestre y Villa Alsacia, donde se apoderaron de más de cien kilogramos de cocaína. La Fiscalía presentó interceptaciones telefónicas y otros elementos probatorios que documentan la coordinación de estas operaciones.

Entre los capturados se encuentran Luz Amparo Góngora (“Amparo”), Sandra Maryoly Aguirre Montenegro (“La Mona”), Sulay Puentes Góngora (“La Chula”), José Del Carmen Rueda Jaimes, Carlos Andrés Rueda Puentes, Vidaura Vega (“Cecilia”), Leydi Yazmín Barragán Vega, Juaner Javier Barragán Vega, el expolicía Jeisson Tapias Morales y Javier Alfredo Sánchez Martínez (“Perro”), exmiembro del CTI.

El historial delictivo de los implicados es extenso. José Del Carmen Rueda Jaimes, integrante del clan Rueda Puentes, fue protagonista en 2013 de una fiesta en Bogotá mientras cumplía prisión domiciliaria, financiada con dinero de un robo, según El Tiempo.

Rueda Jaimes ya había sido condenado por porte de estupefacientes, falsedad de documento y hurto calificado y agravado. Javier Alfredo Sánchez Martínez fue capturado en 2015 por realizar falsos allanamientos, aunque fue absuelto en 2021.

Sulay Puentes Góngora acumula condenas por fraude procesal, falsedad en documento público, estafa y tráfico de estupefacientes, con una pena unificada de más de once años de prisión.

Las autoridades investigan el posible lavado de dinero a través de empresas registradas a nombre de los imputados. Los resultados de las investigaciones dentificaron que Leydi Yazmín Barragán Vega es propietaria de un bar en el barrio Muzú, donde fue capturada en agosto de 2024 tras el hallazgo de un laboratorio urbano con 25 kilogramos de cocaína. Sandra Maryoly Aguirre Montenegro figura como responsable de una pañalera en el barrio El Rosario. También se indagan propiedades en Montería y en el sur de Bogotá vinculadas a las familias implicadas.