La reciente sanción impuesta a la campaña Petro Presidente 2022-2026 por el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha desatado una fuerte reacción del presidente Gustavo Petro, quien cuestionó la legitimidad del proceso y denunció comportamientos irregulares de los funcionarios involucrados.
Según el mandatario, la decisión del CNE de sancionar a su campaña por exceder los límites legales de gasto en ambas vueltas de las elecciones presidenciales estuvo acompañada de presuntas celebraciones inapropiadas por parte de los responsables.
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Petro afirmó que “los miembros del CNE que cometieron el fraude ayer, con conjuez que era el abogado actual de Fico, se fueron a parrandear inmediatamente después a Cartagena, estuvieron en Yate festejando su esporádico triunfo con el que piensan dar su golpe de Estado”, de acuerdo con la publicación que el mandatario publicó en su cuenta de la red social X.
El jefe de Estado, difundió esta información basándose en el reporte que se realizó por parte de la red de Veedurías, en la que su representante, afirmó que le había llegado la información sobre las actividades recreativas de estos funcionarios, desconociendo en ¿Cómo?, el ¿Por qué?, y con que dinero había realizado este viaje, asumiendo que se encuentran en medio del desarrollo de sus actividades labores.
El presidente y fundador de la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia Red Ver, Pablo Antonio Bustos Sánchez, utilizó su cuenta de X para cuestionar públicamente el comportamiento de los funcionarios, planteando dudas sobre la transparencia y el uso de recursos públicos en el contexto de la sanción impuesta al mandatario.
Bustos Sánchez relató que, mientras el país conocía la resolución del Consejo Nacional Electoral sobre la supuesta violación de topes en la campaña de Petro, los magistrados del organismo se encontraban en una isla privada en las Islas del Rosario, en Cartagena.
Según el dirigente de Red Ver, los funcionarios se hospedaron en el hotel Las Américas, propiedad de la familia Araujo, a la que describió como cercana al partido Centro Democrático. Bustos Sánchez subrayó que la presencia de los magistrados en ese lugar coincidió con la divulgación de la decisión del CNE, lo que, a su juicio, envía “un mal mensaje que deben aclarar”.
En su pronunciamiento, Bustos Sánchez planteó una serie de interrogantes sobre la naturaleza y el financiamiento del evento: “¿Por qué fueron y qué hacían en las Islas del Rosario? ¿Quién pagó la fiesta, el restaurante, el hotel? ¿Quién es el dueño del yate? ¿Quién es el dueño de la isla donde se llevó la reunión privada? ¿Quiénes más participaron de dicho encuentro?”, cuestionó el presidente de Red Ver en X.
Además, enfatizó que todo ocurrió en “horas laborales y días hábiles”, lo que incrementa la gravedad de las sospechas sobre el uso de viáticos, vehículos oficiales y recursos destinados a esquemas de seguridad.
El episodio fue aprovechado por el presidente Gustavo Petro para reiterar su inconformidad con la sanción del CNE y denunciar públicamente los hechos, alimentando el debate sobre la imparcialidad y la ética de los magistrados electorales.
La presencia de los funcionarios en Cartagena, en medio de la polémica por la decisión sobre la campaña presidencial, ha generado una ola de críticas y exigencias de explicaciones por parte de diversos sectores de la sociedad civil.
La Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia Red Ver, a través de su presidente, insistió en la necesidad de esclarecer todos los aspectos relacionados con la reunión privada, el origen de los fondos utilizados y la identidad de los participantes, subrayando la importancia de la transparencia en el ejercicio de la función pública.
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