Decisión del Consejo Nacional Electoral de sancionar la campaña de Gustavo Petro causó un remezón: expertos opinaron sobre la coyuntura

La decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de sancionar a la campaña presidencial Petro Presidente de 2022 por superar los topes de financiación de campañas, causó en la jornada del jueves 27 de noviembre de 2025 una fuerte discusión en las redes sociales entre los que apoyan la determinación del ente rector y los que la rechazan, y de este modo influir en el panorama electoral de cara a las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en 2026.

La multa por el órgano electoral asciende a cerca de $6.000 millones de pesos y recae sobre los principales responsables financieros de la aspiración, así como sobre los partidos de la coalición Pacto Histórico, en medio de una controversia que involucra a figuras clave del gobierno y a la institucionalidad electoral. La resolución del CNE, adoptada por seis votos a favor y tres en contra, determinó lo que parecía un secreto a voces: que superó los límites de gasto.

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En efecto, la aspiración del hoy jefe de Estado, según la ponencia de los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, vulneró los límites legales de gasto en ambas vueltas electorales, con un exceso estimado en aproximadamente $3.500 millones de pesos, aunque algunas fuentes citadas elevarían la cifra; pese a que el jefe de Estado ha negado que haya ocurrido así, y advirtió que se trataría de una deliberada contabilidad en su contra.

Entre los sancionados figuran Ricardo Roa Barragán, gerente de la campaña y actual presidente de Ecopetrol; Lucía de Mogollón, tesorera de la campaña; Mari Luz Soto Caro, auditora; y los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica (UP), que deberán pagar, en consecuencia, el monto citado. El fallo, de más de 550 páginas, detalló irregularidades como la superación de topes y la utilización de fuentes de financiación no permitidas en esta campaña.

Pese a ello, es oportuno aclarar que la sanción es de carácter administrativo y, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, no afecta directamente la investidura del jefe de Estado, ya que el CNE carece de competencia para sancionar con la pérdida del cargo al jefe de Estado. La decisión aún tendrá que ser revisada en segunda instancia por la Sección Quinta del Consejo de Estado y podría ser utilizada en otras investigaciones penales.

¿Qué impacto tendría la sanción del CNE a la campaña Petro Presidente? Esto piensan los expertos

La medida tomada por este organismo ha provocado reacciones encontradas: mientras sectores afines a la campaña la califican de “carácter político”, la oposición ha destacado la independencia del CNE. No obstante, el golpe financiero que representa la sanción para el Pacto Histórico podría condicionar de manera significativa la estrategia electoral del progresismo en los próximos comicios, pues dejaría fuera de circulación a partidos que hacen parte de esta coalición.

En ese orden de ideas, Manuel Camilo González, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, explicó a Infobae Colombia que la coalición recibirá “un golpe en términos de recursos”, ya que la multa reducirá los fondos públicos que el Estado gira a los partidos. Y advirtió que, ante esta situación, el Pacto se verá obligado a buscar financiación privada, aunque la existencia de un precedente judicial podría disuadir a potenciales donantes privados.

Más allá del impacto financiero, el académico identificó un efecto paradójico en el plano político. Según su análisis, la sanción podría ser utilizada por la colectividad como argumento para reforzar la narrativa de persecución institucional contra el partido del presidente: que durante todo este proceso ha enfocado la discusión hacia ese escenario, pese a que existirían pruebas que determinarían los sobrecostos que se habrían ocultado en los balances contables.

“Este tipo de declaraciones y de medidas por parte del Consejo Nacional Electoral pueden ser tomadas como una baza, como una especie de excusa o justificación para reforzar incluso la narrativa de persecución desde otras instituciones al partido del presidente”, explicó González a Infobae Colombia. Aunque consideró que, aunque la sanción puede perjudicar a la coalición en recursos, no necesariamente debilitará su discurso político; sino todo lo contrario.

¿Impactará las investigaciones que se adelantan en la Comisión de Acusaciones de la Cámara?

En el terreno jurídico y político, la decisión del CNE abrió la puerta a nuevos escenarios, aunque su alcance es limitado. Es oportuno precisar que este órgano compulsó copias del expediente a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, lo que podría permitir que congresistas de la oposición impulsen un proceso de juicio político contra el presidente; por más de que el concepto del experto es que este escenario no prospere.

Los motivos, según añadió, estarían relacionados con los tiempos electorales y a la correlación de fuerzas en el Congreso. “Existe la posibilidad. La veo muy poco probable por los tiempos electorales, pero podría ser posible por la correlación de fuerzas que existe en el Congreso”, señaló en su postura y agregó que cualquier proceso de este tipo comenzaría en la Comisión y terminaría en el Senado, con eventuales repercusiones en el clima político.

Es evidente que este caso ha dejado al descubierto las barreras del modelo colombiano de financiación de campañas, a juicio de Iván Unigarro, profesor de la Universidad de La Sabana. El docente expresó, en diálogo con Infobae Colombia, que el sistema actual solo permite identificar irregularidades una vez concluidos los comicios, lo que dificulta la prevención y el control efectivo de los recursos que entran a las arcas de cada aspiración presidencial.

Unigarro recordó que la Constitución reconoce tanto fuentes públicas como privadas de financiación. “Pero el diseño legal e institucional solo permite identificar la superación de topes o de fuentes prohibidas de forma posterior a los comicios electorales”, remarcó en su análisis.

Del mismo modo, propuso una solución basada en la transparencia y el uso de tecnología. “Con la implementación adecuada de modelos de datos y transparencia en las campañas políticas, los ciudadanos deberíamos poder tener un control en tiempo real de quienes y en cuanto donan, en cualquier momento y no solo en épocas electorales, para garantizar así un adecuado derecho al voto”, destacó el experto, frente a las repercusiones de este proceso.