Por qué Santiago Uribe fue condenado, pese a ser absuelto en primera instancia: las claves del Tribunal de Antioquia

Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente colombiano Álvaro Uribe, fue condenado en segunda instancia a 28 años y tres meses de prisión por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado.

El fallo, emitido por el Tribunal Superior de Antioquia, lo señala como líder del grupo paramilitar conocido como Los 12 Apóstoles y responsable intelectual del asesinato de Camilo Barrientos Durán, ocurrido en 1994 en el norte de Antioquia.

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Esta decisión judicial representa un avance en la investigación sobre el paramilitarismo en Antioquia y la implicación de figuras de alto perfil en la violencia de los años 90.

El Tribunal Superior de Antioquia declaró a Uribe Vélez culpable de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado, tras revocar una absolución previa en primera instancia.

Según la sentencia, el ganadero “actuó con conocimiento y voluntad” para afectar la vida y la seguridad pública, lo que evidenció su papel en la dirección de un plan criminal.

La decisión, adoptada de manera unánime y plasmada en un fallo de 307 páginas, establece que Uribe Vélez no solo participó intelectualmente en el crimen de Barrientos, sino que desempeñó un rol determinante en la articulación de la estructura armada responsable de ese y otros hechos violentos en la región.

Santiago Uribe Vélez es el segundo de los cinco hijos de Alberto Uribe y Laura Vélez. Mientras su hermano mayor, Álvaro, se dedicó a la política, él optó por la ganadería, siguiendo la tradición familiar en Antioquia.

En 1983, durante un atentado de las Farc contra la familia Uribe, el padre fue asesinado y Santiago resultó gravemente herido, un episodio que marcó la historia familiar y el contexto de violencia en el que se desenvolvieron los hechos posteriores.

El caso que llevó a la condena de Uribe Vélez se origina en el asesinato de Camilo Barrientos Durán, ocurrido el 25 de febrero de 1994. Barrientos, conductor de una chiva, fue atacado por hombres armados en la vía entre Yarumal y Campamento.

Su nombre figuraba en una lista de supuestos colaboradores de las Farc elaborada por los 12 Apóstoles, grupo ilegal que operaba en el norte de Antioquia en medio de la guerra territorial de los años 90, según un reciente análisis del diario El Espectador.

La sentencia detalla que Uribe Vélez recopiló información sobre las presuntas actividades subversivas de Barrientos y lo identificó como objetivo del grupo.

Posteriormente, el entonces comandante de Policía de Yarumal, Juan Carlos Meneses, recibió instrucciones directas para colaborar en la ejecución del homicidio en la ruta habitual del conductor.

Según el fallo, paralelamente, Uribe Vélez ordenó a alias “Rodrigo”, su mano derecha dentro de Los 12 Apóstoles, la muerte de Barrientos bajo el argumento de que apoyaba a la guerrilla.

El Tribunal consideró probado que Uribe ejerció control sobre la estructura urbana y rural del grupo, articulando los elementos necesarios para que el asesinato se perpetrara sin obstáculos.

El fallo también describe a Los 12 Apóstoles como un grupo paramilitar con un plan de “exterminio” y “limpieza social”, que operó desde la hacienda La Carolina, propiedad de Uribe Vélez.

Testimonios de la zona y declaraciones de exjefes paramilitares como “Don Berna”, “Don Mario”, Pablo Hernán Sierra y Salvatore Mancuso reforzaron el vínculo entre Uribe y las actividades ilegales del grupo.

Según la segunda instancia, estas versiones resultaron coherentes y complementarias, y varios de los exjefes afirmaron haber escuchado que Uribe financiaba o dirigía la organización.

La defensa de Uribe Vélez sostuvo que el caso se basaba en falsos testigos y alegó una persecución política.

Sin embargo, el Tribunal Superior de Antioquia rechazó esta tesis, señalando que no encontró respaldo en el expediente.

Por el contrario, los magistrados concluyeron que varios testigos presentados por la defensa incurrieron en contradicciones graves, pérdidas selectivas de memoria o versiones orientadas a favorecer al acusado, como ocurrió con Alexánder Amaya Vargas.

Además, desestimaron las hipótesis conspirativas introducidas por Juan Carlos Rodríguez Agudelo, alias Zeus, por carecer de fundamento.

El fallo subrayó que múltiples exjefes paramilitares coincidieron, de manera independiente, en el papel de Uribe dentro de Los 12 Apóstoles, lo que reforzó la credibilidad del caso y debilitó cualquier acusación de montaje.

Como consecuencia de su liderazgo en Los 12 Apóstoles, el Tribunal Superior compulsó copias para que la Fiscalía investigue la posible participación de Uribe Vélez en al menos once homicidios adicionales.

Aunque la defensa insistió en la existencia de una persecución política, los magistrados descartaron esa interpretación.

Ahora, los abogados de Uribe acudirán a la impugnación especial, lo que enviará el expediente a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema. Este alto tribunal también estudia la casación del expresidente Álvaro Uribe por el caso de manipulación de testigos.

Con ambos procesos bajo su análisis, la Corte Suprema asume un papel central en la definición de dos expedientes clave para comprender la interacción entre paramilitarismo, poder y justicia en Colombia.

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