Petro negó que desde la Casa de Nariño se haya ordenado ‘chuzar’ comunicaciones de magistrados: “No rompemos la ley”

El presidente Gustavo Petro reaccionó a información publicada por la prensa en junio de 2024, relacionada con la presunta interceptación ilegal de magistrados de la Corte Constitucional, las cuales habrían sido ordenadas por la Casa de Nariño.

De acuerdo con datos revelados por El Tiempo, las directrices habrían surgido directamente de la Secretaría de Comunicaciones y Tecnología, liderada por René Guarín, un exintegrante del M-19 que también trabajó en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). El funcionario conversó con el medio, indicando que la persona que lo señala de estar involucrado en las “chuzadas” debe presentar las evidencias que tiene al respecto.

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“Que haya las investigaciones internas que sean necesarias y que aparezca el supuesto real general que dice tener pruebas de mi participación en esos hechos (…). Estos son unos hechos muy graves en donde debe aparecer el militar, que dice tener rango de general y dice tener esas pruebas. Lo invito a que se las presente al país”, dijo en su momento el funcionario al informativo citado.

El primer mandatario Gustavo Petro se refirió a las advertencias sobre las presuntas interceptaciones ilegales, negando cualquier vinculación de algún integrante de la Casa de Nariño en los hechos.

“Esto es falso, no hay ninguna orden de interferir comunicaciones de magistrados. No rompemos la ley, no nos asemejen a gobiernos anteriores”, aseveró.

Las anomalías que advirtieron sobre presuntas ‘chuzadas’

Los magistrados de la Corte Constitucional, liderada por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, empezaron a notar irregularidades cuando descubrieron que una ponencia relacionada con la reforma tributaria del Gobierno, sobre la cual se había conversado por teléfono y que todavía redactada, llegó a los medios de comunicación.

“Solamente hablamos de cómo íbamos a manejar la ponencia por teléfono”, detalló una magistrada auxiliar de Ibáñez, citada por La Silla Vacía en su momento.

La magistrada auxiliar Ana María Cardoso relató al medio citado que, en su caso, supo que presuntamente estaba siendo interceptada ilegalmente porque tenía dificultades para comunicarse por llamada a través de su celular. “Me pasaba que él (Ibáñez) me escuchaba perfecto a mí, pero yo no le escuchaba nada a él”, detalló.

Por su parte, el magistrado auxiliar Luis Javier Moreno aseguró haber presentado problemas con su computador, que dejó de funcionar correctamente y que era un obstáculo para el cumplimiento de sus funciones. “Venía funcionado muy bien porque yo lo uso exclusivamente para asuntos de mi trabajo, pero en los últimos tres meses, escribir un documento era imposible porque se ralentizaba”, detalló.

Aunado a ello, el presidente de la Corte Constitucional informó a algunas personas con las que compartía archivos sensibles que descubrió que su teléfono había sido interceptado. “Me permito informar que este teléfono y este chat han sido intervenidos ilegalmente por los órganos de inteligencia del Estado”, indicó en el mensaje. Poco después, fue difundido en la prensa, sin que él haya advertido al respecto a algún periodista.

Petro aseguró que ordenó la no interceptación de comunicaciones de personas de interés

Poco tiempo después de que fueran reveladas las denuncias de los magistrados de la Corte, el presidente se pronunció en un evento público, indicando que desde que llegó a la Presidencia ordenó a la fuerza pública no hacer interceptaciones de ningún tipo a las comunicaciones de los magistrados o de otras personas de interés.

“Di la orden tajante en la primera reunión de mandos militares y policiales después de mi posesión, de que ningún organismo de inteligencia, policial, militar ni civil del Gobierno va a interferir a ningún magistrado, a ningún miembro de la prensa, a ningún miembro de la oposición”, precisó Petro en su momento.

Aunado a ello, presidentes de las altas cortes emitieron un comunicado condenando las presuntas chuzadas de las que habrían estado siendo víctimas los magistrados y solicitaron al Gobierno nacional garantizar la protección de su labor.

“Rechazamos con vehemencia los hechos que han sido puestos en conocimiento de la opinión pública y de las autoridades, que, de verificarse, ponen en riesgo la independencia de la Rama Judicial y constituyen una grave afrenta a la democracia colombiana y la seguridad de los jueces y magistrados que imparten justicia”, expresaron.