Eliminarán ‘mico’ que permitía al presidente reincorporar oficiales retirados sin requisitos: polémico proyecto de ley generó debate

El Congreso de la República corregirá en la conciliación el artículo del proyecto de reincorporación de oficiales retirados de la Policía Nacional que otorgaba facultades amplias al presidente de la República para reintegrar uniformados sin restricciones.

La decisión fue confirmada por el senador Nicolás Albeiro Echeverry, en medio de la polémica generada por el escándalo de presunta infiltración de las disidencias de alias Calarcá, caso que involucra al general (r) Juan Miguel Huertas.

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La iniciativa, aprobada en cuatro debates y pendiente de conciliación, había despertado cuestionamientos tras evidenciarse que su articulado incluía un “mico” que permitía al Ejecutivo reincorporar personal retirado incluso bajo cuestionamientos, sin requisitos específicos ni procesos reglados por las juntas asesoras. Ese punto será eliminado.

El “mico” que encendió las alarmas

El artículo que generó preocupación corresponde al artículo 70 del proyecto, en el que se establecía que los oficiales del nivel ejecutivo retirados podían ser reincorporados “en cualquier tiempo (…) por voluntad del Gobierno nacional”, lo que fue interpretado como una autorización amplia para el presidente.

El senador Manuel Virgüez, del partido Mira, explicó que la propuesta “va específicamente dirigida a miembros de la Policía Nacional para reincorporarlos, es decir, para reintegrarlos y ascenderlos”. Sin embargo, señaló que esa disposición terminó creando una habilitación sin límites. Según afirmó, el artículo “le faculta al presidente para que él reintegre o reincorpore oficiales que han sido destituidos o se han retirado de manera libre, sin ningún tipo de requisito”.

El congresista agregó que este alcance resulta especialmente delicado debido al reciente caso de infiltración de disidencias asociadas a alias Calarcá. En sus palabras, “nos preocupa que el presidente de la República de turno, sea cual sea, quede con esas facultades arbitrarias libres sin ninguna restricción”, por lo que su partido pidió frenar la conciliación hasta ajustar el texto.

Sobre la modificación del polémico artículo

El senador Nicolás Albeiro Echeverry confirmó que los conciliadores acordaron retirar la expresión que otorgaba facultad directa al presidente. El legislador señaló que, aunque el proyecto busca equilibrar los procesos de reincorporación con los de otras fuerzas, esa potestad no puede quedar al margen de los órganos institucionales.

En su declaración, Echeverry sostuvo que el proyecto “hace justicia en cuanto a la reincorporación, en cuanto al salario y en cuanto al cargo, pero debe ser facultad de la Junta de Generales y debe ser regulado, no a merced del presidente”.

Añadió que la palabra incluida en el artículo y que generó la controversia será modificado en la conciliación. “Por eso es importante que en la conciliación se corrija en la palabra de que libremente podrá ser reincorporado (...) Excluyendo esta palabra del texto se da la garantía de querer equilibrar la policía y que no quede la posibilidad de que directamente el presidente reincorpore”.

Llamado a filtros estrictos y prevención de riesgos

Virgüez insistió en la necesidad de que el proceso incluya restricciones relacionadas con méritos, antecedentes e incluso participación política previa. Según afirmó, hay casos en los que uniformados llamados a calificar servicios han sido reincorporados pese a investigaciones abiertas. “Normalmente es porque hay sospechas, hay investigaciones, hay presunciones”, expresó.

El senador también indicó que quienes hayan realizado actividades políticas no deberían regresar a la institución para preservar principios de neutralidad. “Se pierde la objetividad, la imparcialidad a la hora de portar nuevamente el uniforme”, afirmó.

Mientras la conciliación queda a la espera de ser agendada, algunos sectores buscan que el ajuste no solo retire el “mico”, sino que fortalezca los controles para la reincorporación, con el fin de evitar que un proceso excepcional se convierta en una herramienta discrecional con efectos sobre la seguridad nacional.