
El concejal de Bogotá Rolando González denunció presuntos cobros de $80.000 a contratistas de la Alcaldía Local de Antonio Nariño para completar el pago de un grafitero que realizó trabajos de embellecimiento en el parque Valvanera, ubicado en esta localidad de la capital.
El cabildante divulgó la denuncia en sus redes sociales, junto con una captura de pantalla y un audio en el que dos personas conversan sobre la recolección de dinero. Según lo expuesto en el material, los aportes se destinarían a cubrir parte del costo de una intervención artística en el parque.
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Ante los señalamientos, González pidió explicaciones al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y al secretario distrital de Gobierno, Gustavo Quintero Ardila, para establecer quién habría autorizado la solicitud y bajo qué concepto se estaban recogiendo los recursos.
El mensaje que menciona aportes de $80.000
Entre las pruebas divulgadas por el concejal se encuentra una captura de pantalla con un mensaje que señala que se estaban recogiendo aportes para completar el pago del trabajo del grafitero encargado del embellecimiento del parque Valvanera.
“Siguiendo la directriz de la alcaldesa y nuestro compromiso de colaboración para con la entrega del parque la Valvanera, se está recogiendo un aporte para completar el pago del trabajo del grafitero”, se lee en la comunicación.
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El mensaje establece una contribución de $80.000 por persona y señala que el dinero debía entregarse ese mismo día o, a más tardar, al siguiente. También indica que el pago podía realizarse personalmente o mediante una transferencia por Nequi.
La comunicación afirma que una persona estaba encargada de recoger el dinero. Sin embargo, el contenido divulgado no permite establecer cuántos contratistas recibieron la solicitud, cuántos realizaron aportes ni si existieron presiones para entregar los recursos.

Qué revela el audio sobre la recolección del dinero
En el audio compartido por González, una de las personas pregunta si la alcaldesa ya tenía conocimiento de que varias personas iban a consignar dinero. La otra responde que le entregaría un listado de quienes habían realizado transferencias y aportado.
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Durante la conversación, el interlocutor vuelve a preguntar si la iniciativa había sido propuesta por la alcaldesa. La otra persona responde afirmativamente y explica cómo, según su versión, se habría organizado la financiación del trabajo artístico.
“Y para contextualizarte, el grafitero que hizo la pintura en el parque cobró cierto dinero”, dice una de las voces, que posteriormente sostiene que la alcaldesa habría solicitado apoyo económico a un contratista.
De acuerdo con esa versión, el contratista habría aportado una parte del dinero y después se habría pedido recoger recursos entre otras personas para cubrir el costo restante.
En la grabación también se menciona que la persona encargada de recoger los aportes contemplaba contribuir inicialmente con $280.000, pero que luego ajustó su aporte a $240.000, mientras recibía contribuciones individuales de $80.000.
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Estas afirmaciones corresponden a lo expresado por una de las personas que participa en la conversación. El audio, por sí solo, no permite verificar la identidad de quienes hablan ni confirmar que la alcaldesa hubiera impartido las instrucciones mencionadas.
Las preguntas de Rolando González a la Alcaldía de Bogotá
Tras divulgar el material, el concejal pidió a las autoridades distritales aclarar las circunstancias de la recolección de dinero y los controles existentes para garantizar la transparencia en la contratación pública.
“¿Quién autorizó esta solicitud, bajo qué concepto se está exigiendo ese dinero y qué controles existen para garantizar la transparencia en la contratación pública?”, cuestionó González en su publicación.
El cabildante también reclamó que se investiguen los hechos para establecer si hubo irregularidades y determinar las responsabilidades correspondientes, en caso de que haya lugar a ellas.
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Hasta el momento, la información disponible no permite establecer si la solicitud de dinero fue obligatoria, si existió una autorización institucional o si se presentó alguna conducta irregular.
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