Defensoría del Pueblo se refirió a presuntos nexos entre las disidencias de ‘Calarcá’ y Fuerzas Militares

Tras las revelaciones sobre presuntos vínculos entre miembros del Estado Mayor de los Bloques y Frentes (Embf) de las disidencias de las Farc, al mando de Alexander Díaz, alias Calarcá, junto con integrantes de la fuerza pública y funcionarios estatales, la Defensoría del Pueblo de Colombia manifestó su profunda preocupación y ha llamado a una reflexión sobre los fundamentos y objetivos del proceso de paz en curso con este grupo armado.

En un comunicado difundido el 25 de noviembre de 2025, la entidad subrayó la necesidad de examinar con rigor tanto la legitimidad de los mecanismos empleados por el Gobierno como la autenticidad de los compromisos asumidos por el grupo armado.

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En su llamado, la entidad liderada por Iris Marín recalcó las funciones del presidente Gustavo Petro para preservar la seguridad y el bienestar de los colombianos.

“El Presidente de la República tiene la facultad y obligación de garantizar el orden público en todo el país. Para ese fin tiene a su disposición, de una parte, los mecanismos relacionados con la acción de la fuerza pública y la colaboración con la rama judicial. De otra parte, de manera complementaria puede acudir a los procesos de paz negociada. Es de su resorte evaluar la conveniencia de acudir a estos mecanismos. En todo caso, nunca puede renunciar a su deber de proteger a la población”, expresó la entidad.

No obstante, enfatizó en las facultades orientadas a facilitar el desarrollo de los procesos de paz y a poner fin a la violencia armada, como la suspensión de órdenes de captura que, para la Defensoría, requieren controles estrictos para impedir su uso indebido.

Contradicciones de las disidencias frente a los acuerdos pactados

El organismo citó el caso registrado en el municipio de Anorí (Antioquia) en julio de 2024 cuando alias Calarcá trasladó personas sin la debida autorización, además de transportar dinero, armas y un menor de edad, por lo que fueron capturados por las autoridades.

La Defensoría advirtió sobre la existencia de dos realidades contrapuestas en el proceso con las disidencias de las Farc, al mando de ‘Calarca’: la formalidad de los compromisos asumidos en la mesa de diálogo con el Gobierno Petro y la situación observada en los territorios.

“El EMBF se comprometió a suspender el reclutamiento, concentrarse en una zona de ubicación temporal, respetar el proceso electoral y avanzar hacia la paz. Incluso ha realizado gestos como la liberación de personas secuestradas (...) en la realidad, observamos el aumento de sus hombres en distintas regiones del país, dificultades para garantizar su concentración en condiciones adecuadas que permitan avanzar hacia un proceso real de desarme, continúa el reclutamiento e incluso su justificación, así como una expansión territorial y un control poblacional creciente”, resaltaron.

Retiro de funcionarios involucrados con las disidencias

De otro lado, la Defensoría del Pueblo catalogó como ‘grave’ las revelaciones sobre posibles alianzas entre las disidencias y miembros de la Fuerza Pública, así como con funcionarios del Ministerio de Defensa y de la Dirección Nacional de Inteligencia, según reveló Noticias Caracol.

Para la entidad, en caso de que se confirmen estos hechos, no solo se pondría en entredicho la voluntad de paz del grupo armado, sino la integridad del Estado en la conducción de un proceso que exige transparencia absoluta.

En ese sentido, el organismo nacional solicitó a la Fiscalía y a la Procuraduría que adelanten las investigaciones e hizo un llamado al Gobierno colombiano para que se considere el retiro inmediato de los funcionarios presuntamente involucrados en este escándalo.

“Es urgente que la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación adelanten las investigaciones penales y disciplinarias con celeridad, independencia e imparcialidad, e informar sus avances y resultados con transparencia y respeto del debido proceso (...) el presidente debe evaluar de manera integral tanto los acuerdos alcanzados como la información proveniente de diversas fuentes sobre el comportamiento de los grupos armados”, propuso.

Adicional a ello, la Defensoría recalcó que “es necesario exigir hechos que demuestren una voluntad auténtica de paz, en particular una reducción efectiva de las afectaciones a la población. Para ello, resulta indispensable contar con herramientas sólidas de monitoreo y verificación de los acuerdos humanitarios”.

Por último, la entidad colombiana hizo un llamado al grupo guerrillero para la liberación de los menores de edad que fueron reclutados forzosamente.

“El país pide hechos de paz. El sufrimiento de la población civil en zonas de influencia del EMBF no puede continuar mientras que sobre el proceso de conversaciones crecen las dudas. Solicitamos al Estado Mayor de los Bloques y Frentes a que honren su palabra con la liberación inmediata, masiva e incondicional de todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentren reclutados en sus filas”, concluyeron.