Red de Veedurías denunció aparentes irregularidades en la contratación del alumbrado público de Cali, que está en su segunda fase

En lo que sería un nuevo episodio de un tema al que le ha puesto la lupa, la Red de Veedurías de Colombia alertó sobre posibles irregularidades en la segunda fase de la contratación del alumbrado público de Cali (Valle del Cauca). La organización, presidida por Pablo Bustos, advirtió sobre la falta de transparencia en el proceso liderado por Emcali y la Unidad Estratégica de Negocios de Energía, bajo la dirección de José David Insuasti Avendaño.

Entre los principales riesgos señalados en este ejercicio de veeduría se encuentran la ausencia de divulgación de documentos clave, la posible participación de empresas con problemas financieros y denuncias de reuniones privadas entre funcionarios y proponentes, lo que podría comprometer la integridad del proceso de contratación pública, de acuerdo con lo expuesto con Bustos, frente a una inversión que superaría los $400.000 millones.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La Red de Veedurías sostuvo que Emcali no ha publicado los estudios previos, análisis de riesgos, soportes financieros ni los criterios de evaluación requeridos por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015. Esta omisión impidió la verificación ciudadana y puso en entredicho la selección objetiva de los contratistas, toda vez que “la licitación debe ser transparente y asegurarse la igualdad de oportunidades y el respeto del recurso público”.

En el centro de las preocupaciones se encuentran dos empresas: Iluminación Tecnológica del Caribe S.A.S. y Global Display Solutions Colombia (GDS). Un reporte oficial entregado a Bustos indicaría que la primera firma enfrenta pérdidas reiteradas, patrimonio negativo y un desequilibrio financiero que la haría incompatible con los requisitos habilitantes para un contrato de esta magnitud, en el que se invertirán millonarios recursos.

En consecuencia, permitir la participación de una empresa sin solvencia, precisó la red, vulneraría el principio de selección objetiva y podría acarrear responsabilidad disciplinaria, fiscal y administrativa para los funcionarios encargados, tal como lo ha reiterado el Consejo de Estado. Por su parte, GDS también presenta un déficit financiero significativo, lo que agrava las dudas sobre la idoneidad de los posibles proponentes a este escándalo.

Pablo Bustos expuso actuaciones, al parecer, irregulares en el proceso de contratación

La situación, de acuerdo con Bustos, se complicó debido a las denuncias sobre reuniones privadas entre Insuasti Avendaño y representantes de empresas interesadas en la contratación, entre ellas GDS. Según la Red de Veedurías, estos encuentros se habrían llevado a cabo al margen de los procedimientos institucionales y sin registros públicos; por lo que, si se confirma que ocurrieron sin actas, sin publicidad y con posibles interesados directos en la adjudicación, se configuraría una violación grave a los principios de transparencia y moralidad administrativa.

Del mismo modo, el veedor ciudadano señaló que incluso podría constituir el delito de interés indebido en la celebración de contratos, previsto en el artículo 409 del Código Penal. Así pues, la red le solicitó a GDS que aclare públicamente cuántas veces ingresó a Emcali, con qué funcionarios se reunió y qué temas se trataron; con el fin de despejar cualquier manto de duda sobre su participación en este mediático proceso, que genera interrogantes.

Y es que, en respuesta a estos hechos, la Red de Veedurías presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación y anunció que ampliará la acción judicial para incluir las nuevas evidencias, como las presuntas reuniones privadas y la posible participación de empresas financieramente inviables. El objetivo es que la Fiscalía investigue si existieron negociaciones indebidas, favorecimientos particulares o vulneraciones al régimen de contratación estatal.

También exigió a Emcali la publicación inmediata de los estudios previos, el cronograma, las matrices de riesgo, las actas internas, los soportes de evaluación y toda la documentación para verificar que la estructuración de la segunda fase del alumbrado se ajusta a los principios de transparencia, selección objetiva y responsabilidad administrativa. Por ello, insistió en que solo la apertura total de la información y el cumplimiento de la normativa pueden dar confianza.