El general Juan Miguel Huertas Herrera, reincorporado en julio de 2025 al Ejército Nacional de Colombia para liderar el Comando de Personal (Coper), se encuentra en el centro de una controversia por presuntos vínculos con disidencias de las Farc, después de que su nombre apareciera en archivos secretos de miembros de la estructura de alias Calarcá.
La polémica en torno a Huertas Herrera se intensificó tras una investigación de Noticias Caracol, que reveló la existencia de archivos incautados a las disidencias de alias Calarcá, en los que se menciona al general en conversaciones, correos, fotos y cartas.
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Según el informe, estos documentos describen encuentros y comunicaciones entre emisarios de la estructura guerrillera y el entonces general retirado.
Incluso, uno de los reportes señala que Huertas Herrera habría ofrecido contactos, movilidad, protección en retenes y la creación conjunta de una empresa de seguridad para facilitar operaciones del grupo armado, aprovechando sus conexiones con funcionarios del Ministerio de Defensa, la inteligencia militar y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
Sin embargo, su vida en la carrera militar ha contado con más escándalos frente a su actuar, especialmente, después de que también resultara vinculado a investigaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Huertas Herrera ha desarrollado una extensa carrera en el Ejército Nacional, alcanzando posiciones de alto nivel. Su más reciente designación al frente del Coper lo colocó al mando de una dependencia responsable de traslados, retiros, nombramientos y ascensos dentro de la institución, lo que le otorgó un peso administrativo considerable.
Su experiencia incluye el desempeño como jefe de operaciones del Batallón de Artillería No. 4 entre 2002 y 2003, periodo en el que se investigan graves violaciones a los derechos humanos.
El general fue retirado del servicio en 2020 durante el gobierno de Iván Duque, bajo la figura de llamado a calificar servicios, una medida administrativa que no implica necesariamente sanción disciplinaria o penal.
La decisión fue ejecutada por el entonces comandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro. Sin embargo, tras expresar públicamente su respaldo a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, su nombre volvió a ganar relevancia en los círculos militares y políticos.
El actual Gobierno ha reincorporado a otros altos oficiales, como el comandante Emilio Cardozo y el exdirector de la Policía William Salamanca, lo que ha generado un ambiente de expectativa y debate en torno a la figura de Huertas.
La JEP mantiene abierta una investigación preliminar sobre Huertas Herrera por su presunta responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales, conocidas como “falsos positivos”, ocurridas en Antioquia cuando ocupaba un cargo de mando en el Batallón de Artillería No. 4.
Documentos del tribunal especial indican que varios subalternos lo mencionaron como una figura relevante para entender los hechos investigados. La resolución SDSJ-3038 del 21 de septiembre de 2023 señala: “Este despacho asumió el conocimiento del trámite de sometimiento a la Jurisdicción Especial para la Paz del señor Juan Miguel Huertas Herrera, abriendo a pruebas su asunto”.
No obstante, tras la revisión de pruebas, la JEP concluyó que “no identificó elementos suficientes que ubicaran al señor Huertas Herrera en el nivel de máximo responsable, por lo cual se dejó de lado su análisis a profundidad”, según el expediente.
A pesar de esta decisión, su caso permanece activo en la Sala de Definiciones Jurídicas y continúa generando inquietud en organizaciones de derechos humanos y entre víctimas del conflicto armado.
Con la revelación de los más recientes archivos, incautados en julio de 2024 durante la detención de una caravana con siete jefes de disidencias en Anorí (Antioquia) y que quedaron en poder de la Fiscalía, su nombre volvió a quedar en centro de un escándalo.
Según la investigación de Noticias Caracol, pese conocer su contenido desde hace más de un año, la Fiscalía no ha avanzado en ninguna investigación formal sobre estos hechos.
Además, las comunicaciones incluyen menciones a una supuesta financiación de la campaña Petro Presidente y sugieren un nivel de infiltración de las disidencias en instituciones como la Fiscalía, el Ejército, la Policía y organismos de inteligencia.
Mientras el Gobierno defiende la potestad presidencial para reincorporar oficiales retirados, organizaciones de derechos humanos y víctimas del conflicto armado expresaron preocupación por el mensaje que envía la presencia de figuras bajo investigación en cargos de alto nivel.
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