
Se sigue oscureciendo el panorama para el general Juan Miguel Huertas, vinculado reciententemente con archivos secretos incautados a alias Calarcá de las disidencias de las Farc, que lo señalaría como aliado del grupo armado.
De hecho, el todavía comandante del Comando de Personal del Ejército apareció en un informe de Noticias Caracol en el que se expuso una aparente conexión entre el oficial y disidencias de las Farc con el objetivo de constituir empresas de vigilancia privada dirigidas a favorecer intereses criminales.
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Estas revelaciones, según declaraciones ofrecidas por el exministro de Defensa Diego Molano tanto a Semana como a Caracol Radio, no solo agregan gravedad al contexto ya existente, sino que brindan retrospectiva sobre la decisión tomada durante la administración Duque de retirar a Huertas de las filas militares.
Molano explicó que el retiro del general obedeció a una valoración rigurosa por parte de la Comisión y la Junta de Generales, fundamentada en informes de inteligencia, contrainteligencia, desempeño profesional y, sobre todo, lealtad hacia el Estado.

El exministro puntualizó que la determinación recaía dentro de las facultades discrecionales del presidente Iván Duque y estaba avalada por la naturaleza sensible de la información disponible.
Sobre esta metodología de análisis y decisión en el alto mando militar, Molano precisó que se toma en cuenta “información de inteligencia, contrainteligencia, también de desempeño y de lealtad con la patria y con los intereses y objetivos del gobierno”, según comentó a Semana.
Posterior a su salida del Ejército, el general Huertas presentó una demanda contra el Estado colombiano argumentando irregularidades en el proceso de su desvinculación, un litigio que actualmente está en manos del Ministerio de Defensa.
“El general tiene hoy una demanda contra el Estado colombiano por ese retiro, por eso es importante señalar que se hizo a discrecionalidad del presidente de la República por la información de inteligencia y contrainteligencia que valoraba, pues los resultados, los intereses que tenía la administración del presidente Duque de tener personas que tuvieran lealtad con el país”, señaló Molano a la revista.
Desde la perspectiva institucional, el exministro reiteró en Caracol Radio la gravedad de los hechos revelados en la más reciente investigación periodística.

Consideró que estos datos no sólo confirman la validez de la decisión tomada en su momento, sino que darían cuenta de los riesgos a los que se enfrenta la seguridad nacional cuando integrantes en posiciones estratégicas, a su juicio, han establecido vínculos con estructuras criminales.
“Lo grave de la información que se reveló es que además de mostrar vínculos, evidencia que ha habido especialmente en los dos últimos años beneficio y trabajo directo con los grupos armados al margen de la ley”, sostuvo Molano en diálogo con la emisora.
El trasfondo de esta situación se remonta a 2023, cuando Semana hizo pública la cercanía que Huertas, ya como militar retirado, había desarrollado con la campaña presidencial de Gustavo Petro y otros sectores de militares en uso de buen retiro.
Parte del debate nacional se centra en cómo figuras de alto rango, apartadas del servicio por decisiones presidenciales amparadas en inteligencia reservada, buscaron posteriormente vinculación política y judicialmente retaron dichas decisiones.
Mientras tanto, el proceso judicial impulsado por Huertas continúa su curso en los tribunales. El Ministerio de Defensa deberá responder en derecho por las justificaciones esgrimidas para apartar a un general bajo acusaciones de deslealtad y desempeño cuestionado.
“Esa demanda, por supuesto, tendrá que ser respondida por el Ministerio de Defensa y por eso no podríamos afirmar nada más que allí había una información de inteligencia, contrainteligencia, de desempeño y de lealtad con el país, por lo cual se toma la decisión de llamarlo a calificar servicio”, señaló Molano a Semana.
La situación del general Juan Miguel Huertas evidencia la tensión permanente entre la reserva de inteligencia del Estado, el control político sobre la cúpula militar y el impacto de nuevas denuncias periodísticas al poner en la mira los mecanismos de selección y retiro de los altos mandos de la Fuerza Pública.
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