En la mañana del domingo 23 de noviembre de 2025, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela reportó la detención de dos hombres, uno de nacionalidad colombiana y otro venezolano, tras realizar un aterrizaje de emergencia en territorio venezolano a bordo de una aeronave que partió desde Guyana.
Según el reporte oficial, los sujetos descendieron en una pista improvisada de la comunidad indígena de Kamarata, ubicada en el sector turístico Kavak, en el municipio Gran Sabana del estado Bolívar (Venezuela), en la que fue interceptada por las autoridades del vecino país.
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Así mismo, la armada venezolana confirmó que Andrés Guillermo Carvajal Díaz, de nacionalidad colombiana, y Jesús Alberto Espinoza Arrizaga, venezolano, se identificaron como pilotos de la aeronave.

De acuerdo con el informe de las autoridades, ambos individuos volaba a baja altura y sin plan de vuelo autorizado por el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (Inac), lo que, según ellos, incurre en una violación a su soberanía.
“La Fanb efectuó la aprehensión de dos ciudadanos: Andrés Guillermo Carvajal Díaz, N° 93.295.872, Colombiano (piloto) y Jesús Alberto Espinoza Arrizaga, CIV-23.705.547, Venezolano (piloto) y la incautación e inutilización de una aeronave de ala fija, procedentes del territorio de GUYANA irrumpieron e invadieron flagrantemente y a vuelo bajo el espacio aéreo venezolano, violando la soberanía nacional”, informaron en un comunicado.

Del mismo modo, recalcaron que la aeronave modelo CESNA 210 con las siglas XB-NQJ cubiertas, carecía de transpondedor, instrumentos formales de geolocalización, matrículas visibles y equipos de comunicación, lo que, según la FANB, tenía como objetivo evitar la detección por los sistemas de radar venezolanos.
La institución militar detalló que la aeronave presentaba modificaciones en la puerta del copiloto, incluyendo un dispositivo para el lanzamiento de carga, así como tanques de combustible internos adicionales para ampliar su autonomía.
“Se presume que era un medio preparado y utilizado para el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas”, agregaron.

Esta declaración oficial subraya la sospecha de que la aeronave estaba vinculada a actividades de tráfico ilícito de drogas, un fenómeno que ha generado preocupación en la región fronteriza.
Durante la operación, las autoridades venezolanas retuvieron diversos objetos considerados de interés criminalístico. Entre el material incautado figuran tres dispositivos GPS marca Garmin, un teléfono satelital Iridium modelo 9555N, 18.590.000 pesos colombianos, un teléfono celular iPhone 17 Pro Max color plata, un teléfono Xiaomi Redmi 14C azul metalizado, dos teléfonos Samsung (modelos SM-A165M/DS y Galaxy A07, ambos grises), y un radio VHF marca Icom.
La Fanb aseguró que los dos detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, al igual que la aeronave y los elementos incautados por la institución militar del vecino país. “Venezuela territorio de paz”, concluyeron las autoridades en un comunicado.
Situación de colombianos detenidos en Venezuela
La reciente captura del ciudadano colombiano en el país sudamericano se da luego de que familiares de los connacionales que se encuentran privados de la libertad en Venezuela realizaran una protesta pacífica en el Puente Internacional Simón Bolívar (frontera entre Colombia y Venezuela) para exigir por el regreso de sus seres queridos.
Ante esta problemática, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia concretó un acuerdo con los allegados de los detenidos para fortalecer las gestiones orientadas a su liberación.
El encuentro, realizado el 20 de noviembre en Villa del Rosario (Norte de Santander), evidenció las preocupaciones de los familiares frente a las dificultades que enfrentan los detenidos, entre ellas la ausencia de comunicación durante meses o años, el deterioro de la salud física y mental, episodios de intimidación y la prohibición de recibir elementos esenciales para la supervivencia y la dignidad. Algunos testimonios recogidos en la reunión denunciaron incluso casos de tortura.
En el encuentro, los familiares insistieron en la necesidad de que el Estado colombiano mantenga y amplíe las gestiones humanitarias, subrayando que la falta de información sobre el estado de los detenidos y la imposibilidad de contacto directo han incrementado la angustia de las familias.
Todas estas preocupaciones fueron sistematizadas en una guía humanitaria, documento que servirá de base para la interlocución con las autoridades venezolanas y que será entregado formalmente al régimen de ese país.
El acuerdo firmado establece una ruta de seguimiento para reforzar las actuaciones del Estado colombiano. El viceministro Jaramillo Jassir asumió el compromiso de trasladar la guía humanitaria a las autoridades venezolanas y de continuar el monitoreo individual de cada caso.

Según el comunicado oficial, el funcionario se comprometió a “mantener todas las gestiones para garantizar la titularidad de derechos de los colombianos detenidos en Venezuela”.
El documento también recoge la petición de los familiares a la Cancillería de “adelantar y fortalecer todas las gestiones para lograr la liberación de los detenidos en cuestión que las familias califican como injustas y como secuestro, la entrega de esa información a las autoridades venezolanas, y la exigencia del respeto de mínimos humanitarios por parte de las autoridades carcelarias”.
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