El Tribunal Administrativo de Bolívar emitió una medida cautelar que obliga al presidente de la República, Gustavo Petro, a organiza en un plazo máximo de diez días, una reunión interinstitucional para definir un Plan Inmediato de Acción Interinstitucional ante la expansión de grupos armados ilegales en el departamento.
La determinación busca garantizar la atención humanitaria y el restablecimiento del orden público en la región.
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La acción fue presentada por la Fundación para el Estado de Derecho, que documentó la grave afectación a la seguridad y los derechos colectivos en municipios del sur de Bolívar, donde grupos como el Clan del Golfo, el ELN, el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia han consolidado control territorial y generado desplazamientos masivos. La fundación respaldó su solicitud con alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, informes de la ONU y comunicados del gobernador de Bolívar, todos los cuales advierten sobre un riesgo extremo y progresivo para la población civil.
El tribunal consideró que la inacción estatal ha permitido la persistencia de la violencia y ordenó la convocatoria de las autoridades nacionales y locales para adoptar medidas concretas, articuladas y urgentes. Entre las entidades vinculadas están los ministerios de Defensa, del Interior y de Agricultura, la Gobernación de Bolívar, catorce alcaldías del sur del departamento, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía, la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, la Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y la Oficina del Consejero Comisionado de Paz.
Crisis humanitaria confirmada
Los hechos recientes evidencian la gravedad de la situación. El 10 de octubre de 2025, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta de crisis humanitaria en el sur de Bolívar, que documenta que más de 15.240 personas se han visto afectadas en Santa Rosa del Sur, 5.409 en Montecristo, 3.090 en Arenal del Sur, 249 en Cantagallo, 160 en Morales y 76 en Río Viejo.
En el auto interlocutorio No. 57/2025, el tribunal señala que la expansión de estos grupos armados ha provocado “desplazamientos masivos, confinamientos, masacres, desapariciones forzadas y otras graves afectaciones a la población civil”.
Además, la acción popular resalta que la inacción de las autoridades ha facilitado la continuidad de los hechos violentos, lo que constituye una vulneración de los derechos colectivos a la paz, la seguridad pública y el uso del espacio público.
Medidas cautelares y seguimiento
La decisión judicial establece la adopción de un plan de respuesta urgente que deberá garantizar el orden constitucional, la atención humanitaria a las víctimas del conflicto, la protección de los derechos colectivos y la implementación de canales de denuncia para la comunidad.
Asimismo, se dispuso la creación de un Equipo Especial de Seguimiento, conformado por delegados del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y representantes de los alcaldes y del gobernador de Bolívar. Este equipo tendrá la responsabilidad de informar mensualmente al tribunal sobre el cumplimiento de los acuerdos, las acciones de la fuerza pública frente a las economías ilegales y cualquier incidente que afecte la seguridad en el departamento. El primer informe deberá entregarse en un plazo de veinte días posteriores a la notificación.
El tribunal también ordenó al presidente de la República remitir documentos que detallen la presencia de los grupos armados en el territorio, así como las acciones orientadas a la transformación territorial hacia la paz con justicia social y ambiental.
Andrés Caro, director de la Fundación para el Estado de Derecho, aseguró que “esta decisión representa un avance determinante para proteger a las comunidades del departamento de Bolívar, que enfrentan una crisis humanitaria derivada de la ausencia de respuesta estatal eficaz”. Agregó que “la decisión cautelar obliga al Estado a actuar de manera inmediata, articulada y transparente en un territorio donde la violencia ha puesto en riesgo la vida, la movilidad, la autonomía comunitaria y el ejercicio de derechos básicos”.
La fundación reafirmó que la acción popular no cuestiona los mecanismos de diálogo como herramienta legítima para la paz, sino que busca evitar que continúe la expansión territorial de los grupos armados ilegales y las violaciones de derechos colectivos bajo cualquier pretexto.
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