Abren investigación preliminar contra el presidente Petro por supuestas irregularidades en contrato de pasaportes

La Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes abrió una investigación preliminar contra el presidente Gustavo Francisco Petro Urrego debido a denuncias relacionadas con la adjudicación del contrato para la producción y expedición de pasaportes.

La decisión responde a una acusación presentada por el precandidato presidencial Abelardo de la Espriella, que señaló un presunto delito de abuso de función pública en calidad de determinador en torno a este proceso.

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En un comunicado emitido el 22 de noviembre de 2025, Abelardo de la Espriella resaltó que su denuncia responde a su labor de vigilancia ciudadana y de oposición política, como parte del control democrático y la defensa del Estado de Derecho.

Según la información emitida, el expediente fue registrado bajo el número 7011 y se fundamenta en que la adjudicación directa a la Imprenta Nacional de Colombia, considerada por el denunciante un “atropello institucional”, habría puesto en riesgo el servicio nacional de expedición de dichos documentos, al carecer la entidad -presuntamente- de la capacidad técnica y operativa suficiente.

“El 8 de julio de 2025, De La Espriella interpuso una denuncia penal por el presunto delito de abuso de función pública en calidad de determinador, conforme al artículo 424 de la Ley 600 de 2000. De acuerdo con los artículos 178 numeral 3 y 199 de la Constitución Política, así como con los artículos 137 y siguientes de la Ley 5ª de 1992, la Comisión de Investigación y Acusación es la autoridad competente para conocer las denuncias penales presentadas contra el Presidente de la República”, expresó el documento.

De la Espriella, líder del movimiento Defensores de la Patria y firme opositor del Gobierno actual, sostuvo en su denuncia que tales decisiones constituyeron una irregularidad administrativa que amerita investigación.

Para avanzar en la recopilación de pruebas, la terna investigadora integrada por los representantes Carlos Cuenca, Jorge Rodrigo Tovar y Daniel Restrepo ordenó al Grupo de Policía Judicial del CTI realizar una inspección administrativa ante la Procuraduría General de la Nación.

El objetivo principal radica en identificar los números de radicado de los expedientes disciplinarios asociados, levantar actas, individualizar piezas procesales relevantes y documentar la cadena de custodia. La instrucción también demanda la entrega de un informe detallado con el listado de folios y providencias encontradas en el proceso.

En desarrollo de esta acción, la Comisión de Acusación solicitó a la Fiscalía General de la Nación informar sobre el estado procesal del caso que involucra a Alfredo Rafael Saade Vergel, exjefe de despacho de la Presidencia, relacionado con la firma del convenio de pasaportes entre la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal.

Adicionalmente, pidió certificaciones tanto al Ministerio de Relaciones Exteriores como a la Imprenta Nacional de Colombia respecto a la existencia y antecedentes de algún convenio vigente con Portugal para la expedición de estos documentos.

La Presidencia deberá certificar si se emitió alguna directriz o instrucción formal que involucrara a Saade durante su periodo como jefe de Despacho en la gestión del contrato de pasaportes.

En qué va el caso de los pasaportes

La expedición de pasaportes en Colombia se mantiene con normalidad tras la declaratoria de urgencia manifiesta adoptada por el Ministerio de Relaciones Exteriores a finales de agosto de 2025.

Actualmente, los puntos de atención en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla reportan un flujo constante de usuarios y la entrega de documentos dentro de los plazos habituales.

El contrato vigente con Thomas Greg & Sons, empresa responsable históricamente de la elaboración de pasaportes en el país, continuará hasta noviembre de 2025, mientras la Cancillería avanza en la adjudicación de un nuevo operador para la impresión y distribución de estos documentos.

El objetivo, según la entidad, es modernizar el sistema y ofrecer un servicio más ágil y seguro, con mejores estándares tecnológicos.

La declaratoria de urgencia manifiesta permitió mantener temporalmente la operación con Thomas Greg & Sons, para evitar la suspensión en la expedición de pasaportes y garantizando la atención a miles de ciudadanos tanto en el territorio nacional como en el exterior.

Los trámites, turnos, citas virtuales y la entrega de documentos siguen desarrollándose en los tiempos normales de atención. Además, el proceso contractual ha sido objeto de una demanda presentada por la Procuraduría ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca por presuntas irregularidades en el convenio con Portugal para la implementación del nuevo modelo de pasaportes.