El debate sobre la reforma tributaria en Colombia experimentó un nuevo giro después de una serie de reuniones privadas entre el Ministerio de Hacienda y los ponentes del proyecto de ley, para introducir modificaciones clave para intentar destrabar su trámite en el Congreso.
El Gobierno de Gustavo Petro busca ajustar su propuesta para asegurar la viabilidad de una ley de financiamiento que permita cubrir el déficit presupuestal previsto para 2026.
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El ministro de Hacienda, Germán Ávila, junto con el director encargado de la Dian, Carlos Betancourt, mostraron una postura firme al mantener la iniciativa, pese a los obstáculos legislativos y la resistencia política.
La reforma, que en su versión original pretendía recaudar 26 billones de pesos, fue reducida primero y luego ajustada a 16,3 billones de pesos, aunque su avance se vio frenado en el Legislativo desde el inicio.
Un incidente administrativo impidió la apertura formal del debate: la resolución necesaria para autorizar las sesiones conjuntas de las comisiones económicas no contaba con las firmas de los vicepresidentes de la Cámara de Representantes, lo que fue interpretado como un intento de sabotaje.
Esta situación llevó a que algunos parlamentarios solicitaran la intervención de la Procuraduría para investigar el presunto incumplimiento de funciones de los miembros de la mesa directiva.
El ambiente político en el Congreso se mantiene tenso, con numerosos legisladores expresando su rechazo a la reforma por considerar que incrementaría la carga fiscal sobre las familias colombianas.
La representante a la Cámara Katherine Miranda presentó incluso una ponencia de archivo para frenar el avance del proyecto del Ejecutivo.
Sin embargo, en la reunión sostenida entre el Ministerio de Hacienda y los ponentes, se introdujeron cambios al texto con el objetivo de destrabar la discusión y facilitar la aprobación de lo que sería el segundo proyecto de ley tributaria impulsado por el actual Gobierno.
Entre los ajustes más relevantes figura la eliminación de todas las disposiciones relacionadas con los combustibles, un tema que había generado especial controversia.
El Ministerio de Hacienda, por su parte, ratificó su intención de aumentar la progresividad en el impuesto de renta para personas naturales, lo que implicará una nueva estructura en la tabla de valores que determina el porcentaje a pagar según el nivel de ingresos. Esta medida busca que quienes perciben mayores ingresos asuman una carga tributaria proporcionalmente superior.
En cuanto a los impuestos al tabaco y la cerveza, el Gobierno optó por moderar su alcance. La propuesta inicial preveía un recaudo de 7,8 billones de pesos, pero tras los ajustes, la cifra se redujo a 3,1 billones de pesos.
Algunos congresistas han advertido que esta medida podría afectar los ingresos de las regiones, ya que el aumento en el precio de estos productos, derivado de los nuevos tributos, podría disminuir las ventas y, en consecuencia, los recursos que reciben los entes territoriales.
Desde la perspectiva del Ministerio de Hacienda, este impuesto se concibe como una herramienta para promover la salud pública, y los cambios introducidos buscan equilibrar el impacto fiscal con la protección de los consumidores.
Otra modificación significativa fue la eliminación del impuesto a la boletería para ciertos espectáculos, una medida que también había generado rechazo en distintos sectores.
Además, durante el encuentro entre representantes del Ejecutivo y el Legislativo, se abordó el tema del IVA para vehículos híbridos. Sobre este punto, el ministro Ávila afirmó: “Vamos a ajustar el tema y nos vamos a concentrar en aquellos que tienen un alto componente de combustión”.
El mensaje central que el Ministerio de Hacienda pretende transmitir es su disposición a alcanzar consensos con el Congreso, con el fin de construir una reforma tributaria que responda tanto a las necesidades fiscales del país como a las realidades políticas derivadas de la proximidad de las elecciones legislativas.
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