JEP reveló cómo oficiales del Ejército habrían manipulado a la FAC para montar escenas de falsos positivos

Luego de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunciara la imputación de crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad y otras conductas tipificadas en el Código Penal colombiano contra 30 miembros del Ejército Nacional, incluidos tres generales en retiro, se reveló cuál era el método utilizado por la institución para “engañar” a la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) y realizar el montaje de los asesinatos de civiles.

Los uniformados fueron vinculados por su presunta relación con ejecuciones extrajudiciales conocidas como falsos positivos en el departamento del Meta entre 2002 y 2007.

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Así fue como el Ejército utilizó a la FAC para montar escenas de falsos positivos

El tribunal de paz indicó que oficiales del Ejército manipularon la participación de la FAC en operaciones militares que resultaron en civiles muertos presentados como supuestos combatientes, según informó la Sala de Reconocimiento de Verdad.

De acuerdo con lo establecido por la JEP, las aeronaves de la FAC realizaron apoyos aéreos cercanos, bombardeos y sobrevuelos en zonas donde más tarde el Ejército reportó enfrentamientos inexistentes, permitiendo así la presentación fraudulenta de bajas en combate.

El organismo indicó que no existen pruebas de que los pilotos o comandantes de la FAC hubieran actuado con dolo o consciencia de la falsedad, calificando de plausible la manipulación por parte de los mandos del Ejército, quienes utilizaron el respaldo aéreo para conferir legitimidad a las acciones criminales.

Un testimonio recogido por la JEP ilustra este patrón. En San Juan de Arama, un comandante del Batallón de Infantería No. 21 Pantano de Vargas (Bivar), identificado como el coronel Capulla, ordenó a su jefe de operaciones, el mayor Lizarazo, movilizar un pelotón a una zona rural.

A pesar de existir pelotones más cercanos, se trasladaron hombres relacionados con el plan de ejecuciones. Según el testigo, Lizarazo solicitó apoyo aéreo alegando un combate inexistente.

“Lizarazo pidió apoyo aéreo cercano, decía que lo estaban bombardeando, que necesitaban apoyo. Desde el batallón enviaron la solicitud a la brigada y luego a la división. Durante ese día hubo varios sobrevuelos: primero los Tucano dispararon y se fueron; después, helicópteros abrieron fuego. Incluso una volqueta usada por el batallón fue destruida por error. Al otro día, el Ejército reportó muertos en combate y el vehículo destruido como resultado de una operación militar”, dijo puntualmente uno de los testigos.

Tras los sobrevuelos y disparos desde aviones Tucano y helicópteros, se reportó erróneamente la destrucción de una volqueta como resultado de la operación, junto con muertos en combate, relató el declarante ante la JEP.

El tribunal consideró que este tipo de casos evidenciaría la instrumentalización de las solicitudes de apoyo aéreo para simular enfrentamientos, legitimar “falsos positivos” y fortalecer los informes institucionales de las unidades militares responsables, como el Bivar y el Gaula Meta. La JEP no formuló cargos contra miembros de la FAC, pero dejó abierta la posibilidad de investigar si surgen pruebas futuras sobre conocimiento o colaboración consciente con los crímenes.

JEP anunció imputaciones contra 30 exmiembros del Ejército

El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli Arteaga, informó que entre las conductas imputadas figuran 209 homicidios, incluidas 65 desapariciones forzadas y una tentativa de homicidio.

Entre los acusados se encuentran los brigadieres generales en retiro Carlos Ovidio Saavedra Sáenz y Francisco José Ardila Uribe, así como el mayor general retirado Carlos Eduardo Ávila Beltrán, junto a veinte exmiembros del Batallón de Infantería No. 21 y siete antiguos integrantes del Gaula Rural Meta. Ramelli detalló que los hechos fueron clasificados como crímenes de guerra y lesa humanidad por el alto tribunal.

La resolución de la JEP enfatizó que los generales no ejercieron el control ni la protección constitucional sobre las fuerzas a su mando, tolerando una cultura de negligencia y flexibilidad enfocada únicamente en los resultados operacionales. Estas omisiones facilitaron prácticas delictivas sistemáticas y consolidaron la impunidad institucional.

La investigación de la JEP detalla que durante el fortalecimiento del paramilitarismo en Meta se establecieron vínculos entre miembros del Ejército Nacional y el Bloque Centauros, reflejados en la ejecución de operaciones conjuntas y en la tolerancia hacia las acciones delictivas de los grupos paramilitares, como “la presentación de bajas falsas en combate”. Declaraciones de excomandantes paramilitares, incluidos Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, Manuel de Jesús Pirabán, alias Pirata, y Luis Arlex Arango Cárdenas, alias Chatarro, junto con documentos del proceso de Justicia y Paz, fueron incorporados al expediente.

Adicionalmente, la JEP ratificó la imprescriptibilidad de la acción penal para 42 homicidios agravados presentados como bajas en combate y destacó las fallas sistemáticas de instituciones como la Justicia Penal Militar, la Fiscalía y la Procuraduría en la protección de la población más vulnerable.

Los militares imputados deberán decidir entre aceptar los cargos, lo que los mantendría bajo jurisdicción de la JEP con sanciones de hasta ocho años, o rechazar la imputación y enfrentar un proceso judicial ordinario donde podrían recibir penas de hasta 20 años de prisión.