El Consejo de Estado avanza en el estudio de la posible pérdida de investidura de la senadora del Pacto Histórico Isabel Cristina Zuleta por su intervención en el episodio del denominado “tarimazo” en Medellín. Este caso se refiere a la salida de cabecillas de bandas criminales de la cárcel de Itagüí para asistir a un evento en La Alpujarra con el presidente Gustavo Petro.
De acuerdo con uno de los demandantes, William Quintero, Zuleta habría gestionado ante el Inpec la salida de los reclusos en su calidad de representante del Gobierno en la denominada “Mesa de Paz Urbana”, aunque, según Quintero, la función correspondía al coordinador de la mesa, Jorge Iván Mejía Martínez. Además, señaló que los cabecillas debieron ser trasladados únicamente con autorización judicial.
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En su auto de pruebas, la Sala Especial de Decisión ordenó la incorporación de documentos y el envío de oficios a varias entidades del Estado. De acuerdo con el Consejo de Estado, estas diligencias tienen como fin reunir material probatorio para la audiencia prevista en los artículos 11 y 12 de la Ley 1881 de 2018, que establece el procedimiento para la pérdida de investidura de los congresistas.
Pruebas solicitadas al Inpec, la Presidencia y el Senado
Entre las pruebas decretadas, el Consejo de Estado ofició al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) para que remita copia de un oficio enviado por la senadora. El propósito es que el alto tribunal pueda verificar qué gestiones o solicitudes hizo la senadora ante la entidad relacionadas con la salida de los cabecillas de las bandas criminales para el evento en La Alpujarra.
Asimismo, se solicitó a la Secretaría General del Senado de la República que entregue la hoja de vida de Zuleta y sus anexos correspondientes, para incorporarlos al expediente. La institución también deberá informar sobre la reserva de estos documentos.
Por otra parte, la Presidencia de la República fue requerida para remitir copia íntegra de las resoluciones 138 del 29 de mayo de 2023 y 452 del 8 de noviembre de 2024, expedidas por el presidente Petro, y relacionadas con la participación de representantes del Gobierno en la instalación del Espacio de Conversación Sociojurídico de Construcción de Paz Urbana con integrantes de estructuras criminales de Medellín y el Valle de Aburrá.
El Consejo de Estado precisó que las pruebas decretadas deben presentarse en un plazo de tres días, según lo previsto por la ley, y que posteriormente se correrá traslado de toda la documentación a los sujetos procesales.
Documentos y material probatorio adicionales
Dentro de las pruebas aportadas por los demandantes, el Consejo de Estado incluyó:
- Copia de la Resolución E-3332 del 19 de julio de 2022, del Consejo Nacional Electoral.
- Copia de la Resolución 138 del 29 de mayo de 2023, expedida por la Presidencia de la República.
- Copia de la Resolución 005208 del 19 de junio de 2025, expedida por el director de custodia y vigilancia (E) del Inpec.
- Enlaces de noticias de prensa que documentan el caso, previamente autorizados, que deberán descargarse y anexarse al expediente digital en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial Samai.
¿Qué sigue en el proceso?
El Consejo de Estado fijará la fecha de la audiencia una vez se encuentren recaudadas todas las pruebas decretadas y se haya corrido traslado a los sujetos procesales. Además, se reconoció al abogado Jaime Jurado Alvarán como apoderado judicial de la senadora Zuleta, con los poderes que le fueron conferidos para su defensa en el proceso.
Con estas medidas, la Sala Especial de Decisión busca consolidar el material probatorio que permitirá determinar si la senadora incurrió en causal de pérdida de investidura por su participación en el “tarimazo” de Medellín, un episodio que ha generado seguimiento judicial y mediático a nivel nacional.
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