La Unión de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud de Colombia (Unips) advirtió que el traslado de usuarios entre Entidades Promotoras de Salud (EPS) sin que se garantice previamente el pago de las deudas con clínicas y hospitales podría generar riesgos para la estabilidad financiera de la red prestadora en distintas regiones del país.
El pronunciamiento se registró en medio del debate generado por la implementación del Decreto 0182 de 2026, cuya aplicación fue suspendida provisionalmente por el Tribunal Administrativo de Antioquia dentro de una acción popular presentada contra el Ministerio de Salud y Protección Social.
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La decisión judicial fue adoptada el 10 de marzo de 2026 por la Sala Tercera del Tribunal Administrativo de Antioquia, con ponencia del magistrado Daniel Montero Betancur, al estudiar la solicitud presentada por un ciudadano que argumentó que la aplicación del decreto podría poner en riesgo diversos derechos e intereses colectivos relacionados con el acceso al sistema de salud.
Según el expediente revisado por el tribunal, el actor sostiene que la norma permitiría el traslado de cerca de seis millones de usuarios entre EPS. Dentro de ese grupo, aproximadamente 2,6 millones de afiliados serían asignados a Nueva EPS, entidad que —según lo planteado en la demanda— se encuentra intervenida por el Estado y enfrenta dificultades operativas.
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Advertencia del gremio de clínicas y hospitales
En este contexto, la Unión de IPS de Colombia envió una comunicación formal al Ministerio de Salud y Protección Social y a la Superintendencia Nacional de Salud en la que solicitó establecer garantías claras de pago antes de avanzar con la reorganización territorial del aseguramiento.
El gremio explicó que cuando una EPS reduce o retira su operación en una región, con frecuencia deja obligaciones pendientes con hospitales, clínicas y centros médicos que ya prestaron los servicios a los pacientes. “La reorganización del aseguramiento no puede significar que las IPS asuman las deudas del sistema. Si las EPS salen de las regiones sin pagar lo que deben, se pone en riesgo la operación de los prestadores y, en consecuencia, la atención de los pacientes”, señaló la organización en su comunicado.
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La Unión de IPS indicó que esta situación podría agravarse si los afiliados son trasladados a entidades que actualmente se encuentran bajo medidas de intervención administrativa, especialmente en territorios donde esas EPS podrían quedar como las únicas aseguradoras disponibles.
Según el gremio, esto podría generar un escenario complejo para la red prestadora debido a los niveles de cartera vencida que algunas de estas entidades mantienen con los prestadores de servicios de salud, así como por la necesidad de renegociar acuerdos de voluntades que permitan continuar con la prestación de los servicios. “El traslado de usuarios debe ir acompañado de garantías financieras reales. Sin pagos oportunos y sin reglas claras de contratación, la red prestadora en las regiones podría verse seriamente afectada”, advirtió la organización.
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Solicitudes al Gobierno para garantizar pagos
Frente a este panorama, la Unión de IPS de Colombia solicitó al Gobierno nacional adoptar medidas concretas dentro de la implementación del decreto con el fin de proteger la sostenibilidad de la red de atención en salud.
Entre las propuestas planteadas por el gremio se encuentra la verificación de las deudas entre EPS e IPS antes de autorizar traslados de afiliados, la adopción de planes obligatorios de pago de cartera supervisados por la Superintendencia Nacional de Salud, la creación de mecanismos de garantía financiera que respalden las obligaciones pendientes, y la realización de seguimiento conjunto entre el Ministerio de Salud, la Superintendencia y las autoridades territoriales de salud.
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La organización reiteró que la continuidad en la prestación de servicios depende, en gran parte, de que las instituciones prestadoras cuenten con flujo financiero suficiente para sostener la operación de hospitales y clínicas.
“La estabilidad del sistema de salud depende no solo de las EPS, sino también de que las clínicas y hospitales tengan condiciones financieras que les permitan seguir prestando los servicios a los colombianos”, señaló el gremio.
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