Menores reclutados por las disidencias, víctimas de bombardeos por las Fuerzas Militares: esto es lo que dice el informe de Medicina Legal

Crece la polémica en Colombia luego de que se confirmara que 15 menores de edad, que habían sido reclutados forzosamente por grupos armados ilegales, murieron en operaciones efectuadas por las Fuerzas Militares de Colombia en los departamentos de Guaviare, Arauca y Amazonas.

En el informe del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, se conoció que la mayoría de los menores fallecidos en los bombardeos realizados por las tropas militares no eran originarios de esas regiones, sino que habían sido reclutados en otros departamentos y trasladados forzosamente por las disidencias de las Farc, liderados por Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco.

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Adicionalmente, el reporte de la entidad nacional se suma a la alerta emitida por la Defensoría del Pueblo, ya que, en un informe citado por La FM de RCN Radio, describe que el traslado de menores reclutados ilegalmente es una práctica común entre las disidencias, especialmente en territorios considerados estratégicos.

“El interés de refuerzo de tropas también ha ido de la mano del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes provenientes del suroccidente del país, que han sido posteriormente trasladados a Putumayo, Caquetá, Meta y posiblemente a otros sectores", explicó la Defensoría en su informe revelado por la cadena radial.

El documento detalla que las disidencias bajo el mando de Mordisco cuentan con “una importante composición de niños y niñas indígenas” en localidades como Puerto Leguízamo, Solano y Puerto Santander, muchos de ellos reclutados en Cauca, Nariño y Valle del Cauca.

Además, informes de inteligencia citados por La FM confirman que una de las estrategias de estos grupos para el traslado de menores consiste en desorientarlos, con el objetivo de reducir las posibilidades de fuga. Los menores son llevados a regiones apartadas, sin contacto con sus familiares, lo que disminuye sus opciones de escape.

Otra táctica identificada es el traslado de los menores a zonas donde la situación de orden público es más compleja, con la intención de utilizarlos como “escudos humanos” frente a eventuales operaciones militares de la Fuerza Pública.

Los informes de la Defensoría del Pueblo y de Medicina Legal se conocen luego de la reaparición de Néstor Gregorio Vera Fernández, conocido como alias Iván Mordisco, en la que cuestionó los bombardeos en la que fallecieron 15 menores de edad.

“A los amigos y familiares de los 15 niños asesinados y demás combatientes ordenados por Petro, enviamos nuestro abrazo solidario que estos jóvenes que han ofrendado la vida por los millones de colombianos que padecen la injusticia de la clase dominante de este país sean recordados como dignos luchadores por la liberación de nuestro pueblo”, expresó el líder guerrillero.

Ante la gravedad de estos hechos, la Fiscalía General Penal Militar y Policial inició una investigación para “verificar si el ataque de la semana pasada en Guaviare se ajusta a los principios y reglas que orientan el uso legítimo de la fuerza pública en el contexto del conflicto armado”.

Por su parte, la oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia manifestó su “profunda preocupación” por la muerte de los menores.

El presidente Gustavo Petro defendió la legalidad y necesidad de los operativos militares, argumentando: “Sostener que no debíamos bombardear es una posición equivocada que conlleva a que los grupos armados del narco recluten más y más niños”, y aseguró que en los ataques participaron únicamente combatientes armados, sin conocimiento de la presencia de menores.

No obstante, el mandatario lamentó públicamente la pérdida y ofreció disculpas a las familias afectadas: “Llevaré ese pesar en mi conciencia y sé que nunca podré superar el dolor de sus madres a las que pido perdón”, escribió en la red social X. A pesar de las críticas de la ONU y de la Defensoría del Pueblo, Petro se negó a suspender los bombardeos.

Así mismo, en el Congreso fue radicado una proposición de moción de censura contra el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, al considerar que hubo inconsistencias en el reporte entregado por la cartera frente al operativo.